La dulzura de Vicky Dávila en su entrevista a Quintero Calle solo tiene parangón en las que le hacía, hace algunos años, a Gustavo Petro en una afamada emisora, que más que entrevistas parecían publirreportajes.
Al igual que con Petro, una mordacidad de mentirijillas permite el constante lucimiento del entrevistado.
Como la más inexperta de las reporteras, pregunta Vicky:
– ¿Usted es el Petro de Medellín?
Ni corto ni perezoso, responde el entrevistado:
– No, yo soy el Daniel Quintero de Medellín.
Después se viene con una serie de preguntitas medio tontas con el propósito de “hacerle confesar” a Quintero que él también, como todo político, quiere ser presidente. Le pregunta por su hermano Miguel, el de los contratos, y le permite hacer una conmovedora apología de alguien muy bueno – vendió la moto para regalarle un computador – y que por ser gordito debe cuidarse del Covid. La apoteosis se alcanza cuando Quintero, sin que la entrevistadora diga esta boca es mía, convierte la injerencia nepotista de su esposa Diana en la administración municipal en la intervención providente de una heroína que ya debe estar en la mira de Marvel o DC Comics.
Pero más que por esas frivolidades, la entrevista es mediocre por los temas sobre los que Vicky no se atrevió o no quiso preguntar, a pesar de que Quintero los puso sobre el tapete.
Quintero se ufana, una vez más, de la demanda de los 9.9 billones que en buena medida es el origen del caos en el que se encuentra sumidad EPM. Y a Vicky Dávila no se le ocurre hacerle ninguna pregunta, de las cuales he aquí algunos ejemplos:
¿Por qué se renovó un contrato millonario al consorcio CCC cuya negligencia e incompetencia, según la demanda, lo hace responsable de la contingencia de Hidroituango en abril de 2018?
¿Cuáles son las implicaciones que la demanda tiene para EPM en su condición de contratista de Hidroituango S.A. por el contrato BOOMT y por tanto responsable de sus subcontratistas?
¿Cuáles son las consecuencias de la demanda sobre la posición jurídica de EPM frente a las demandas que en su contra han presentado los abogados representantes de los habitantes aguas abajo del proyecto que alegan afectaciones por la contingencia de abril de 2018?
¿Por qué se demandó al consorcio constructor a pesar de tener pactado un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias surgidas de la contingencia de abril de 2018?
Lo del tal GEA en esa entrevista es patético. Quintero como dice una cosa dice la otra sin que Vicky abra la boca para objetar o preguntar. Es increíble que, cuando la Quintero habla de la toma de EPM por el GEA, la buena periodista que Vicky cree ser, no le pregunte por los vínculos con el GEA de los gerentes de EPM y los miembros de la Junta Directiva que se han sucedido desde la alcaldía de Fajardo, cuando se supone inició esa toma. Si se hubiera tomado el trabajo de averiguar para no ser engañada por Quintero, se habría enterado de que ninguno de ellos tenía vínculos laborales con las empresas del llamado GEA. Y aunque haber o no trabajado en una empresa antioqueña no puede ser motivo de inhabilidad para ser de la Junta de EPM, creo que ninguna de las 23 personas que pasaron por ella desde Fajardo hasta Quintero, tenía vinculo laboral. Eran profesores universitarios, representantes de los usuarios, jubilados de EPM, expertos en servicios públicos.
Y ante la temeraria afirmación de que el tal GEA, en la entrevista convertido en tres personas, hizo de EPM su caja menor, no se le ocurre preguntarle por las pruebas de ello que deben estar en la contabilidad de EPM y sus soportes. ¿Por qué – ha debido preguntarle Vicky a Quintero – si sabía que los del GEA habían saqueado a EPM, no ordenó una auditoria para recaudar las pruebas respectivas e instaurar la denuncia penal respectiva? ¿Si tiene las pruebas, por qué no los denuncia, como es su deber de acuerdo con el artículo 197 del Código de procedimiento penal?
Todo lo que dice Quintero sobre Hidroituango es falso o tendencioso. El tal programa de aceleración no tiene nada que ver con la construcción de la galería auxiliar de desviación, eso es algo que sabe el alcalde pues en múltiples presentaciones a la Junta Directiva los técnicos de EPM han explicado ese punto. Lo sorprendente no es que Quintero mienta al respecto, sino que Vicky Dávila no pregunte nada. No pregunta nada tampoco sobre lo de Orbitel, ni sobre los 30 millones de dólares que supuestamente Fajardo recibió del “GEA”. ¿ Por qué – ha debido preguntarle Vicky a Quintero – no denuncia a Fajardo por haber recibido soborno? ¿Por qué no ha denunciado a los que lo sobornaron?
En esa entrevista hay demasiadas cosas turbias. Las personas mencionadas no pueden guardar silencio frente a las afirmaciones de Quintero. El fiscal Barbosa debe leer atentamente esa entrevista y emprender de oficio una indagación al alcalde Quintero quien afirma saber de la comisión de dos delitos sin haberlos denunciado.
La ausencia de cuestionamiento de las temerarias afirmaciones de Quintero es una gran falla periodística que implica una cierta complicidad con la difusión de falsedades, pues el silencio de la entrevistadora lleva a suponer que avala las afirmaciones del entrevistado.
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