La experiencia del rediseño institucional de la Gobernación de Antioquia deja cinco lecciones para las facultades extraordinarias que pide el Gobierno nacional.
Achicar el Estado es posible y deseable, pero solo funciona si se hace con método, con datos y sin romper los servicios que la gente necesita. Lo aprendí en el gobierno departamental de Antioquia.
El 29 de octubre, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó en la Cámara de Representantes la Ley de Rescate Fiscal. El vicepresidente José Manuel Restrepo la presentó como la vía para evitar una crisis de las finanzas públicas. El debate público se ha concentrado en los impuestos. Yo quiero hablar de la otra mitad, la que, según el propio Gobierno, pesa más: reorganizar el Estado.
Un rescate que empieza por casa
El proyecto tiene 106 artículos y combina tres frentes: impuestos, recorte del gasto y venta de activos improductivos del Estado. Según Portafolio, el recorte previsto ronda los 45 billones de pesos, cerca del 2,2 % del PIB. Restrepo ha dicho que el 70 % del ajuste vendrá de “apretarse el cinturón”.
El corazón de ese ajuste es el artículo 7. Allí el Gobierno pide al Congreso facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o dividir ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y otras entidades. También podría reasignar funciones, modificar plantas de personal, suprimir empleos y crear nuevas entidades que asuman las funciones de las que se fusionen o desaparezcan.
Lo que vivimos en Antioquia
Yo estuve del lado de quienes tienen que ejecutar estas decisiones. Como secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos de la Gobernación de Antioquia, hice parte del rediseño institucional Eficientes por Antioquia, que lideró el gobernador Andrés Julián Rendón.
Desde el primer día de gobierno se eliminaron las cinco Secretarías Regionales y Sectoriales (SERES), que habían entrado en funcionamiento en 2021. Después vino el rediseño de fondo. El 7 de marzo de 2024, mediante la Ordenanza 01, la Asamblea Departamental le otorgó al gobernador facultades para modificar la estructura de la administración. El 5 de septiembre de 2024 se expidió el Decreto Ordenanzal 2024070003913, que determinó la nueva estructura administrativa, vigente desde el 1 de enero de 2025.
Así pasamos de 33 a 17 dependencias de primer nivel. El ahorro estimado es del 40 % en gastos de nómina, cerca de 70.000 millones de pesos en el cuatrienio, destinados a inversión social.
Lo que no cuentan los números es cómo se hizo. El proceso no arrancó con tijera, sino con un estudio técnico. En febrero de 2024, mediante el Decreto 2024070000862, se conformaron un comité técnico y uno directivo, que siguieron la guía de rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los cargos de carrera administrativa y en provisionalidad se mantuvieron; el ajuste recayó sobre la estructura directiva. Y se integraron dependencias sin dejar por fuera ningún tema sectorial ni poblacional.
En mi caso, la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos asumió dos secretarías más: la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la de Suministros, en lo relativo a los gastos de funcionamiento.
Integramos al personal de todas ellas con sus respectivas direcciones. Para lograrlo, sostuvimos reuniones permanentes con los servidores para explicarles que sus cargos se mantendrían, sin ninguna afectación salarial ni prestacional. Podía cambiar el nombre del organismo o de la dependencia a la que pertenecían, pero nada más: sus funciones seguían siendo las mismas.
Como es natural, todo cambio genera resistencia y temor. Con acompañamiento superamos las dificultades que fueron surgiendo, siempre con la prioridad de que la atención al ciudadano no se viera afectada. Y hay que decirlo: sin la disposición de los servidores de la Gobernación, este proceso no habría salido adelante.
Aprendí que el rediseño no termina cuando se firma el decreto. La implementación se extendió hasta diciembre de 2024 e incluyó la renuncia protocolaria de los cargos directivos para reorganizar los equipos. Esos meses son los que deciden si el ahorro se convierte en mejor servicio o en caos.
Cinco lecciones para el artículo 7
Si el Congreso aprueba las facultades, el Gobierno tendrá seis meses para hacer a escala nacional lo que en Antioquia tomó casi un año en el nivel central de un departamento. Desde esa experiencia, propongo cinco condiciones:
- Primero el estudio técnico, después el decreto. Cada fusión o supresión debe tener detrás un análisis de funciones, cargas de trabajo y duplicidades. Lo que no se mide, se corta mal.
- Recortar estructura, no servicios. En Antioquia el ajuste fue sobre la capa directiva, no sobre quienes atienden al ciudadano. La salud, la educación básica, el agua y las pensiones deben quedar blindadas también en la reorganización.
- Respetar la carrera administrativa. Mantener los cargos de carrera dio estabilidad y confianza. Un rediseño que se perciba como una purga política pierde legitimidad y termina en los tribunales.
- Publicar las metas y rendir cuentas. Antioquia anunció su ahorro esperado y a qué se destinaría. La Nación debería publicar, entidad por entidad, cuánto ahorra cada fusión y cómo se medirá.
- Planear la implementación tanto como la norma. Seis meses alcanzan para expedir decretos, no para estabilizar entidades. Hace falta un plan de transición para sistemas, contratos, archivos y personas.
Rescatar el Estado para la gente
Antioquia demostró que un gobierno puede ser más pequeño y más eficiente al mismo tiempo. Pero también que la eficiencia no se decreta: es un proceso que exige técnica, diálogo con los equipos y seguimiento.
La Ley de Rescate es una oportunidad que el país no debería desperdiciar. Si el Congreso entrega las facultades, que lo haga con condiciones claras. Y si el Gobierno las recibe, que las use como lo hicimos en Antioquia: con la mira puesta en el ciudadano, no solo en la cifra.
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