“Finalizó la época en que bastaba presentarse como interlocutor de paz para aspirar a privilegios, reconocimientos y tratamientos excepcionales. Los criminales no son representantes legítimos de las comunidades que someten. Son responsables de delitos y deben responder ante la justicia. Esa distinción, elemental en cualquier Estado de derecho, terminó desdibujándose entre discursos ideológicos, concesiones gubernamentales y una incomprensible tolerancia frente a quienes continuaban asesinando, extorsionando, reclutando menores y disputándose las rentas ilegales.”
Colombia necesitaba recuperar algo que el progresismo de izquierda convirtió en una concesión negociable, la autoridad del Estado. La aprobación de la Ley de Sometimiento representa mucho más que un cambio de legislación. Es el entierro político de una de las apuestas más equivocadas, permisivas y perjudiciales de los últimos años; la denominada Paz Total. Una política que prometió reconciliación, pero terminó dejando enormes territorios sometidos al miedo, comunidades abandonadas a su suerte y organizaciones criminales fortalecidas bajo el pretexto de buscar una salida negociada a la violencia.
La realidad desmintió la propaganda. Según cifras del Ministerio de Defensa evidenciadas para sustentar la nueva legislación, los integrantes de organizaciones armadas ilegales pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a aproximadamente 28.802 en julio de 2026. Un crecimiento cercano al 90 % que debería avergonzar a quienes defendieron la Paz Total como si se tratara de una conquista histórica. Mientras desde los escritorios oficiales se multiplicaban las promesas, las estructuras criminales ampliaban su capacidad de intimidación y su presencia territorial.
No puede afirmarse que cada nuevo integrante de esas organizaciones sea consecuencia exclusiva de aquella política. Pero tampoco puede esconderse su fracaso detrás de explicaciones complacientes. Una estrategia de seguridad se juzga por sus resultados, no por la belleza de sus intenciones. Y cuando los grupos ilegales crecen, las comunidades siguen amenazadas y el Estado pierde capacidad de control, resulta imposible presentar semejante balance como un éxito.
La equivocación fundamental consistió en confundir la búsqueda de la paz con la renuncia progresiva al ejercicio de la autoridad. Se instaló la idea de que combatir a los violentos era obstaculizar el diálogo y que exigir responsabilidades penales significaba desconocer las causas sociales del conflicto. Una falsa disyuntiva que terminó favoreciendo a quienes descubrieron que podían utilizar el lenguaje de la reconciliación mientras conservaban sus armas, sus negocios ilícitos y su capacidad de intimidación.
La aprobación de la Ley de Sometimiento rompe con esa lógica. El Congreso respaldó un marco jurídico en el que la entrega de armas, bienes e información, la colaboración con la justicia y la reparación de las víctimas dejan de ser simples promesas para convertirse en condiciones verificables. Los beneficios penales no desaparecen, pero quedan sujetos a obligaciones concretas. No habrá negociación política ni suspensión automática de órdenes de captura o extradición. El mensaje es inequívoco, quien quiera abandonar el crimen deberá someterse a las instituciones, no pretender que las instituciones se sometan a sus exigencias.
Resulta particularmente absurdo escuchar ahora a quienes cuestionan el endurecimiento de la respuesta estatal como si la alternativa razonable fuera permitir que los delincuentes continuaran viviendo a sus anchas. ¿Qué proponen? ¿Que las organizaciones armadas sigan cobrando extorsiones, imponiendo horarios, desplazando familias y administrando territorios mientras el Gobierno espera indefinidamente una demostración de buena voluntad? ¿Cuántas comunidades más tendrían que sufrir para reconocer que la permisividad también tiene consecuencias humanas?
Los recientes ataques contra la población civil obligan a una reflexión que algunos prefieren evitar. Cuando la Fuerza Pública recupera la iniciativa, golpea las economías ilícitas y restringe la movilidad de las estructuras criminales, estas pueden responder mediante acciones terroristas destinadas a sembrar miedo, presionar decisiones políticas y debilitar la confianza ciudadana. Esa posibilidad no convierte automáticamente cada atentado en prueba de que los delincuentes están acorralados. Pero sí demuestra por qué resulta indispensable mantener la presión institucional y proteger a las comunidades frente a las represalias.
La violencia criminal jamás puede convertirse en argumento para que el Estado retroceda. Sería tanto como reconocerles a los violentos un derecho de veto sobre las decisiones democráticas. Cada atentado exige investigación, prevención, inteligencia y una respuesta proporcional dentro de la Constitución. La autoridad no se demuestra mediante arbitrariedades, sino con resultados judiciales, protección efectiva de los ciudadanos y presencia permanente de las instituciones.
Ahora aparecen los indignados de ocasión. Algunos de quienes durante años defendieron una política indulgente con las estructuras armadas se rasgan las vestiduras ante la recuperación de una estrategia de sometimiento. Cuestionan la firmeza, advierten sobre los riesgos de la confrontación y presentan cualquier operación de seguridad como una amenaza para la paz. Tienen derecho a ejercer oposición y a exigir controles democráticos. Lo que no pueden hacer es reclamar sensibilidad frente a los delincuentes mientras minimizan el sufrimiento de quienes han vivido bajo su dominio.
La verdadera pregunta es dónde estaba esa indignación cuando las comunidades rurales soportaban confinamientos, cuando los comerciantes pagaban extorsiones para sobrevivir y cuando los menores eran incorporados a organizaciones que les arrebataron su infancia. ¿Por qué la preocupación por las garantías de los victimarios suele expresarse con mayor contundencia que la exigencia de libertad para sus víctimas?
Conviene dejar algo claro, defender el sometimiento a la justicia no significa desconocer los derechos fundamentales de quienes delinquen. Significa reconocer que esos derechos no incluyen la impunidad, la legitimación política automática ni la posibilidad de continuar ejerciendo violencia mientras se reciben beneficios estatales. El debido proceso es una obligación constitucional; la complacencia con el crimen no lo es.
Sería ingenuo creer que una ley, por sí sola, recuperará los territorios perdidos. El verdadero examen comienza ahora. Se necesitan inteligencia, investigación criminal, jueces, fiscales, capacidad penitenciaria, protección de testigos, inversión social y una Fuerza Pública respaldada institucionalmente. Recuperar una zona mediante operaciones militares sirve de poco si después regresan los mismos delincuentes porque nunca llegaron la justicia, la educación, la infraestructura y las oportunidades económicas. La mano firme no puede ser una consigna vacía. Debe traducirse en control territorial sostenible, desmantelamiento financiero de las organizaciones, captura de sus responsables y protección de las comunidades.
La aprobación de esta legislación constituye una derrota política para el modelo de Paz Total y una oportunidad para recuperar el principio de autoridad. Con la sanción presidencial, ahora solo falta demostrar que las nuevas herramientas producirán resultados reales. No hay espacio para triunfalismos prematuros. Colombia no necesita más discursos que disfracen la debilidad institucional de generosidad política. Necesita gobernantes capaces de entender que la paz se construye protegiendo a los ciudadanos, no concediéndoles ventajas a quienes los someten. Se acabó la fiesta de los criminales. Ahora, en Colombia, la ley vuelve a estar por encima de los fusiles.
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