En los últimos días, los medios de comunicación han divulgado la radiografía presentada por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre el gigantesco costo que ha significado para la casa matriz la sucursal de Afinia: un desangre financiero continuo que hoy pone en riesgo la estabilidad de la segunda empresa más importante de Colombia. Para entender este abismo, vale la pena desglosar la cadena de errores y soberbia que condujo a lo que hoy se califica, sin atenuantes, como el peor negocio en la historia de EPM.
En 2016, el gobierno de Iván Duque intervino a Electricaribe ante su inminente colapso financiero y técnico. La propietaria de entonces, la multinacional española Gas Natural Fenosa, argumentó que la regulación colombiana impedía operar con rentabilidad, mientras que el Estado y la ciudadanía le achacaban la culpa a su total falta de inversión. Hoy, con Afinia habiendo inyectado más de $3,5 billones en infraestructura sin lograr detener la inviabilidad, pareciera que los españoles tenían trágicamente la razón.
La destrucción financiera de Fenosa tuvo su epicentro en el robo masivo de energía: las conexiones fraudulentas superaron el 35% del total de la energía comprada en el mercado mayorista. No obstante, la regla tarifaria ordinaria de la CREG fijaba un tope máximo del 15% para trasladar esas pérdidas a la factura de los usuarios. La medida sobre el papel parecía sensata —si a una empresa le roban, el honesto no debe pagar las consecuencias—, pero tropezaba con una realidad ineludible: la gran mayoría de conexiones ilegales se concentraban en barrios de difícil gestión y zonas subnormales donde, por ley, la empresa tenía prohibido instalar contadores individuales. El resultado era un único medidor comunitario, una división de cobros en partes iguales donde nadie pagaba, y una prohibición legal de cortar el servicio de manera global. Un desangre a cielo abierto.
A esto se sumaba un respaldo institucional y sancionatorio completamente nulo. Las autoridades locales brillaban por su ausencia; ningún alcalde iba a correr el costo político de mandar a la Policía a capturar a pobladores de estratos bajos por no pagar la luz en plena época electoral. Mientras tanto, las cuadrillas técnicas de la empresa eran recibidas a piedra y amenazas de muerte si intentaban aplicar un simple corte.
La izquierda de la época aplaudió, ¡por fin salía una empresa privada que prestaba el servicio de energía en la región caribe y volvía a ser una entidad pública quien operaba el servicio básico!, pero, como el Estado siempre ha sido y será un pésimo administrador, la intervención de Electricaribe se convirtió en un problema mayúsculo que amenazaba con apagar a toda la Costa Caribe, y el gobierno de Duque quería deshacerse de ese entuerto a como fuera lugar.
En noviembre de 2018 se intentó la primera licitación y el resultado fue un fracaso rotundo: desierta. Ningún privado nacional o internacional quiso asumir pasivos pensionales ni arriesgar su capital frente al fraude y la cultura del impago. Entre febrero y noviembre de 2019 el proceso se relanzó dividiendo la empresa en dos bloques (Caribe Mar y Caribe Sol). Los interesados de entonces volvieron a advertir lo obvio: la regulación de la CREG impedía superar el 25% de comercialización nacional (dejando fuera a EPM y Celsia), la inseguridad jurídica tarifaria era insostenible y la cartera morosa caribeña rondaba recaudos criminales del 80% frente al 95% del interior del país.
Para diciembre de 2019, el Gobierno Nacional asumió el pasivo pensional mediante la Ley 1955, pero los grandes capitales seguían sin aparecer. La subasta no se movió hasta que la CREG elevó el límite máximo de concentración de mercado al 35% y diseñó un régimen tarifario especial a la medida. Ningún inversionista extranjero se presentó. El destino de Electricaribe quedó exclusivamente en manos locales.
En marzo de 2020, el Grupo EPM se quedó con Caribe Mar (Afinia) como único oferente, al igual que el consorcio Latin American Capital con Caribe Sol (Air-e).
Los pliegos se habían amoldado con precisión de sastre por el Gobierno Nacional para que EPM cargara con el problema. Y aquí entra la decisión política. Para 2018, EPM controlaba Antioquia (matriz de la empresa), los Santanderes (ESSA), Caldas (CHEC) y Quindío (EDEQ), rozando el 23% del mercado nacional de comercialización, así que no podían pujar por electricaribe.
En plena administración de Federico Gutiérrez estalló el desastre de Hidroituango, impactando severamente las finanzas y las proyecciones de epm. Sin embargo, atados a la obligatoriedad de girar transferencias al Municipio sin importar la salud real de la caja, la Junta Directiva consideró que incorporar de golpe un 12% adicional del mercado nacional era una genialidad.
La ambición desmedida apuntaba a convertir a EPM en un monopolio nacional de distribución bajo la narrativa de que, con Hidroituango al 100%, la integración vertical cerraría con broche de oro. Fue una jugada desesperada para alimentar la voracidad presupuestal de los gobernantes de turno, ignorando el rigor técnico en el momento más delicado de la historia reciente de la empresa.
