Resumen Económico de la Semana del 08 al 12 de Junio de 2026

Resumen Ejecutivo

La segunda semana de junio giró sobre una sola variable que reorganizó todos los mercados: el petróleo. Las señales de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán —que incluiría una prórroga del alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz— desplomaron el crudo cerca de 10%, su mayor caída en meses, y ese movimiento se transmitió en cadena hacia el alivio del consumidor estadounidense, la recuperación de la renta variable, la apreciación de los emergentes y la presión sobre el oro. La paradoja de fondo es que todo ese alivio descansa sobre un acuerdo que aún no se ha firmado: el mercado descontó la paz antes de que exista.

En Estados Unidos, la inflación cruzó el 4% por primera vez en tres años —el IPC anual llegó a 4,2% empujado casi enteramente por la energía, con el núcleo contenido en 2,9%— mientras el IPP saltó a 6,5% anticipando presiones aguas arriba. El mercado de futuros terminó descontando que el próximo movimiento de la Fed será un alza, no un recorte, y Kevin Warsh inaugura su mandato el 16 y 17 de junio con un sesgo que contradice el argumento con el que llegó al cargo. En Europa, el BCE consumó su primera subida en tres años hasta 2,25%, recortando el crecimiento al 0,8% el mismo día que elevó la inflación al 3%, mientras Alemania acumula quiebras al mayor ritmo en doce años y el Reino Unido bordea la estanflación tras contraerse 0,1% en abril.

Asia avanzó hacia el endurecimiento con matices: el Banco de Japón se prepara para subir tasas al 1,0% —máximo en 31 años— con su gobernador hospitalizado, mientras el crédito chino vuelve a defraudar por la debilidad de la demanda inmobiliaria. En América Latina, Banxico rebajó su crecimiento a 1,1% y se distanció de Hacienda mientras Trump enturbiaba el T-MEC, y la inflación brasileña se salió del techo del rango (4,72%) justo antes de la decisión del COPOM.

Colombia recibió el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que confirmó con cifras oficiales el deterioro que se venía advirtiendo: la inflación esperada subió a 6%, el déficit de 2026 se revisó a 5,3% del PIB, los intereses de la deuda consumirán 83,9 billones de pesos en 2027 —casi uno de cada cuatro pesos del recaudo— y el Gobierno anunció una reforma tributaria de 30 billones. El financiamiento de corto plazo se encareció hasta cerca del 14%, con subastas que el Gobierno no logró cubrir al precio ofrecido. Sin embargo, el mercado secundario protagonizó lo contrario: TES, COLCAP y peso se dispararon en un trade electoral que llevó al índice a subir 8,8% en la semana y al USD/COP a romper hasta 3.455 pesos, su menor nivel desde enero de 2021. Esa desconexión entre el optimismo de los activos y el deterioro de las cuentas es la tensión que define la antesala de la segunda vuelta del 21 de junio.

La semana entrante concentra el desenlace de varios hilos simultáneos: la Fed, el BOJ y el COPOM deciden entre el 16 y el 17 de junio, el acuerdo con Irán sigue pendiente de firma, y Colombia define en las urnas si el escenario que sus mercados ya descontaron se confirma o se desmiente. En los tres frentes, la variable común sigue siendo la misma con que abrió la semana: hasta dónde y por cuánto tiempo el conflicto energético seguirá condicionando la inflación, la política monetaria y el costo del financiamiento soberano.

 

I. Estados Unidos: la inflación cruza el 4%, el IPP anticipa más presión y Warsh estrena su mandato con el mercado descontando un alza, no un recorte

La segunda semana de junio confirmó lo que la primera había dejado planteado: la economía estadounidense no le está dando a la Reserva Federal el margen que su nuevo presidente necesitaba para validar la tesis con la que llegó al cargo. La inflación al consumidor superó el 4% por primera vez en tres años, los precios al productor aceleraron a su mayor ritmo desde finales de 2022, y el mercado de futuros terminó la semana descontando que el próximo movimiento de tasas no será un recorte sino un alza. Kevin Warsh inaugura su primera reunión del FOMC el 16 y 17 de junio en un entorno que contradice punto por punto el argumento de que la productividad y la inteligencia artificial permitirían bajar tasas con desinflación.

