El renacer entre las cenizas

“Incluso los muros que se caen dejan al descubierto el cielo.” — Stanisław Jerzy Lec

Las tragedias en Colombia han demostrado de qué están hechos sus ciudadanos, y el terremoto de hace unos pocos días no fue la excepción. Las ayudas llegan desde todos los rincones, los voluntarios se cuentan por cientos y las donaciones no paran. Todos están comprometidos con esos compatriotas que lo perdieron todo en 120 segundos y cuyas heridas tardarán años en sanar.

Las pérdidas humanas son irremplazables; la fragilidad de la vida es un recordatorio para vivir plenamente cada instante. Las historias de quienes fueron rescatados gracias a hombres y mujeres que arriesgaron su propia seguridad para darle una oportunidad a un desconocido demuestran lo mejor que tenemos como especie.

Ahora corresponde pensar en el paso a seguir: la reconstrucción material. Casas, colegios, hospitales, iglesias e infraestructura básica necesitan atención inmediata. Sin embargo, se debe analizar la situación con cabeza fría y absoluta madurez, pues las siguientes líneas van en contra del sentimiento generalizado de empatía. Se trata de una decisión compleja que los gobernantes responsables tendrían que adoptar si se busca una recuperación en el menor tiempo posible.

Se estima que el costo directo de la reconstrucción de los edificios que deben ser demolidos o recuperados es de aproximadamente el 2% del PIB, es decir, unos 32 a 35 billones de pesos. Para dimensionar esta cifra: todos los industriales del país aportaron una cifra histórica de 201 mil millones de pesos, y la familia Gilinski sumó 150 mil millones más. Entre todos, apenas se reunió cerca del 1% del dinero necesario para la reconstrucción. Se debe ser claro y directo: la recuperación no será posible exclusivamente por medio de donaciones.

Ante este panorama, los escasos recursos deben maximizarse, y para ello es indispensable priorizar qué estructuras se van a reconstruir. No hay dinero suficiente para atender todo en simultáneo. Lo más responsable que puede hacer el Gobierno es no endeudar desmedidamente al país para emprender labores sin retorno económico inmediato. Toda deuda se tiene que pagar, y los préstamos que se toman hoy se traducirán en impuestos para las próximas generaciones.

La escala de prioridades

1. Infraestructura básica y servicios públicos Se destruyó y deterioró la infraestructura operativa. Un país sin agua, luz, gas, alcantarillado ni vías transitables no puede ser competitivo, no puede desarrollarse ni generar empleo. Debe priorizarse al máximo nivel la restauración de las empresas de servicios públicos y la red vial.

2. Servicios de atención de emergencias Se cayeron y deterioraron hospitales, estaciones de bomberos y sedes de policía. Estas edificaciones deben estar en la cima de la reconstrucción. Los sistemas de atención básica ante cualquier emergencia son indispensables, y la ciudadanía sigue necesitando de sus servicios, haya sido afectada o no por el terremoto.

3. El aparato productivo (Industria y comercio) La reconstrucción más controversial y contraintuitiva para la mayoría: la industria y el comercio. Se debe reconstruir el aparato productivo de la región. Una panadería que deba ser demolida, por pequeña que sea, representa diez empleos perdidos; un almacén de ropa sostiene a cinco familias. Una empresa que cierre durante meses equivale a cientos de ciudadanos que pierden sus ingresos y su calidad de vida, en un país donde acceder al empleo formal es casi una hazaña.

Profundizando en este punto: cuando una empresa recibe orden de demolición, tanto trabajadores como propietarios enfrentan un dilema. Si la empresa estaba asegurada, el tiempo de trámite de la póliza y la reconstrucción es significativo. Con frecuencia, ante el desastre, los propietarios optan por no reconstruir: liquidan deudas y se retiran. Al tratarse de una causa de fuerza mayor, no indemnizan a los trabajadores, solo pagan salarios adeudados. Por ello, el Gobierno nacional debería intervenir rápidamente mediante esquemas de subrogación o acuerdos expresos para asumir la reconstrucción acelerada a cambio de los derechos de cobro de las pólizas. De esta forma, se protege el empleo, el trabajador vuelve a devengar y el Estado empieza a recaudar impuestos con celeridad.

4. Infraestructura educativa La población estudiantil debe retornar a sus actividades y terminar el año escolar de manera virtual o en sedes temporales. Esto otorga un margen de tiempo para la reconstrucción física de los planteles sin que represente el cuello de botella inmediato de la economía.

5. Reconstrucción de vivienda Sí, es una postura implacable, pero la vivienda individual no representa la máxima prioridad cuando los recursos son tan escasos. Las personas pueden reubicarse temporalmente con familiares, amigos, en albergues o mediante subsidios de arrendamiento temporales. Las viviendas residenciales no generan directamente los recursos que el Estado necesita para sostener la crisis. Quienes no contaban con seguro contra terremoto enfrentan una realidad dura: del mismo modo que un ciudadano que no asegura su vehículo asume la pérdida tras un accidente, el Estado no puede asumir la reconstrucción de los bienes privados de quienes decidieron no asegurarlos.

6. Patrimonio e infraestructura monumental En último lugar se ubican las edificaciones monumentales o de culto, como templos e iglesias. Muestra de ello es el colapso de una torre de la Catedral de Manizales o las afectaciones en la Basílica del Señor de los Milagros y la Basílica Menor de Quimbaya. Aunque duela ver dañados estos centros de fe y cultura, no deberían ser prioritarios en la destinación de fondos públicos. Su reconstrucción tendría que gestionarse a través de iniciativas e inversiones privadas.

La paradoja política

Sin embargo, este orden difícilmente será considerado por los gobernantes de turno: no es popular, no genera votos y resulta contraproducente para sus aspiraciones electorales a futuro.

Un país con arraigo católico como Colombia castigaría al gobernante que no ponga por delante la restauración de los templos, a pesar de que en ellos no se genere empleo directo ni se paguen impuestos.

Mantener personas en albergues mientras el Gobierno interviene en la recuperación de empresas operativas se convertiría en el principal argumento de ataque para la oposición, acusando al Estado de favorecer al sector empresarial y dejar a los vulnerables en la calle.

Tener a los estudiantes en modalidades remotas abriría el debate sobre la brecha educativa frente a instituciones privadas con mayor capacidad de respuesta.

Así, la reconstrucción difícilmente seguirá una lógica de maximización de recursos para acortar el tiempo de la calamidad; se ejecutará, más bien, en función de los réditos políticos necesarios para garantizar triunfos electorales en los comicios regionales de 2027.

Platón lo planteó hace más de 2.400 años: cuando un gobernante busca la aprobación popular, suele desplazar lo correcto para hacer lo conveniente. Como bien ilustró en el Gorgias:

“Si tuviera que comparecer ante un jurado de niños teniendo como acusador a un pastelero y como defensor a un médico, el médico perdería sin duda el juicio si el pastelero dijera: ‘Niños, este hombre os ha hecho sufrir muchísimos males, os martiriza con cortes y quemaduras, os mata de sed y de hambre, os da las pócimas más amargas […] mientras que yo os atiborro de toda clase de golosinas’. ¿Qué crees que podría decir el médico en su defensa?”

Se requiere madurez colectiva para comprender que las soluciones estructurales exigen, con frecuencia, los mayores sacrificios. 

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