“El tiempo, será quien finalmente diga si en Colombia hubo o no un gobierno para todos y para todas.”
En las elecciones del domingo 21 de junio, se escogió a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia, de acuerdo con el preconteo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En dicho informe, el señor de la Espriella junto con su fórmula presidencial obtuvo 12.959.542 votos a su favor, lo cual representa el 49,66% de los votantes. De conformidad con lo anterior, también es importante señalar los resultados del candidato Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes obtuvieron 12.708.712 votos, una representación del 48,70% de los colombianos.
El objetivo de esta columna no es informar acerca de los porcentajes, de posibles fraudes o de lo que algunos denominan un posible “voto fusil”. Quiero enfocarme en las cifras tan reñidas y en lo que puede llegar a representar para el país que se compruebe en el escrutinio que el doctor de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia.
¿Qué pasará con la periferia, con las familias desplazadas por el conflicto armado, con la reforma agraria, con la jurisdicción especial para la paz, con la educación pública y las becas para acceder a educación privada? ¿Qué pasará con el joven que aspira a ser profesional, con la madre cabeza de familia que no logra llegar a fin de mes o con el adulto mayor que no logró obtener una pensión? ¿A ellos quién los representa? ¿Quién va a velar por sus derechos y quién garantizará que puedan tener una vida digna?
Si bien en su discurso tras ganar las elecciones el abogado afirmó que “a partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”, cabe preguntarse si ese viraje es genuino o si responde a un fenómeno bien documentado en la comunicación política: la distancia entre el discurso de campaña, diseñado para movilizar y polarizar a un electorado, y el discurso de gobierno, que exige construir legitimidad frente a la totalidad de la ciudadanía. ¿Significa lo anterior que su discurso de campaña, cargado de odio y violencia, se debe olvidar y creer que existe un interés genuino por el 48,70% de los colombianos que votaron por Iván Cepeda?
Otra de las frases que más destacó en su discurso hace referencia a su compromiso de defender la Constitución “con extrema coherencia” para evitar que la destruyan. ¿Será que el presidente electo se refiere a la misma coherencia que tuvo en su campaña? Porque de ser así, no habría coherencia absoluta para defender la Constitución ni al Estado. Un ejemplo de lo anterior es cuando, en campaña, durante una entrevista afirmó que iba a “destripar a la izquierda”, y tiempo después se defendió afirmando que sus palabras hacían referencia a un término usado en sentido figurado para enfrentarse política e ideológicamente, y no como una amenaza.
Durante su campaña, el doctor de la Espriella se contradecía cada día, necesitaba ayuda de su fórmula vicepresidencial —a quien Claudia López llamó “bobo útil”— para asistir a debates, desconoce el territorio y las problemáticas que debe afrontar, incluso desconoce el estado actual de la deuda externa, desconoce las necesidades del pueblo y ha menospreciado en diferentes escenarios nuestra cultura, nuestra riqueza y biodiversidad. ¿Qué nos hace pensar que durante su gobierno el odio por la oposición, por la gente pobre y de bajos recursos, por los jóvenes y trabajadores, por los ancianos y las mujeres dejará de existir?
Un discurso en campaña muchas veces es solo eso, un discurso. Pero ¿qué sucede cuando las afirmaciones son realizadas en la vida privada? ¿Son discurso o son simplemente la muestra de sus intenciones y convicciones? Este resultado tan ajustado no es un detalle estadístico menor: es la fotografía de una polarización afectiva, ese fenómeno en el que el conflicto político deja de ser solo una disputa de programas e ideas y se convierte en una fractura emocional e identitaria entre “nosotros” y “ellos”. Un país dividido casi en partes iguales no se gobierna con un discurso de unidad pronunciado una sola noche; se gobierna con hechos sostenidos en el tiempo que demuestren, mesa a mesa y decisión a decisión, que ese otro 48,70% también tiene lugar en la patria que dice querer servir.
Por eso, más que una sentencia anticipada sobre lo que vendrá, esta columna es una invitación a la vigilancia. La ciudadanía —y en particular esa mitad del país que hoy no se siente representada— tiene la tarea de exigir que el discurso de gobierno se traduzca en política pública verificable, y no en una repetición disfrazada del discurso de campaña. El tiempo, será quien finalmente diga si en Colombia hubo o no un gobierno para todos y para todas.
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