El dato central de la semana fue el índice de precios al consumidor de mayo. El IPC subió 0,5% mensual y llevó la tasa anual a 4,2%, el nivel más alto desde abril de 2023 y la tercera aceleración mensual consecutiva. La cifra cumplió el consenso, pero esa coincidencia con lo esperado no atenúa el deterioro de fondo: la inflación rompió la barrera psicológica del 4% empujada por un salto de 3,9% mensual en la energía, componente que acumula un alza interanual de 23,5% por efecto directo del conflicto con Irán. La lectura subyacente ofreció el único matiz constructivo del informe. El IPC núcleo avanzó apenas 0,2% mensual —por debajo del 0,3% esperado y del 0,4% de abril— y se ubicó en 2,9% anual. Esa divergencia entre el titular y el núcleo es la clave analítica del dato: la inflación que sufre el hogar estadounidense es casi enteramente energética, mientras las presiones de fondo se mantienen contenidas. Los bienes subyacentes incluso retrocedieron 0,1% mensual, señal de que el traspaso arancelario sigue siendo moderado, y la vivienda —más de un tercio de la ponderación del índice— moderó su avance mensual a 0,3%, la mitad del registro de abril. Los servicios de transporte cayeron 0,6% y los servicios excluyendo energía subieron 0,3% tras el 0,5% de abril, confirmando que el choque petrolero todavía no se filtra de forma generalizada hacia el resto de la canasta. La excepción fueron las tarifas aéreas, que treparon 2,7% como primer canal visible de transmisión energética.

El índice de precios al productor publicado al día siguiente fue, en realidad, la señal más inquietante de la semana, aunque generó menos titulares. El IPP se disparó 1,1% mensual —muy por encima del 0,7% proyectado por el consenso— y llevó la inflación mayorista interanual a 6,5%, la más alta desde noviembre de 2022. El desglose explica por qué el dato importa más de lo que su discreción mediática sugiere: cerca del 80% de la aceleración provino de un salto de 2,8% en los bienes de demanda final, el mayor de toda la serie histórica que arranca en diciembre de 2009, y a su vez el 80% de ese movimiento se concentró en un repunte de 10,7% en energía, con la gasolina mayorista disparándose 23,4%. El IPP subyacente avanzó 0,4%, por debajo del 0,5% esperado, lo que refuerza el mismo diagnóstico del IPC: el combustible está cargando casi toda la presión inflacionaria. Pero la métrica que más debería preocupar a la Fed es el indicador que excluye alimentos, energía y comercio, que se aceleró 0,8% en el mes —el mayor movimiento desde marzo de 2022— y 5,1% interanual, su nivel más alto desde octubre de 2022. El IPP suele anteceder al IPC en la cadena de formación de precios: lo que hoy se acumula aguas arriba tiende a manifestarse en el consumidor en los meses siguientes, justo cuando el conflicto energético todavía no ofrece señales de resolución.

El mercado laboral siguió enviando una señal de aparente solidez que esconde fragilidad bajo la superficie. El informe de mayo —172.000 nóminas no agrícolas y desempleo estable en 4,3%— quedó procesado la semana anterior, pero esta semana Goldman Sachs publicó una lectura contraria que merece atención analítica. La firma sostiene que la estabilidad de la tasa oficial no equivale a fortaleza: su rastreador de holgura, que combina diez indicadores del mercado de trabajo —tasa de renuncias, duración mediana del desempleo, empleo a tiempo parcial involuntario, trabajadores desanimados, relación empleo-población, brecha entre vacantes y desempleados, entre otros—, se ubica en 4,8%, medio punto por encima del desempleo reportado. El dato compone el cuadro completo: una economía que genera empleo a ritmo razonable pero donde la calidad de ese empleo se deteriora, con actividades financieras perdiendo 22.000 puestos en mayo mientras ocio y hostelería sumaba 70.000, una composición que anticipa el efecto temporal del Mundial de Fútbol. Goldman estima que el torneo —del 11 de junio al 19 de julio, con once sedes estadounidenses que concentran un tercio del PIB— añadirá cerca de 40.000 empleos a las nóminas de junio y 10.000 a las de julio, ganancias que se revertirán con una pérdida de 15.000 puestos en agosto cuando expiren los empleos temporales. La distorsión es relevante porque inflará artificialmente los datos de empleo, ventas minoristas e inflación de servicios de los próximos meses, dificultando que la Fed distinga la señal del ruido en plena definición de su sesgo de política.

