Hay una paradoja que atraviesa de principio a fin el programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella: el hombre que más invoca la Constitución Política de 1991 es, al mismo tiempo, quien más amenaza con desfondarla. Su plan, bautizado con el nombre mesiánico de “El milagro de los nunca”, se presenta como un acto de lealtad constitucional y de rescate nacional. Pero cuando se somete al escrutinio de los artículos concretos de la Carta que él mismo dice defender, lo que aparece no es un programa de gobierno coherente con el Estado Social de Derecho, sino un proyecto que colisiona frontalmente con sus pilares más fundamentales de la misma.
Conviene recordar qué es, exactamente, lo que la Constitución de 1991 estableció. El artículo 1 define a Colombia como un Estado Social de Derecho, lo cual no es un adorno retórico: es una cláusula normativa que impone al Estado la obligación activa de garantizar condiciones materiales de dignidad, de proteger a los más vulnerables y de intervenir en la economía cuando el mercado falla en producir bienestar colectivo. Los artículos 48, 49 y 67 consagran la seguridad social, la salud y la educación como derechos fundamentales cuya prestación no puede quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado. El artículo 334 autoriza la intervención estatal en la economía precisamente para corregir desigualdades, así muchos artículos que se establecen como orientadores en la planeación, proyección y desarrollo que cualquier plan, programa o proyecto deben responder.
Para explorar esta paradoja en profundidad, el presente análisis propone un recorrido por cinco momentos que ponen en cuestión la proclamada defensa absoluta de la Constitución por parte del presidente electo. El primero examina la tensión irresoluble entre su propuesta de Estado mínimo y el modelo de Estado Social de Derecho que la Carta del 91 consagra como cláusula fundacional. El segundo revela cómo su supuesta lealtad constitucional colisiona con los compromisos internacionales que la propia Constitución incorpora como parte del bloque de constitucionalidad. El tercero cuestiona su concepción de la paz: no como derecho ni como construcción colectiva, sino como imposición unilateral de la fuerza, lo que contradice el mandato del artículo 22 y la arquitectura de justicia transicional que Colombia construyó durante décadas. El cuarto desnuda la distancia entre la ambición del programa y su indigencia técnica: un gobierno que “sabe qué quiere transformar”, pero que guarda un silencio elocuente sobre cómo piensa hacerlo. Y el quinto, quizás el más revelador, desenmascara la mayor contradicción simbólica de toda la campaña: el llamado “milagro de los nunca” que, a la hora de gobernar, termina siendo administrado por los de siempre.
El Estado mínimo versus el Estado Social: una contradicción sin resolver
La propuesta más emblemática del programa es la reducción del tamaño del Estado en un 40%, bajo la premisa de que el aparato burocrático es un “elefante blanco” que consume recursos sin generar valor. Para ejecutar esta reforma de manera expedita, propone un atajo constitucional: la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica, con la cual busca eludir los procesos legislativos democráticos para tomar decisiones ejecutivas rápidas en materia fiscal, de gasto y de explotación de recursos minero-energéticos. El problema no es solo político o económico: es constitucional. Como señaló el jurista Rodrigo Uprimny en una columna publicada en El Espectador, la drástica reducción del Estado podría conllevar la supresión o la de instituciones con respaldo constitucional o la afectación de derechos fundamentales. El Estado de Emergencia Económica, previsto en el artículo 215 de la Constitución, tiene un alcance preciso y acotado: no es una carta en blanco para desmantelar el andamiaje institucional por decreto presidencial. Usarlo como palanca de reforma estructural sería no cumplir la Constitución, sino torcerla.
Adicionalmente, es importante saber que, lo que no dice De la Espriella es que buena parte del gasto público es inflexible. Está atado a transferencias a salud, educación, pensiones y regalías que tienen respaldo constitucional directo. Recortar un 40% del Estado sin tocar esas partidas es matemáticamente imposible. Y si las toca, estaría violando la Constitución que jura defender. La aritmética no miente, aunque el programa sí la omita.
La “lealtad constitucional” que contradice tratados internacionales
Planteamientos como la salida de Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la ONU y de la OEA, o la dolarización de la economía, no son simples reformas administrativas ni ajustes de política exterior: desconocen pilares esenciales de la Carta Política. La soberanía monetaria y la adhesión de Colombia a los tratados internacionales de derechos humanos no son disposiciones menores susceptibles de modificación ordinaria. Forman parte del bloque de constitucionalidad y de los ejes estructurales que la Corte Constitucional ha identificado como intocables mediante reforma legislativa. Para adoptarlas no bastaría una reforma constitucional ordinaria: conforme a la doctrina de sustitución constitucional desarrollada por la propia Corte, solo una Asamblea Constituyente podría avalarlas legítimamente.
