A propósito de la informalidad

El director de la unidad de activos de la UIAF Luis Edmundo Suarez, afirmo hace unas semanas  que las estimaciones de esta dependencia tiene, respecto a los movimientos financieros producto del lavado de activos está calculada en alrededor de unos 30 billones de pesos, de los cuales 20 billones corresponden a solo actividades de narcotráfico y los 10 billones restantes corresponden a la minería ilegal, cifras estas que son legalizadas, por parte de la red de lavado de activos que poseen los grupos delictivos.

«Son recursos que ingresan a la economía colombiana y que son lavados dentro de la misma economía o con mecanismos internacionales que también utilizan los criminales para llegar con el dinero lavado», dijo el director de la UIAF quien explicó que esos dineros ingresan a la economía por dos grandes tipos de canales: por un lado está el sector financiero y por el otro, las empresas.

El primero es «el canal que tradicionalmente hemos atacado con mayor fortaleza. Todas las medidas que se han tomado con el sector financiero han implicado que los criminales estén hayan cambiado su tecnología de lavado hacia el sector real de la economía».

El sistema tradicional de los narcos es el «pitufeo» para no generar alarmas. Y con las empresas es a través de proveedores o con créditos informales y materias primas a bajo costo. Pero el contrabando sigue siendo la forma más recurrente de los narcotraficantes para lavar dinero con el sector real de la economía.

De la anterior cifra el valor estimado del narcotráfico equivale a 3 puntos del PIB aproximadamente, y el de la minería ilegal 1.5% lo cual nos arrojaría un total de 4.5% del PIB.

El micro tráfico, es uno de los mayores males, se estima que solo en la ciudad de Medellín, existen alrededor de 760 casas de vicio, aunque Corpades estima que son alrededor de 1.000  casas las que operan en la ciudad.

Por otra parte el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas afirmo que el gobierno estima que los depósitos no declarados, de los colombianos en el exterior se estiman en 50.000 millones de dólares, y ofrece una amnistía fiscal, en la cual a cambio de tributar el 10% de estos valores, la DIAN no investigara el origen de dichos dineros lo cual representaría unos ingresos al fisco de 5.000 millones de us que convertidos a la actual tasa de cambio ( $ 2.055.43) representaría la no despreciable suma de $  513.857 millones de pesos.

Todos los aspectos enunciados anteriormente son temas que tienen que ser abordados por el actual gobierno, de manera urgente y responsable para la reforma tributaria que piensa proponer el ministro de hacienda, para poder equilibrar un déficit, generado por la caída del petróleo, y las necesidades cada vez mayores,  para adelantar los programas sociales y de reparación de víctimas y las enormes inversiones del posconflicto en general, lo anterior  acompañado de una mayor tasa de tributación por parte de los grandes capitales.

La única manera de intervenir estructuralmente los elevados niveles de inequidad social es mediante una mayor tributación de los más poderosos, lo que a la larga se traduce en una mayor capacidad adquisitiva de la población, que contribuye a dinamizar el ciclo económico.

Es imperativo que el estado imponga unas medidas los suficientemente fuertes para ir incorporando gradualmente a la legalidad, los sectores que evaden la tributación  como la descrita anteriormente, pero es igualmente urgente ir consolidando una cultura de la legalidad que en el largo plazo es lo que hace sostenible en el tiempo una política de inversión pública con alto impacto en lo social.

Si realmente queremos transformar nuestro país en una sociedad más justa e igualitaria, dentro del conjunto de medidas, se requiere cerrarle el espacio a esa enorme brecha de la informalidad.

 

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