A la lucha contra la corrupción, como a la paz, le están haciendo mucho ruido sin que se vean resultados que le devuelvan la confianza a una sociedad desencantada y, lo que es más delicado, enfrentada a su poder electoral.
Da grima escuchar el cuento presidencial de que si hoy la corrupción es notoria es porque su gobierno la está destapando, cuando ha sido el que más la ha propiciado, repartiendo la mermelada de los cupos indicativos para comprar apoyos y haciéndose el de los ojos gachos frente a las trapisondas en Reficar, los sobornos de Odebrecht y los asaltos a la salud y la alimentación infantil.
El objetivo de la lucha contra la corrupción no es destaparla, sino castigarla ejemplarmente como mecanismo de disuasión. Sin embargo, la lección social es perversa cuando la corrupción se destapa, pero sus culpables de cuello blanco se le escabullen a la justicia entre acuerdos, principios de oportunidad, vencimiento de términos y detenciones en sus palacetes.
Es urgente reformar la justicia y su eslabón final, el sistema penitenciario, porque allí se pierden los esfuerzos de la Fiscalía, la Policía y la denuncia ciudadana, y allí nace la indignación social. Pero eso solo lo logra un Estado que le devuelva la independencia a los tres poderes, que este Gobierno desbarató con mermeladas, favoritismos y vulgares intereses.
Hoy la Corte Suprema investiga a los parlamentarios que robaron en los megaproyectos y los servicios esenciales en sus regiones. Ojalá no sea una fórmula para desviar la atención sobre el cartel de la toga, una estrategia que utilizó el exprocurador Maya en 2003, cuando investigó a ¡204 parlamentarios! por tráfico de influencias, con la intención oculta de ir cocinando su reelección. Hoy funge de mosquetero anticorrupción y sale con una propuesta entre chiste flojo y populismo barato. Muy a lo Chávez, acude al libertador para pedir ¡pena de muerte a los corruptos!
Debería, más bien, explicar por qué no se dio cuenta a tiempo del tráfico de sentencias de sus excolegas de las altas cortes o de las tropelías de sus amigos que lo eligieron en el Congreso y reeligieron a Santos en 2014. Debería explicar por qué se dedicó a perseguir a Fedegán sin encontrar irregularidad alguna, pero no investiga al señor Iragorri, su socio en esa persecución, a pesar de que entre 2016 y 2017, el “eficiente” exministro ejecutó el 92,8% del presupuesto ¡3,1 billones de pesos! bajo contratación directa, a dedo y con la Contraloría mirando para otro lado.
Mucho ruido: consultas innecesarias, un gobierno con rabo de paja, un contralor en entredicho, impunidad de cuello blanco y populismo promesero, todo resumido en la obviedad de un titular que me llamó la atención: “Consenso de candidatos en lucha contra la corrupción”. ¡Qué tal! La noticia sería que no lo hubiera.
