Hay mentiras que pertenecen solo al mentiroso y otras que, por la cantidad de personas necesarias para sostenerlas, terminan convirtiéndose en un fenómeno político. Lo ocurrido con Juliana Guerrero pertenece a la segunda categoría. El 9 de septiembre de 2026, ante un juez, la antigua candidata al Viceministerio de las Juventudes reconoció que cometió fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el SIGEP y presentar documentos para aspirar al cargo. El preacuerdo con la Fiscalía terminó en una condena de primera instancia de tres años de prisión, además de multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Hasta allí podría parecer el epílogo ordinario de otra historia colombiana de falsedad documental. Pero no lo es. Porque durante más de un año el problema nunca fue solo Juliana Guerrero. El verdadero problema fue la formidable maquinaria política que decidió que había que creerle incluso cuando la evidencia aconsejaba lo contrario.
Conviene regresar a septiembre de 2025. Cuando las investigaciones comenzaron a desmontar su historia académica, Guerrero acudió a Blu Radio y explicó con absoluta seguridad que era contadora pública, que había obtenido su título el 19 de julio, que había estudiado, homologado materias y recorrido todo el proceso académico. Incluso reprochó a Cambio no haberla consultado antes de publicar y sostuvo que todo aquello era verificable. No hablaba como alguien confundido por un trámite administrativo. Hablaba con la convicción de quien ofrece una versión cerrada de los hechos y exige que los demás la acepten. Un año después sabemos algo bastante más importante que la falsedad de aquellos documentos: sabemos que mientras periodistas y congresistas hacían preguntas legítimas, desde el poder se construía de manera deliberada un relato destinado a convertir esas preguntas en ataques.
Jennifer Pedraza fue una de quienes se negó a aceptar el relato. Documentó las inconsistencias académicas, señaló que Guerrero no había presentado el Saber Pro requerido para graduarse y puso en duda unos títulos que al final resultaron insostenibles. La respuesta no consistió en explicar las anomalías. Guerrero acudió contra Pedraza por calumnia y otros señalamientos ante la Corte Suprema. En marzo de 2026 el proceso terminó archivado, después del desistimiento de la querella. La secuencia merece ser recordada: quien advertía que los títulos eran irregulares terminó teniendo que defenderse ante la justicia mientras quien los exhibía podía presentarse como víctima de una campaña de desprestigio. Ese mecanismo debería preocupar mucho más que el episodio personal. Cuando el poder consigue convertir al fiscalizador en acusado, la mentira deja de ser defensiva y empieza a funcionar como instrumento de intimidación.
Y entonces apareció Gustavo Petro. No como observador prudente ni como presidente dispuesto a permitir que las instituciones determinaran la verdad, sino como defensor político de Guerrero. Todavía el 20 de mayo de 2026, cuando una periodista le preguntó por qué una persona sometida a semejantes cuestionamientos continuaba representando al Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, Petro volvió a defenderla y a cuestionar las premisas de las denuncias. Durante meses hizo algo característico de su comunicación política: trasladar la discusión desde el hecho verificable hacia la identidad del acusado, las motivaciones del denunciante y una supuesta persecución. La pregunta elemental —¿son auténticos los títulos?— quedó enterrada bajo discursos sobre clasismo, juventud, origen social, adversarios políticos y ataques mediáticos. No era argumentación. Era desplazamiento semántico.
Ese método merece estudiarse desde la ciencia política porque constituye una tecnología bastante eficaz de protección del poder. Primero se niega. Después se cuestiona a quien denuncia. Luego se introduce una explicación emocional que permita a los seguidores interpretar la evidencia como persecución. Finalmente se repite el marco hasta que reconocer los hechos comienza a parecer una traición al grupo. Así funcionan las identidades políticas cuando sustituyen el juicio crítico: ya no importa determinar si una afirmación es verdadera; importa identificar quién la pronuncia. Si la denuncia procede del adversario, debe ser falsa. Si compromete a alguien cercano al proyecto, debe existir alguna conspiración. La realidad deja entonces de organizar el discurso y es el discurso el que pretende disciplinar la realidad. El caso Guerrero es casi un experimento de laboratorio sobre polarización afectiva y razonamiento motivado.
Pero las mentiras tienen un inconveniente que ningún aparato comunicativo consigue eliminar: los hechos permanecen allí. Guerrero acabó reconociendo ante la justicia aquello que durante meses había negado. Aquella contadora que decía haber obtenido su título “con esfuerzo” terminó admitiendo fraude procesal relacionado precisamente con los documentos utilizados para aspirar al Viceministerio. Y entonces, los que la defendieron ya no pueden refugiarse en el argumento de que todo era una construcción de la oposición. Las investigaciones periodísticas existían. Las inconsistencias existían. El Saber Pro que no aparecía existía como problema. Los documentos cuestionados existían. Quienes hicieron las preguntas estaban mirando en la dirección correcta. El supuesto complot terminó confesando.
Por eso las disculpas de Guerrero resultan insuficientes. Puede estar arrepentida, y corresponde a la justicia determinar las consecuencias jurídicas de sus actos. Pero una democracia necesita algo más: responsabilidades políticas por el encubrimiento discursivo. ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes preguntaron antes de defenderla? ¿Por qué siguió representando al Gobierno en una universidad cuando las inconsistencias eran ya públicas? ¿Por qué el presidente empleó su enorme capacidad comunicativa para desacreditar cuestionamientos que resultaron sustancialmente correctos? Y, sobre todo, ¿cuántas otras veces ocurrió lo mismo sin que apareciera una confesión capaz de romper el relato? Pedraza ha advertido ahora que Guerrero podría ser apenas la punta del iceberg de irregularidades relacionadas con títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José. Esa investigación tendrá que llegar hasta donde conduzcan las pruebas.
Al final, Juliana Guerrero será recordada menos por un diploma falso que por haber puesto en evidencia una manera de ejercer el poder. Durante meses vimos cómo una versión improbable podía recibir protección presidencial, amplificación militante y blindaje retórico mientras quienes presentaban evidencias eran tratados como perseguidores, calumniadores o enemigos. Después llegó una audiencia judicial y bastaron unas palabras para que el edificio narrativo se viniera abajo. Esa debería ser la lección de este episodio: el problema de Colombia nunca ha sido que los políticos mientan. Eso es casi tan antiguo como la política. El verdadero deterioro comienza cuando alrededor de la mentira aparece una comunidad dispuesta a defenderla, instituciones que toleran sus consecuencias y dirigentes capaces de exigirnos que desconfiemos de nuestros propios ojos. Juliana Guerrero confesó. Ahora falta algo bastante más difícil: que quienes ayudaron a convertir su mentira en verdad política expliquen por qué lo hic
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