El consumidor ofreció el contraste más esperanzador de la semana, aunque sobre bases frágiles. La confianza de la Universidad de Michigan rebotó a 48,9 desde 44,8, superando ampliamente el pronóstico de 46,1, impulsada por los hogares de menores ingresos y por la caída de los precios de la gasolina desde sus máximos de cuatro años. Las expectativas de inflación a un año cedieron a 4,6% desde 4,8%, y las de cinco años a 3,4% desde 3,9%. La mejora, sin embargo, debe leerse con cautela por dos razones. La primera es que el índice sigue muy por debajo de su promedio histórico y el alivio depende enteramente de que el conflicto con Irán no reavive los precios energéticos. La segunda la aportó Marianne Lake, presidenta de banca de consumo de JPMorgan, en la conferencia de Morgan Stanley del 9 de junio: para el cliente de menores ingresos, entre el 20% y el 25% del dinero adicional de las devoluciones de impuestos ya se consumió en apenas dos meses de precios energéticos altos. El colchón que sostuvo el consumo se está agotando más rápido de lo que sugieren los datos agregados, y Lake advirtió que un creciente —aunque todavía pequeño— número de hogares enfrenta una inflación salarial que ya no sigue el ritmo de la inflación general. La moderación de las expectativas de Michigan, por tanto, refleja menos un cambio de fondo que el respiro transitorio de la gasolina.

El frente monetario quedó completamente reconfigurado de cara a la reunión del FOMC. El consenso del mercado descuenta con probabilidad cercana al 100% que la Fed mantendrá su tasa en el rango de 3,50%-3,75% el 17 de junio, pero los operadores descartan cualquier recorte en lo que resta del año y asignan más del 60% de probabilidad a que el próximo movimiento sea un alza en diciembre. Una encuesta de Bloomberg a 35 economistas retrasó la expectativa de recortes hasta junio y diciembre de 2027, y un dato revela el giro del sentimiento: el 82% considera que la inflación es hoy un riesgo mayor que el desempleo, frente a diciembre cuando más de la mitad veía el empleo como el principal peligro. Tres cuartas partes de los encuestados anticipan que el FOMC modificará el lenguaje de su comunicado para eliminar el sesgo hacia la flexibilización —ese sesgo ya generó tres votos disidentes en abril— y señalar que el próximo ajuste tiene igual probabilidad de ser un alza. En palabras de uno de los economistas consultados, la señal más relevante no será lo que la Fed haga sino lo que deje de decir.

La reunión es, además, la primera bajo Warsh, y el mercado la observa tanto por la decisión de tasas como por el estilo del nuevo presidente. Warsh llegó al cargo defendiendo que las ganancias de productividad derivadas de la inteligencia artificial tendrían un efecto desinflacionario que permitiría bajar tasas; los datos de sus primeros días corren en sentido contrario. Las versiones de prensa apuntan a que planea reducir la información que la Fed entrega al mercado: menos conferencias de prensa, posible eliminación del dot plot —la proyección anónima de tasas de cada miembro— y una revisión del formato del Resumen de Proyecciones Económicas. Habiendo declarado ante el Senado que no cree en la orientación prospectiva, el cambio se reflejará en un comunicado más breve y en un SEP con menos detalle. El riesgo de esa opacidad lo señalaron varios analistas: menos visibilidad convierte cada publicación de datos en una fuente adicional de volatilidad, y el VIX de corto plazo ya tocó máximos de dos meses anticipando la incertidumbre. El mercado teme menos la decisión —prácticamente cantada— que una eventual “pausa restrictiva” mal comunicada en el debut de un presidente cuya independencia frente a la Casa Blanca todavía no ha sido puesta a prueba.