El Gobierno Nacional, encartado hasta el cuello con Electricaribe, le dio a EPM todo lo que pedía: chao pasivo pensional, tope de mercado al 35% y aval para trasladar las pérdidas no técnicas a la tarifa de los usuarios.
Para algunos, el ego pesa más que la prudencia. Desde EPM se convencieron de que los demás habían fracasado por incompetencia: las electrificadoras públicas de la costa quebraron; los gigantes estadounidenses (Houston Industries, Enron) y el grupo español Fenosa quebraron; e incluso el Estado colombiano, tras intervenirla en 2016, fracasó al no poder llevarla jamás a punto de equilibrio. Pero el músculo de EPM y sus 70 años de historia —se decía con soberbia— no iban a tropezar en el Caribe. Se proyectó recuperar la infraestructura, frenar el robo del 30% en un plazo no mayor a 8 años y disfrutar de una Tasa Interna de Retorno (TIR) jugosa bajo el paraguas de la CREG. Como decía Al Pacino en El abogado del diablo: “Vanidad, mi pecado favorito”.
Durante todo el 2019 se cocinaron los ajustes regulatorios y, el 1 de enero de 2020, asumió la alcaldía de Medellín Daniel Quintero. Salvo el cambio en la gerencia general de EPM, toda la Junta Directiva heredada de la administración anterior continuó en sus puestos, dando luz verde unánime a la compra de Caribe Mar en marzo de ese mismo año.
Mientras tanto, los demás competidores sensatos huyeron: Celsia (Grupo Argos) revisó los números y concluyó que el riesgo de recaudo era intolerable; grandes firmas de España, Italia y EE. UU. descartaron la jugada por un riesgo regulatorio y de seguridad inadmisible. Así nació Afinia: operando en una región que nadie quería, en un país con graves problemas de orden público y un Estado incapaz de blindar la inversión.
Con semejantes antecedentes, las recientes declaraciones del gerente de EPM, John Maya Salazar, tildando a Afinia como el peor negocio en la historia de la compañía no deberían sorprender a nadie.
Hoy, Afinia arroja pérdidas operativas y un déficit de caja cercano a los $400.000 millones de pesos al mes, consolidando un hueco estructural anual de $1,5 billones.
Para dimensionar el tamaño de la catástrofe: con solo 3 meses de pérdidas de Afinia se financiaría por completo el presupuesto anual de ciudades como Bucaramanga, Ibagué o Manizales; el Túnel de Oriente se pagaría con apenas 45 días de desangre; el Metrocable de Picacho costó el equivalente a 25 días de pérdidas; y el Metro Ligero de la 80 se esfuma en el hueco financiero de tan solo 9 meses. Hablar de quemar $555 millones de pesos por hora es sencillamente una demencia económica. Familias hoy viven en carpas porque el terremoto les destruyó sus viviendas y con cada hora de pérdidas de Afinia se podrían construir al menos 4 de ellas. Ese es el tamaño de la situación en términos más entendibles por todos.
EPM está contra las cuerdas y ha levantado la mano: Afinia está quebrada y requiere una inyección urgente de $800.000 millones antes de finalizar 2026 solo para honrar sus compromisos de compra de energía a los generadores y evitar una cesación de pagos.
¿En dónde quedó la promesa de controlar el robo en 8 años que estimó la Junta Directiva cuando dio luz verde a la compra? Van casi 6 años de operación y el indicador sigue anclado en un tétrico 29,3%.
Las tarifas disparadas para intentar tapar ese hueco solo han servido como combustible para potenciar la cultura del impago: de cada 100 pesos facturados, los usuarios solo pagan 57. Hay clientes que acumulan más de 40 facturas vencidas y esto dejó de ser la excepción para convertirse en la regla.
Y por si fuera poco, al caído, caerle. El gerente Maya denunció hallazgos de presuntos actos de corrupción ocurridos durante la administración de Daniel Quintero, donde la filial habría sido utilizada como caja menor y cuota burocrática para pagar favores políticos en el Caribe e impulsar la proyección nacional del exalcalde.
El golpe de realidad ha sido estruendoso: EPM también fracasó en el intento de domesticar el mercado eléctrico caribeño. La compañía le ha lanzado un ultimátum al Gobierno Nacional: si antes del 31 de diciembre no se aprueban medidas estructurales, Afinia se vende o se devuelve a la Nación. Una prueba contundente de que el problema jamás fue de quién administra, sino de la debilidad crónica de un Estado incapaz de imponer ley, orden y seguridad jurídica para que un servicio esencial sea rentable.
Mientras tanto, los medellinenses asistimos impotentes al deterioro de lo que alguna vez fue el máximo orgullo de nuestra tierra, devorado por el apetito insaciable de alcaldes que, desde 2012, se han comido las reservas sólidas construidas desde 1955. Y como era previsible, al no poder EPM girar los $3 billones proyectados al Distrito, el concejo estudia la solución más fácil para que ellos no pierdan privilegios, adquirir $1,2 billones de nueva deuda que pagaremos todos los ciudadanos, permitiéndole a los políticos seguir gastando a manos llenas. La de ellos no se toca; mucho menos en año electoral que se necesita aceitar las maquinarias.
Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.
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