Con las cosas que suceden en la Fiscalía, hasta la persona más desprevenida de la ciudadanía debería plantearse preguntas sobre esa institución. En el caso Álvaro Uribe Vélez, faltando un día para que presentara una decisión, renunció el fiscal encargado; quien lo reemplazó, renunció horas después de ser nombrado, declarándose impedido por haber escrito una columna de opinión favorable al expresidente; el jefe de ambos es el Fiscal General de la Nación, bien perfilado como individuo reaccionario y provocador del oposicionismo conservador. Entonces uno qué piensa.
Entre tantas aristas que tiene el caso del expresidente, hay que decir que su gobierno entre 2.002 y 2.010, coincide con la intervención de los EEUU con el Plan Colombia, una época de violación masiva de DDHH. Uribe fue casi el único aliado de los gringos en esa coyuntura cuando emergió el Socialismo del siglo XXI. El militarismo de esta política no era solo el crecimiento del presupuesto y del píe de fuerza de las FFAA, sino también el fortalecimiento de la Fiscalía, su catequesis ideológica conservadora, antiinsurgente. Eso convirtió las Fiscalías en protagonistas de la oposición al cambio en varios países de América Latina, siendo Guatemala el caso más reciente.
A la Fiscalía y a Uribe los une además la suerte con los 6.402 falsos positivos. Mientras la institución lo protege, logra condenas principalmente para los suboficiales y soldados, muy pocas para los oficiales de alto rango y los responsables de la política. La Fiscalía tiene responsabilidad, al negarse a investigar las muertes desde un comienzo; junto con las FFAA normalizaron los falsos positivos, por ejemplo, con levantamientos de cadáveres que nunca investigaron. Y ahora después de 15 años, la Fiscalía entrega los casos para el consumo mediático, con propósitos de ocultar la corrupción y las responsabilidades con esos asesinatos y acabar de una vez por todas con un prestigio de éxito que nunca existió.
La Fiscalía tuvo entre su fortalecimiento el crecimiento cuantitativo de sus servidores al punto que hoy superan los 20 mil, es decir, representan más del 30% de todo el aparato judicial del Estado. A Uribe le tocaron en cuerpo ajeno y propio los años de crecimiento de este ente acusador y seguro incidió en una buena parte de nombramientos que hoy lo protegen. En último término son lealtades que se inmolan en el proceso de decadencia, luego de haber sido beneficiados como cualquier otra clientela con los recursos del Estado, los va quemando.
La misión para la reforma a la Justicia debe considerar la Fiscalía entre sus buenos propósitos. Es difícil desmontar la hegemonía allí adentro, orientada a combatir el cambio social. Más que Uribe tras las rejas, lo que realmente interesa es la Verdad sobre todos los cruces de intereses con la barbarie que significó su gobierno y en particular como consecuencia de la ejecución del Plan Colombia. No tanto si va a la cárcel. Pero Uribe y sus aliados en los EEUU tienen mucho que responder: las jugaditas de los fiscales así lo indican.
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