Y aquí es donde la paradoja se vuelve políticamente explosiva. ¿En qué queda, entonces, el rechazo categórico a la constituyente que De la Espriella y sus aliados enarbolaron como bandera de campaña? ¿Dónde queda la lealtad institucional que sus votantes creyeron elegir cuando marcaron su tarjetón? La respuesta más cómoda sería la de la incoherencia involuntaria, la del programa elaborado con prisa y sin rigor jurídico suficiente. Pero existe una lectura más inquietante que no puede descartarse: que detrás de propuestas estructuralmente incompatibles con la Constitución vigente no haya torpeza técnica, sino una agenda implícita. Que el camino hacia una reconfiguración profunda del orden constitucional colombiano no se anuncie abiertamente, como intentó hacerlo Petro, sino que se construya por acumulación de hechos consumados: retiros de organismos internacionales, reformas por decreto de emergencia, desmantelamiento institucional progresivo. Una constituyente que no se llama constituyente, pero que opera como tal.
Seguridad sin derechos: la paz que se impone
En materia de seguridad, el programa declara sin ambages que “la paz no se negocia, se impone.” El plan descarta los modelos previos de pacificación y califica la política de Paz Total como una “traición a la Patria”. Esta postura, que puede sonar contundente en un mitin político, es jurídicamente problemática desde varios ángulos. La Constitución, en sus artículos 22 y 189, establece la paz como derecho y como deber del Estado, y faculta al Ejecutivo para adelantar negociaciones con actores armados. La JEP, que De la Espriella ha prometido debilitar, es parte del Acuerdo de Paz de 2016, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, con un blindaje constitucional específico. Lo que el programa propone es una reestructuración que busca debilitar la justicia transicional. Hacerlo implicaría no solo un retroceso en los compromisos de paz, sino una posible violación de los estándares del derecho internacional humanitario a los que Colombia está obligada.
El programa ofrece una respuesta de mano dura: megacárceles, fortalecimiento militar, debilitamiento de la negociación política con grupos armados y una concepción del orden público con escaso margen para los derechos humanos. Una concepción del orden que reduce la convivencia a la capacidad coercitiva del Estado es una concepción preconstitucional: es la lógica del Estado de Policía, no del Estado Social de Derecho. Y surge otro interrogante, ¿De dónde saldría el recurso si hablamos de austeridad y disminución del Estado? ¿ Es su modelo de Seguridad la solución a los problemas y por ende las megacárceles una solución al crimen o, como advirtió Foucault, la institucionalización más costosa de su reproducción? ¿Construir más cárceles para resolver la violencia o para administrarla, tal como Foucault nos advirtió hace medio siglo?
El programa que promete sin explicar cómo
Más allá de las tensiones constitucionales, el plan de gobierno de De la Espriella tiene un problema de coherencia interna que ninguna retórica épica puede disimular: “sabe qué quiere transformar”, pero guarda un silencio elocuente sobre cómo piensa hacerlo y con qué recursos. Una revisión detallada revela tensiones profundas entre el tono épico de “salvación nacional” y la ausencia de detalles concretos sobre sus principales apuestas. Promete créditos de vivienda al 2% a 30 años, una plataforma agroindustrial en la altillanura y la modernización de la DIAN con inteligencia artificial, pero no ha explicado de dónde saldrían los recursos para financiar el plan de choque de 10 billones ni cómo sostenerlo en el tiempo. Promete reducir el Estado en un 40% y simultáneamente sostener los servicios sociales que ese mismo Estado financia. Promete más seguridad con menos burocracia, más salud con menos gasto, más campo con menos institucionalidad rural. La suma no cuadra, y el programa no intenta siquiera cuadrarla.
El caso más revelador de esta indigencia técnica es la referencia a Corea del Sur y Singapur como modelos de inspiración. La apelación a los “milagros asiáticos” es un recurso retórico frecuente en la derecha latinoamericana, pero raramente viene acompañada de una lectura honesta de lo que esos milagros realmente implicaron. Ambos casos estuvieron caracterizados por elevados niveles de planificación económica, intervención pública, financiamiento estatal, protección selectiva de sectores estratégicos, expansión masiva de la educación e importantes inversiones en infraestructura física y tecnológica. El denominado milagro asiático no surgió de la retracción del Estado, sino de su fortalecimiento como agente coordinador del desarrollo.
Corea del Sur constituye un ejemplo ilustrativo: durante las décadas de industrialización acelerada, el Estado no redujo su capacidad de intervención, sino que expandió progresivamente los instrumentos de financiamiento público, fortaleció la planificación económica y utilizó recursos fiscales para apoyar sectores estratégicos. En Singapur, el gobierno se basó en un proceso de planificación económica a largo plazo que impulsó un Estado eficiente, construyó vivienda pública masiva y sostuvo una inversión educativa sostenida durante décadas. Se impulsaron programas de empleo, construcción de viviendas sociales y una intensa inversión en salud y educación. Dicho en términos más directos: los países que De la Espriella cita como inspiración crecieron haciendo exactamente lo contrario de lo que él propone.
