“La reciente autorización para que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, viajara a España ha reavivado el debate nacional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde el punto de vista jurídico, la decisión puede estar respaldada por las condiciones establecidas en el Acuerdo de La Habana y por el cumplimiento de determinados requisitos procesales. No obstante, la discusión trasciende el ámbito estrictamente legal. Una vez más, se ha puesto de manifiesto la profunda desconfianza que una parte considerable de la población colombiana profesa hacia un sistema de justicia transicional que, en opinión de muchos, terminó convirtiéndose en una Jurisdicción Especial para la Impunidad.”
Resulta evidente que el sentimiento de rechazo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no emerge de manera fortuita en el ámbito político ni se origina a partir de una perspectiva ideológica. Surge del contraste entre las expectativas generadas en el momento de la firma del acuerdo con las FARC y la percepción actual, casi una década después, de que las víctimas siguen esperando respuestas concretas. En el marco de los compromisos establecidos, se garantizó el respeto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. Sin embargo, la percepción predominante, que progresa a velocidades notablemente dispares, sugiere que los insurgentes ahora reinsertados siguen con esta deuda pendiente.
Es evidente que la consecución de la paz requiere concesiones por parte de todas las partes implicadas. Ciertamente, todos los procesos de terminación de conflictos armados conllevan decisiones difíciles y, en ocasiones, sumamente incómodas para la sociedad. El pueblo colombiano fue informado de que se verían obligados a realizar múltiples concesiones en aras de alcanzar una paz estable y duradera. No obstante, es importante distinguir entre aceptar concesiones y normalizar la ausencia de sanciones efectivas para aquellos que fueron responsables de algunas de las páginas más dolorosas de la historia.
Es importante destacar que las FARC no fueron un actor armado cualquiera. Durante décadas, se ha demostrado que dicha organización ha sido responsable de una serie de delitos de extrema gravedad, entre los que se incluyen secuestros prolongados, asesinatos selectivos, atentados indiscriminados, reclutamiento forzado de menores, desplazamientos masivos, extorsión, narcotráfico y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Miles de familias colombianas continúan afrontando la ausencia de sus seres queridos, mientras que otras se dedican a la búsqueda de información sobre desaparecidos o a la espera de esclarecer los hechos ocurridos.
Por esta razón, resulta comprensible que cualquier medida que implique una flexibilización de las condiciones para los antiguos comandantes genere indignación. La sociedad no exige venganza. Reclama coherencia. En consecuencia, se insta a que las personas que dirigieron dicha organización, la cual es responsable de miles de crímenes, asuman plenamente las consecuencias de sus actos y cumplan con los compromisos adquiridos ante las víctimas y ante el país.
Los interrogantes planteados permanecen inalterados. En este sentido, es preciso esclarecer la ubicación de los bienes producto de actividades ilícitas, los cuales deberían destinarse a la reparación de las víctimas. Asimismo, es necesario conocer el paradero de todas las personas desaparecidas y establecer actos de reparación que respondan a la magnitud del daño causado. De igual manera, es preciso que las sanciones dejen de percibirse como simples formalidades administrativas.
La legitimidad de la justicia transicional se fundamenta en que las víctimas perciban que el sistema se centra en su bienestar y no en el de los responsables de los delitos. El tratamiento desigual percibido por los ciudadanos constituye un elemento grave que contribuye al inconformismo general. Para muchos colombianos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha demostrado una rigurosidad significativa hacia los integrantes de la Fuerza Pública, mientras que los máximos responsables de la antigua guerrilla continúan beneficiándose de condiciones establecidas en virtud del cumplimiento de compromisos cuya materialización sigue siendo objeto de debate público. Independientemente de la validez jurídica de cada decisión, la percepción de asimetría erosiona la credibilidad institucional.
Los tribunales no pueden transmitir la imagen de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría frente a la ley. En caso de que se haya incurrido en la comisión de delitos por parte de miembros de las fuerzas armadas, es imprescindible que se responda de manera adecuada y acorde a la gravedad de los hechos. Ciertamente, resulta de vital importancia aplicar el mismo estándar a aquellos individuos que dirigieron una organización criminal que, durante décadas, desafió al Estado mediante el terrorismo y la violencia sistemática. Es preciso señalar que la igualdad ante la ley es un principio que no admite excepciones de índole política.
La construcción de una paz verdadera requiere de la ausencia de sensación de impunidad. La reconciliación demanda un compromiso inquebrantable con la verdad completa, la reparación efectiva y sanciones proporcionales. La carencia de dichos elementos en el mensaje que se transmite a la sociedad resulta altamente preocupante, ya que sugiere que la violencia organizada podría tener consecuencias mínimas para sus promotores. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta aún con la oportunidad de demostrar que su misión no radica en la administración de beneficios, sino en garantizar la justicia dentro del marco excepcional que le dio origen. Para lograrlo, es esencial restablecer la confianza de la ciudadanía a través de resultados verificables, decisiones transparentes y un compromiso inequívoco con las víctimas.
Este debate no debería centrarse en la capacidad de un antiguo comandante de viajar al exterior. La verdadera discusión radica en cuestionar si Colombia ha recibido la verdad completa que se le prometió, si las víctimas han sido plenamente reparadas y si aquellos que han causado la destrucción de numerosas vidas han asumido completamente la responsabilidad que les corresponde. Mientras dichas respuestas sigan siendo insuficientes, cualquier privilegio concedido a los máximos responsables de las FARC será interpretado por millones de colombianos como una nueva confirmación de que la deuda con las víctimas continúa abierta. La consecución de la paz es un objetivo que merece una defensa firme. Sin embargo, es crucial entender que una paz que carece de justicia termina perdiendo legitimidad. Un país que renuncia a la exigencia de responsabilidades se expone al riesgo de convertir la impunidad en una política de Estado.
El verdadero riesgo para Colombia es que el país normalice la impunidad y acepte que quienes durante décadas secuestraron, asesinaron, reclutaron menores y financiaron la guerra mediante el narcotráfico pretendan ahora presentarse como víctimas para eludir sus responsabilidades. Colombia no debe sucumbir a la victimización de los delincuentes, las víctimas son aquellas que padecieron la violencia y aún esperan la verdad completa, la reparación efectiva y la justicia. El Gobierno de Juan Manuel Santos presentó el Acuerdo de La Habana como el camino hacia una paz estable y duradera. Sin embargo, el diseño institucional resultante ha generado decepción entre muchos colombianos, ya que ha sido más eficaz en la concesión de beneficios a los victimarios que en la defensa de quienes sufrieron sus crímenes.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la responsabilidad de demostrar que su creación no se ha destinado a la administración de la impunidad. Ha llegado el momento de que los máximos responsables de las antiguas FARC confiesen plenamente sus delitos, entreguen los bienes obtenidos ilícitamente, reparen a las víctimas y cumplan sanciones acordes con la gravedad del daño causado. La historia no solo juzgará si el proceso silenció los fusiles, sino si el Estado convirtió el crimen organizado en un camino hacia privilegios judiciales y políticos. La ausencia de verdad, reparación y sanciones efectivas en el proceso de paz conlleva a una deuda permanente y a una nueva injusticia contra las víctimas.
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