El frente fiscal cerró el cuadro con una grieta entre el discurso oficial y la aritmética. El secretario del Tesoro Scott Bessent se comprometió ante el Congreso a reducir el déficit federal a 3% del PIB para el final del mandato de Trump y llegó a afirmar que ya había caído a 5,5%, cifra que el Tesoro no ha conciliado con la proyección de 5,8% que la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó para el año fiscal 2026. El 3% no es una meta arbitraria: es el nivel aproximado en que la deuda deja de crecer más rápido que la economía, un umbral que Estados Unidos no alcanza desde 2015 y el último pilar superviviente de la agenda “3-3-3” con la que Bessent llegó al Tesoro. La distancia entre la promesa y la contabilidad independiente añade una capa de riesgo soberano que se acumula sobre un déficit ya elevado y un costo de financiamiento que las tasas largas mantienen presionado al alza.

Valoración. Estados Unidos llega a la reunión de Warsh con una configuración que invierte por completo el debate de hace seis meses. La discusión ya no es cuándo recortará la Fed sino con qué fuerza tendrá que defenderse de la presión para subir. La lectura más fina del dato de inflación, sin embargo, contiene una tensión que el segundo semestre tendrá que resolver: el 4,2% del titular es un fenómeno casi enteramente energético —geopolítico y, por definición, reversible si el estrecho de Ormuz se normaliza—, mientras el núcleo en 2,9% sugiere que las presiones estructurales siguen razonablemente ancladas. El IPP en 6,5%, en cambio, advierte que esa contención podría no durar: la presión acumulada aguas arriba aún no se ha trasladado del todo al consumidor. El riesgo central para los mercados no es una decisión equivocada el 17 de junio —el resultado está descontado— sino el régimen de mayor opacidad que Warsh inaugura: una Fed que comunica menos, en un entorno donde el ruido del Mundial distorsionará los datos de verano y donde la independencia del banco central frente al poder político será objeto de escrutinio permanente. El escenario más probable no es recesión ni aceleración descontrolada, sino una economía que sostiene crecimiento e inflación por encima de meta durante más tiempo del que descuentan los precios, con un banco central que tendrá que decidir si su credibilidad antiinflacionaria pesa más que la presión por tasas más bajas que lo acompañó hasta el cargo.

 

II. Europa: el BCE consuma su primera subida en tres años, Alemania modera precios pero acumula quiebras y el Reino Unido se asoma a la estanflación

La semana confirmó para Europa el desenlace que la anterior había dejado en suspenso: el Banco Central Europeo subió tipos por primera vez desde 2023 y se convirtió en el primer gran banco central global en responder con endurecimiento monetario al choque energético derivado de la guerra con Irán. El movimiento, sin embargo, no resolvió la tensión de fondo que domina el ciclo europeo —una inflación importada que obliga a actuar sobre economías que ya muestran fatiga— sino que la hizo explícita en las propias proyecciones del organismo: el BCE subió tasas el mismo día que recortó su pronóstico de crecimiento y elevó el de inflación. Endurecer la política monetaria mientras se reconoce que la economía crecerá menos es la definición precisa del dilema que Europa arrastrará durante el resto del año.

La decisión del 11 de junio llevó la tasa de depósito a 2,25%, la de crédito a 2,40% y la marginal a 2,65%, un alza de 25 puntos básicos que el mercado descontaba con probabilidad cercana al 100%. El Consejo de Gobierno justificó la medida como una respuesta a las presiones inflacionarias que la guerra entre Estados Unidos e Irán está generando, y subrayó que el alza es robusta frente a una variedad de escenarios sobre cómo podría evolucionar el choque energético. La naturaleza del movimiento es la clave para leerlo correctamente: no es un cambio de tendencia sino un ajuste preventivo, un esfuerzo por mantener ancladas las expectativas de inflación de largo plazo y reforzar el compromiso del banco con su objetivo del 2%. El BCE optó por atajar a tiempo posibles efectos de segunda ronda antes de que el traspaso energético contaminara la formación de precios en componentes de mayor persistencia, en lugar de esperar a que el daño se materializara.

