La ONU Contra las Drogas y el Delito suma 261.000 hectáreas con cultivos de coca en Colombia. Han aumentado a escala mundial como crece la demanda. En territorio colombiano, la cifra se ubica por debajo del área destinada al café y al arroz, pero se encuentra por encima de la yuca, el banano y el aguacate. Las paralelas son líneas que nunca se juntan, y por esa razón la figura no es útil para describir la realidad de las economías nombradas en términos de legales e ilegales. El paralelismo niega la compensación y el encadenamiento en el día a día de la producción. El prohibicionismo es hermano del negacionismo del impacto del narcotráfico.
A pesar de la evidencia, estas posturas no reconocen el valor de la participación del narcotráfico en las economías transnacional, nacional y subnacional. Sobre las relaciones entre los procesos de producción, el informe dice que “más del 96 % del valor monetario total de los insumos requeridos en la producción de hoja de coca fresca, pasta básica de cocaína y base de cocaína son de origen legal.” Obtener el producto de aquellas hectáreas y de toda la cadena de transformación de la mata, requiere bienes, servicios y mano de obra. Al final, esta “actividad de generación de valor ilícito, logra alimentar la economía general de los territorios”, concluye la ONU.
¿Por qué el gobierno actual promueve una política antidrogas fracasada y costosa en términos presupuestales y humanos? ¿Cuál es el problema objeto de la política pública antidrogas? El monitoreo de la ONU usa la palabra “problema” para referirse al cultivo de coca y al “problema mundial de las drogas”. Los indicadores están orientados a medir las hectáreas, los kilogramos incautados, los consumidores y las personas con acceso a tratamientos. Pero el número de muertes y otras victimizaciones causados en el negocio no se mide. Los falsos positivos son falsos indicadores de éxito del Plan Colombia. ¿Por qué insistir en una segunda versión?
Colombia conoce los factores que causan violencia, las políticas fracasadas para atenderla y las políticas y soluciones que no han sido ejecutadas. En esta última situación se encuentra el Acuerdo de La Habana, en el cual el Estado reconoció que “Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas (…) se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.” ¿Por qué se elige de nuevo el armamentismo justificado con el “problema mundial de las drogas”?
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