Una periodista muy bien informada, de la clase que los jueces utilizan para filtrar sus decisiones o el sentido de las mismas, puso en circulación la especie de que la Corte Suprema de Justicia se dispone a ordenar el encarcelamiento del Presidente Álvaro Uribe. Esta sería la culminación de la ofensiva iniciada el 7 de septiembre de 2011, por el dirigente comunista Iván Cepeda cuando acusó al Presidente Uribe de para-militarismo. Todo en esa ofensiva es turbio y descaradamente anti-jurídico.
El denunciante, el Iván Cepeda, quien durante años ha ejercido como defensor y vocero oficioso de las Farc, es un claro enemigo político del Presidente Uribe, responsable de la derrota de la guerrilla de sus afectos. Cepeda, como si fuera un fiscal, se paseó por todas las cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando testimonios entre los para-militares. En cualquier tribunal del mundo esta circunstancia habría bastado para desechar la acusación de Cepeda por su evidente motivación política y para encausarlo a él por el delito de falsa denuncia.
Los testigos son criminales condenados a duras penas por la justicia ordinaria y que aspiran a incorporarse a la JEP, para obtener el tratamiento especial que esta jurisdicción ofrece a los peores delincuentes dispuesto a confesar cualquier pecadillo. Casualmente, la esposa de Cepeda, Pilar Rueda, es asesora de la JEP, en la Unidad de Investigaciones, que es la encargada de formular las acusaciones en los procesos. El odio hacia el Presidente Uribe y el deseo de recibir beneficios jurídicos a cambio de sus acusaciones, hacen poco creíble el testimonio de personajes como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes, en lugar de estar siendo procesados por el delito de falso testimonio, gozan de beneficios carcelarios, incluida la dotación de computadores y teléfonos celulares.
Por el lado de los jueces, las cosas no son mejores. Son escandalosos los atropellos de la CSJ al derecho a la defensa y al debido proceso del Presidente Uribe. Después de desechar la denuncia por falsedad de testigos interpuesta contra Cepeda, el magistrado Barceló inicia una investigación contra el Presidente Uribe, investigación que mantiene en secreto durante más de cinco meses y en desarrollo de la cual, durante un mes, se intercepta ilegalmente al Presidente Uribe y varias personas que le son cercanas. Ningún escrúpulo tuvo el magistrado Barceló para incorporar esas interceptaciones ilegales al proceso contra el expresidente. Quizás no sea ocioso recordar que el magistrado Barceló presidía la sala penal de la CSJ en agosto de 2011, cuando ese tribunal decidió que los documentos de los computadores de Raúl Reyes no podían ser prueba en ningún proceso penal por haber sido obtenidos ilegalmente.
A pesar de que, en mayo de 2018, el Presidente Uribe solicita a la CSJ le certifique la existencia de investigaciones en su contra, solo dos meses más tarde se le notifica el proceso y es llamado a indagatoria, sin haber sido escuchado en versión libre, a lo que tienen derecho los aforados, a pesar de haberlo solicitado en varias oportunidades, después de haberse enterado de la existencia del proceso en su contra por filtraciones del sumario.
Durante todo el proceso han sido constantes las violaciones a la reserva del sumario, del cual parecen tener copia permanentemente actualizada periodistas abiertamente hostiles al Presidente Uribe, como Daniel Coronel.
En septiembre de 2019, el magistrado Cesar Reyes recibe testimonios en el proceso contra el Presidente Uribe, absteniéndose de escuchar los de varios para-militares que afirman haber recibido presiones de Iván Cepeda para que testificaran en contra de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago.
Los cinco magistrados de la Sala Penal de la CSJ tienen en sus manos la oportunidad de revindicar a un tribunal cuyo prestigio está por el suelo después del escándalo del Cartel de la Toga y la afrentosa liberación del delincuente Santrich, entre otros desafueros.
Si la Corte vuelve a equivocarse, el Presidente de la República está en la obligación de negarse a acatar una decisión ostensiblemente violatoria del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. La separación de poderes no puede invocarse para violar la Constitución.
El Centro Democrático debe demostrar que es algo más que una mera coalición de políticos que han buscado promover su carrera a la sombra del prestigio de Uribe. Si, con una respuesta endeble y pusilánime, decepcionan a los ciudadanos, tendrán que prepararse para recibir la dura lección de que en Colombia hay más uribismo que Centro Democrático.
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