En ocasión a la polémica por la reforma tributaria, no se debe olvidar que la estructura funcional del Estado de Derecho de nuestra república se compone en sentido general y muy someramente por 1 presidencia y 1 vicepresidencia, 18 ministerio, 9 agencias administrativas especiales, 7 agencias nacionales del Estado, 32 Departamentos que implican aproximadamente 217 secretarios de despacho más gobernadores, 1103 Municipios que implican aproximadamente 6618 secretarios del despacho más alcaldes, 108 senadores, 171 Representantes a la Cámara, 1103 Personero Municipales y/o Distritales, 121 Magistrados de las Altas Cortes, 10 superintendentes nacionales, 6 directores de departamentos administrativos y 8 Unidades Administrativas Especiales Sin Personería Jurídica, 33 establecimientos públicos del orden nacional, 31 Unidades Administrativas Especiales Con Personería Jurídica, 6 agencias nacionales de naturaleza especial, 5 Fondos de Administración Especial, 2 Institutos Científicos, 4 Empresas Sociales del Estado del Nivel Nacional, 4 Corporaciones de Investigación, 1 Sociedad Pública, 4 Fondos con Personería Jurídica; cada uno con su respectivo rector, representante, Presidente, Gerente y/o Director. Y eso que no se resalta por completo la burocracia extendida de los órganos de control, las entidades autónomas, la Organización Electoral y demás…
Se pregunta este servidor, si la única solución para el alto grado de financiación del Estado colombiano se soluciona con más impuestos, más carga fiscal y una mayor erosión al sector productivo, con golpe a la clase media y sin ninguna misericordia para las Mipymes del país. ¿Dónde está los principios de eficiencia y moralidad administrativa, sostenibilidad financiera y responsabilidad fiscal? ¿Dónde está el respeto a la propiedad de los individuos?
Un poco de consideración con los más necesitados, la clase media y el contribuyente es: adelgazar el Estado, eliminando embajadas y consulados, reduciendo trámites administrativos y fusionando entidades lo que permite trasladar mano de obra a lo verdaderamente prioritarios (seguridad, salud y educación), un programa de reducción significativa para el ahorro y suspensión del gasto, tales como: eliminación de las sesiones extraordinarias de las corporaciones deliberativas, congelamiento del incremento salarial de altos funcionarios respetando la inflación, la renegociación del pago de intereses a largo plazo de la deuda externa, la auto-financiación del sistema penitenciario, la construcción de obras con exclusivo patrimonio privado reembolsable una vez culminada la obra, financiar la salud y la educación mediante el subsidio a la demanda y eliminando la subvenciones a la oferta. Muchas soluciones, la reforma tributaria basada en el aumento de la carga impositiva de los impuestos: NO es una.
[1] David Mauricio Marín Tabares.
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