Hay algo absurdo en nuestras democracias: para ejercer como médico hay que estudiar medicina; para ser juez se exige formación jurídica; para diseñar un puente se necesita ingeniería; para enseñar en una universidad se reclaman títulos y experiencia. Pero para sentarse en el Congreso de la República, hacer leyes, reformar códigos, aprobar presupuestos de cientos de billones de pesos y ejercer control sobre ministros y altos funcionarios, la Constitución colombiana no exige título profesional alguno. Para llegar a la Cámara basta, en lo esencial, con ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años. La propia Cámara de Representantes lo confirma al explicar el artículo 177 de la Constitución. No hay licenciatura, carrera profesional, examen de conocimientos ni experiencia mínima. La democracia ha confundido el derecho universal a elegir con la idea mucho más discutible de que cualquier ciudadano debe reunir automáticamente las condiciones para ejercer cualquier responsabilidad pública.
No es una extravagancia exclusivamente colombiana. Buena parte de las democracias de la OCDE funciona bajo principios semejantes: los requisitos para acceder al Parlamento suelen descansar en ciudadanía, edad, derechos políticos e inexistencia de determinadas inhabilidades, no en cualificaciones académicas. Pero que algo sea habitual no demuestra que sea sensato. Las democracias contemporáneas son más complejas que las del siglo XIX: un congresista legisla hoy sobre inteligencia artificial, mercados financieros, transición energética, regulación sanitaria, tratados internacionales, política fiscal, protección de datos y sistemas pensionales. Entretanto, seguimos tratando la representación política como si la complejidad técnica del Estado no hubiese cambiado. Hemos profesionalizado prácticamente todo lo que rodea al poder, excepto el acceso de quienes producen las normas que organizan ese poder.
Colombia ofrece ejemplos que incomodan porque atraviesan las fronteras ideológicas. Congreso Visible registra a Agmeth Escaf, actor y presentador elegido representante por el Pacto Histórico para 2022–2026 y senador desde julio de 2026, con bachillerato como grado de estudio y “artista” como profesión. Pero convertir esto en una simple diatriba contra la izquierda sería falso. Alexander Harley Bermúdez, representante liberal por Guaviare durante el periodo 2022–2026, también aparece registrado con bachillerato como grado de estudio; su trayectoria fue principalmente política, empresarial y territorial. El fenómeno, por tanto, no pertenece exclusivamente al progresismo. Pertenece a un sistema que puede valorar para acceder al legislativo mucho más la maquinaria electoral, el apellido, la exposición mediática, el liderazgo regional o la capacidad de movilización que una preparación académica acreditada.
Un documento presentado en la propia Cámara, basado en información del Observatorio de la Universidad Colombiana sobre 275 congresistas de 2022, señalaba que 44 no reportaban estudios universitarios: 16 % del Congreso analizado. Otros 108 —39,27 %— tenían el pregrado como máximo nivel formal; 44, especialización; 73, maestría; y apenas seis, doctorado. El dato no demuestra que los congresistas con doctorado sean mejores legisladores, ni que los bachilleres sean necesariamente malos. Sería una inferencia pobre. Demuestraque Colombia entrega una de las funciones más complejas del Estado sin establecer siquiera una cualificación profesional mínima. De hecho, en 2025 se presentó un proyecto de acto legislativo destinado a elevar requisitos y fortalecer la capacitación para altos cargos y congresistas; terminó archivado en junio de ese mismo año, entre ellos se cuidan.
Exigir universidad sería “elitista”, dicen algunos. Es una objeción seria, pero no resuelve por sí misma el dilema. Toda institución compleja establece umbrales de idoneidad. Nadie considera antidemocrático exigir formación a un cirujano porque un ciudadano sin recursos haya tenido menos oportunidades de estudiar medicina. La respuesta frente a la desigualdad educativa debería ser ampliar radicalmente las oportunidades para adquirir conocimientos, no declarar irrelevante el conocimiento cuando se distribuye poder. Al mismo tiempo, un requisito académico produciría una exclusión real: líderes indígenas, campesinos, comunitarios o sindicales con amplia experiencia política podrían quedar fuera por carecer de credenciales formales. La pregunta democrática seria, entonces, no es si la educación importa —importa—, sino qué combinación de formación, experiencia y mecanismos alternativos de acreditación permite elevar la competencia sin convertir el Congreso en un club social de titulados.
Además, existe una paradoja que quienes hablan permanentemente de desigualdad deberían examinar. La OCDE encontró en 2023 que la confianza en el Gobierno nacional era del 33 % entre las personas con menor educación, frente al 46 % entre aquellas con educación superior; también identificó una brecha de 20 puntos en la confianza que las personas tienen en su propia capacidad de participar políticamente según su nivel educativo. Los datos más recientes profundizan el problema: la OCDE informó en 2026 que la brecha educativa de confianza en las legislaturas nacionales aumentó siete puntos porcentuales entre 2021 y 2025. Y la distancia entre quienes sienten que pueden influir sobre el Gobierno y quienes sienten que no pueden hacerlo es interesante: 65 % frente a 19 % en confianza alta o moderadamente alta en la legislatura. La desigualdad democrática, por tanto, no consiste solamente en quién puede presentarse a unas elecciones. También consiste en quién comprende el sistema, quién siente que puede intervenir en él y quién confía en sus instituciones.
Eso no autoriza a concluir que un diploma produzca automáticamente mejores políticos. Tenemos demasiados profesionales mediocres y demasiados posgraduados capaces de defender disparates como para sostener semejante ingenuidad. Un título certifica formación, no inteligencia; conocimientos, no prudencia; horas de estudio, no honradez. Por eso la discusión institucional debería ser más sofisticada que el simple fetichismo del cartón. Podría discutirse un título universitario como requisito ordinario, acompañado de vías equivalentes de experiencia pública acreditada, formación constitucional obligatoria, estándares de transparencia y capacitación legislativa rigurosa. Incluso exigir un posgrado, como algunos propondrían, plantea un problema adicional: convertiría una credencial todavía minoritaria y costosa en condición de acceso a la representación popular. Elevar estándares es defendible; confundir credencialismo con competencia sería simplemente sustituir un problema por otro.
El problema de fondo es qué esperamos de la democracia. Si sólo queremos que el Congreso reproduzca proporcionalmente a la sociedad, cualquier filtro intelectual parecerá sospechoso. Si entendemos, en cambio, que representar también significa deliberar, fiscalizar, comprender y legislar, entonces la competencia importa tanto como la legitimidad electoral. La democracia no necesita menos pueblo; necesita ciudadanos mejor preparados y representantes sometidos a estándares que correspondan al poder que ejercen. En 2026 es importante reabrir una discusión que durante décadas hemos tratado como sacrilegio: cuáles deben ser las cualificaciones mínimas para legislar. Porque igualdad política significa que cada ciudadano vale lo mismo ante las urnas. No significa que preparación, conocimiento y mérito deban valer cero cuando se decide quién escribe las leyes.
Fuentes
OECD — Government at a Glance 2025
OECD — Levels of Trust in Public Institutions
OECD — Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026: National Legislature
Cámara de Representantes de Colombia — Requisitos constitucionales para ser representante
Congreso Visible — Perfil de Agmeth José Escaf Tijerino
Congreso Visible — Perfil de Alexánder Harley Bermúdez Lasso
Cámara de Representantes — Proyecto sobre requisitos y capacitación para congresistas y altos cargos
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