En marzo de 2021 la deuda total del Gobierno Nacional asciende a 645 billones de pesos o a 173 mil millones de dólares. El 61% es deuda interna, el 39% externa. Con relación a diciembre de 2019, el nivel alcanzado en marzo de 2021 supone un aumento de 144 billones de pesos o 20 mil millones de dólares. Pero no todo ese aumento es atribuible al mayor gasto provocado por la pandemia.
Entre 2010 y 2019, periodo pre-pandemia, la deuda se multiplicó por 2,5, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de 10,5%. A falta de una hipótesis diferente, que tiene que sustentar el Ministerio de Hacienda, suponer que la deuda, en un escenario sin Covid, habría aumentado a esa misma tasa parece razonable; con lo que la deuda a marzo habría sido de 595 billones, en lugar de 645. Esto significa que el Covid explica 50 billones del endeudamiento de la Nación.
Las finanzas públicas han recibido un choque exógeno puntual que hay que evitar se convierta en un problema permanente. La única forma de hacerlo es actuar sobre las cuentas del balance, es decir, realizar activos y pagar deuda.
Los activos de la Nación en el sector energético valen 97 billones de pesos o 27 mil millones de dólares. ECOPETROL e ISA representan, respectivamente, el 84% y 12,5 % de ese monto; siete empresas del sector eléctrico, el 2,5 % restante, aproximadamente. Todos esos activos son muy atractivos para el sector privado y en un proceso competitivo podrían alcanzar un mayor precio.
Los activos del sector energético permiten cubrir holgadamente el pasivo generado por la pandemia y sobraría para reducir el endeudamiento total. Los rendimientos de esos activos que ayudan a la financiación del gobierno son del orden de 6-7 billones, que pueden ser compensados con una reducción concomitante del gasto público.
Así las cosas, no habría necesidad de ninguna reforma tributaria. No es ocioso recordar que hace un año hice una propuesta similar[1]. Entonces no fui escuchado, no abrigo esperanzas de serlo ahora. Dixi et salvavi animam meam.
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