El reciente Índice de Desempeño Fiscal del DNP deja una señal que Andes no debería pasar por alto: el municipio es vulnerable y su indicador de endeudamiento contable está muy por encima del referente nacional.
Hay cifras que no deberían pasar inadvertidas para una comunidad. Mucho menos cuando se trata de los recursos públicos, porque detrás de cada porcentaje hay decisiones que terminan afectando la capacidad de un municipio para invertir, atender sus necesidades y construir su futuro. El Departamento Nacional de Planeación acaba de publicar el Índice de Desempeño Fiscal correspondiente a la vigencia 2025 y el resultado de Andes merece una lectura serena, pero también profundamente responsable.
Andes obtuvo 60,65 puntos sobre 100, ocupó el puesto 366 entre los 1.103 municipios evaluados y quedó clasificado en el rango de Vulnerable. El resultado, además, representa una disminución de 2,51 puntos frente a 2024. No estamos ante el peor resultado del Suroeste. Por el contrario, Andes ocupa el segundo lugar regional después de Amagá. Pero precisamente por eso el resultado debería generar una reflexión más profunda: ¿por qué un municipio que tiene condiciones para avanzar hacia una mayor solidez fiscal está retrocediendo?
El caso de Amagá resulta particularmente ilustrativo. Este municipio obtuvo 74,53 puntos y ocupó el puesto 30 en Colombia, mientras Andes alcanzó 60,65 y quedó en el puesto 366. La diferencia entre ambos es de 13,88 puntos. Pero hay una cifra que llama especialmente la atención: el indicador de endeudamiento contable de Andes llegó al 47,16 %, frente a un referente nacional de 24,89 %. Aquí es necesario hacer una precisión técnica para no caer en interpretaciones equivocadas. Ese 47,16 % no significa que Andes deba el 47,16 % de sus ingresos ni que tenga una deuda superior a la de la Nación. El DNP calcula este indicador como la relación entre los pasivos totales y los activos totales del municipio. Pero la precisión técnica no disminuye la preocupación. Al contrario.
Significa que la proporción de pasivos frente a los activos de Andes es 22,27 puntos porcentuales superior al referente nacional, aproximadamente un 89,5 % por encima de este. Y eso obliga a formular preguntas.
- ¿A cuánto asciende realmente la deuda del municipio?
- ¿Cuánto se debe actualmente?
- ¿A quién se debe?
- ¿A qué tasas de interés?
- ¿Durante cuántos años habrá que pagarla?
- ¿Cuánto se destina anualmente al servicio de la deuda?
- ¿En qué se utilizaron los recursos provenientes del crédito?
- ¿Y qué impacto tendrán esas obligaciones sobre la capacidad de inversión de las próximas administraciones?
Estas preguntas no son una persecución política. Son preguntas legítimas de ciudadanía. El propio DNP explica que el Índice de Desempeño Fiscal no se limita al endeudamiento. El 80 % de la calificación corresponde a los resultados fiscales y allí se analizan, además del endeudamiento, la dependencia de las transferencias, la inversión física, el ahorro corriente y el balance fiscal. El 20 % restante corresponde a la gestión financiera.
Por eso, sería equivocado afirmar que Andes está en crisis simplemente porque su indicador de endeudamiento es elevado. Pero también sería irresponsable mirar la cifra y hacer como si nada estuviera pasando.
Andes obtuvo apenas 60,65 puntos.
El rango Vulnerable comienza en 60 y termina antes de 70. Es decir, nuestro municipio está solamente 0,65 puntos por encima del límite inferior de esta categoría y 9,35 puntos por debajo del rango Solvente. Dicho de otra manera: Andes no está en una situación para entrar en pánico, pero tampoco está en condiciones para dormir tranquilo. La palabra que debería acompañar este resultado es prevención.
Porque las finanzas públicas no se deterioran de un día para otro. Generalmente el problema comienza cuando se toman decisiones que, individualmente, pueden parecer manejables, pero que acumuladas terminan comprometiendo la capacidad futura de una administración. Un crédito puede ser una herramienta legítima y necesaria para financiar una obra importante. El problema no es necesariamente endeudarse. El verdadero problema aparece cuando la deuda crece más rápidamente que la capacidad del municipio para responder por ella, o cuando se utiliza para financiar necesidades que no generan beneficios duraderos para la comunidad.
Y aquí aparece otro concepto fundamental: no todo gasto de inversión produce la misma capacidad de desarrollo. El DNP distingue entre gasto de inversión y formación bruta de capital fijo. Esta última se relaciona con la creación o adquisición de activos que pueden generar beneficios futuros para el territorio. Por eso, cuando un municipio se endeuda, la ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto pidió prestado, sino qué dejó ese crédito como patrimonio público.
- Una carretera.
- Una infraestructura educativa.
- Un hospital.
- Un sistema de servicios públicos.
- Un proyecto productivo.
- Una obra que genere desarrollo.
Porque si la deuda permanece durante muchos años, pero la obra desaparece, se deteriora rápidamente o no produce el beneficio esperado, la comunidad termina pagando dos veces: primero el capital y los intereses y después las consecuencias de una inversión mal planeada. El resultado del DNP también debe servir para mirar más allá de la administración de turno. La pregunta no debería ser solamente qué hizo el alcalde anterior o qué está haciendo el actual.
La pregunta fundamental es: ¿Qué municipio queremos entregar dentro de cinco, diez o quince años y con qué capacidad financiera podrá hacerlo? Esa es la verdadera discusión.
Andes necesita fortalecer sus ingresos propios, mejorar la planeación financiera, controlar el crecimiento de sus obligaciones y garantizar que cada peso destinado a inversión produzca el mayor beneficio social posible. Y necesita hacerlo con transparencia.
Por eso sería conveniente que la Administración Municipal presente públicamente a la comunidad un informe sencillo y completo sobre la situación financiera del municipio: deuda, acreedores, tasas, plazos, servicio anual, destino de los créditos, ingresos propios, transferencias, ahorro corriente, balance fiscal y proyección de las obligaciones para los próximos años. No para generar alarma. Para generar confianza.
La ciudadanía no puede ejercer control social sobre aquello que desconoce. El Índice de Desempeño Fiscal del DNP no es una sentencia contra Andes ni contra ninguna administración. Es una herramienta de diagnóstico. Pero un diagnóstico solamente sirve sí, después de conocerlo, se toman decisiones.
Andes todavía tiene margen para corregir el rumbo. La pregunta es si tendremos la voluntad política, administrativa y ciudadana para hacerlo. Porque detrás de ese 60,65 no hay solamente un número. Hay una advertencia. Y detrás del 47,16 % de endeudamiento contable hay una pregunta que merece una respuesta clara: ¿Estamos utilizando responsablemente el futuro financiero de Andes?
La respuesta no debe darla un partido político, ni una administración, ni una veeduría. Deben darla las cifras, los documentos y la transparencia.
Y, finalmente, que sea la ciudadanía la que juzgue.















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