La contradicción no es accidental ni menor. Invocar a Corea del Sur para justificar el desmantelamiento del Estado es como citar a Gabriel García Márquez para defender la muerte de la literatura. El modelo existe, sí, pero su contenido real desmiente la conclusión que se pretende extraer de él. Y esa distancia entre el referente invocado y la política propuesta no es un error de análisis: es la marca de un programa diseñado para persuadir en campaña, no para gobernar en la realidad.
El “milagro de los nunca” gobernado por los de siempre
Pero quizás la contradicción más costosa del programa no está en sus propuestas económicas ni en sus tensiones constitucionales. Está en su propio nombre. “El milagro de los nunca”, esa narrativa que construye toda su identidad política sobre la dicotomía entre quienes nunca han hecho politiquería y los que siempre han capturado el Estado, colapsa en el momento en que se revisa quiénes rodean al presidente electo en los corrillos del poder.
El único nombre confirmado para el gabinete desde la propia campaña es el de Mauricio Gómez Amín. Amín, quien renunció a su curul en el Senado y al Partido Liberal para asumir la jefatura de debate de la campaña, comenzó su carrera política como edil en Barranquilla, pasó por concejal, representante y luego llegó al Senado en 2018, siendo cercano a la casa Gaviria. Es decir: el primera ficha confirmada del gobierno del “antiestablecimiento” es un cuadro con dos décadas de rodaje en las entrañas del establecimiento costeño. El propio análisis político señala que Gómez Amín ofrece ventajas competitivas precisamente porque tiene un pasado reciente dentro de la clase política tradicional y experiencia en el Congreso. Dicho sin eufemismos: se le elige porque es exactamente lo que De la Espriella prometió extirpar.
El resto del sonajero no mejora el cuadro. Para el Ministerio del Interior suenan nombres como Rodrigo Lara o Efraín Cepeda, ambos provenientes del Congreso. Para Defensa, figura María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, cuya hoja de vida es el resumen más fiel posible de la vieja clase política de derecha colombiana. El Centro Democrático, además, ya anunció que actuará como partido de gobierno durante la administración de De la Espriella, lo que completa el cuadro: el movimiento que prometió acabar con las coaliciones clientelistas de siempre gobernará apoyado en el partido más orgánicamente conectado con el poder establecido de los últimos veinte años.
Como señaló el analista Gonzalo Araujo: “Los gabinetes tienen que responder a criterios políticos en cualquier democracia, bien sea por el apoyo programático o por el electoral. Pretender algo distinto es mentiroso y deshonesto.” Tiene razón. El problema no es que De la Espriella necesite hacer política para gobernar. El problema es que construyó toda su legitimidad prometiendo que no lo haría. Que los “nunca” resultaron ser los de siempre, con otro apellido y la misma libreta de contactos. Aunque eso todos lo sabíamos.
La paradoja central del programa de De la Espriella es esta: promete cumplir la Constitución de 1991 mientras propone, punto por punto, desmantelar la arquitectura institucional que esa Constitución edificó. Invoca la Carta como escudo moral de su campaña, pero su contenido programático la vacía de significado. Construye su legitimidad sobre la promesa de ser ajeno al poder tradicional, pero rodea el poder de quienes siempre lo han ejercido. Una Constitución que no obliga al gobernante de turno no es un límite al poder: es decoración. Y un milagro que lo hacen los de siempre, con los métodos de siempre, no es un milagro. Es la misma Colombia de siempre, con un nuevo abogado al frente.
Aquí reside quizás el riesgo más concreto y menos dramático del gobierno que se avecina: no el de un colapso institucional súbito, sino el de una promesa de transformación que choca con la aritmética fiscal desde el primer día de gobierno, y que ante esa colisión tendrá que elegir entre incumplir lo prometido o recurrir a los atajos institucionales que la propia Constitución “a veces” permite. Adam Smith, a quien la derecha suele invocar con la misma libertad con que De la Espriella invoca a Corea del Sur, advirtió hace más de dos siglos sobre este tipo de arquitecto de reformas: aquel que “parece imaginar que puede disponer de los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma facilidad con que la mano dispone las piezas en un tablero de ajedrez.” El problema, como Smith señalaba, es que las piezas en el tablero no se mueven solas, no tienen intereses propios, no sangran cuando se las sacrifica. Los ciudadanos colombianos, sí. En cualquiera de los dos casos, quien paga el costo no será el programa. Será el país.
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