Las proyecciones revisadas dibujaron el cuadro completo del dilema. El BCE elevó su pronóstico de inflación general a 3,0% para 2026 y 2,3% para 2027, fijando la subyacente en 2,5% para ambos años y proyectando el retorno al 2% recién en 2028. El ajuste obedece a la expectativa de precios energéticos más altos que se trasladarán a alimentos, bienes y servicios. Simultáneamente, recortó el crecimiento a 0,8% en 2026, 1,2% en 2027 y 1,5% en 2028, atribuyendo la rebaja a un impacto más pronunciado de la guerra sobre los mercados de materias primas, los ingresos reales y la confianza. La lectura institucional importa: el BCE incorporó por primera vez en junio un tercer escenario —denominado “no tan malo”— a los dos que manejaba derivados del conflicto, reconociendo que el Brent cotizando por debajo del umbral psicológico de 100 dólares por barril, estable frente a mayo y muy lejos de los 120 dólares de abril, abre la posibilidad de que la inflación mejore antes de lo previsto.

Christine Lagarde calibró el mensaje con la cautela que el momento exige. En la conferencia de prensa reiteró que el conflicto en Medio Oriente alimenta la inflación y describió un panorama de riesgos al alza para los precios y a la baja para el crecimiento, evitando comprometerse de antemano con una trayectoria de tasas. Su frase más relevante fue analítica, no retórica: las implicaciones plenas de la guerra dependerán de la intensidad y duración del choque energético y de la magnitud de sus efectos de segunda vuelta. El mercado de bonos anticipa entre una y dos subidas adicionales este año —probablemente septiembre y diciembre—, lectura que el rendimiento del Bund respaldó. La interpretación del consenso, sin embargo, apunta a que es prematuro anticipar un cambio de ciclo: las previsiones de crecimiento se revisaron solo ligeramente a la baja, el mercado laboral permanece estable y el balance de familias y empresas sigue siendo sólido. Deutsche Bank lo sintetizó con precisión al señalar que el BCE descartó la estrategia de “dejar pasar el impacto” como respuesta robusta, pero matizó que el ciclo de endurecimiento no llegará muy lejos: un alza más en septiembre y poco más, porque el riesgo al alza sobre la inflación convive con un riesgo a la baja sobre el crecimiento que el banco no puede ignorar indefinidamente.

Alemania ofreció la nota más constructiva del frente de precios. El IPC final de mayo confirmó una inflación de 2,6% interanual, por debajo del 2,9% del mes anterior, con una caída mensual de 0,2%. La señal es relevante porque, pese al impacto de los precios energéticos, todavía no se observan efectos de segunda ronda ni presiones salariales significativas en la mayor economía del bloque. La moderación alemana sugiere que el choque, hasta ahora, se mantiene confinado al componente energético sin contaminar el núcleo, y que a medida que el crudo ceda terreno podría iniciarse una mejora progresiva del IPC hacia el cierre del año. España presentó un cuadro más tensionado: el INE confirmó el IPC general de mayo en 3,2% interanual y revisó al alza la subyacente a 3,0%, dos décimas más que en abril. El detalle revela la naturaleza del choque: los combustibles líquidos se encarecieron 48,8% interanual por la persistencia del conflicto, mientras la electricidad cayó 5,5% y el gas natural 9,7%, abaratamiento que permitió al Gobierno iniciar el 1 de junio la desactivación de las medidas fiscales sobre la energía. El componente alimentario se moderó a 2,2% anual, aunque con presiones puntuales superiores al 10% en legumbres, hortalizas, huevos y carne de vacuno. La inflación armonizada española se ubicó en 3,6%, una décima más que en abril, manteniendo a España entre las economías con mayor presión de precios del bloque.

El dato que más debería preocupar al BCE no fue de precios sino de actividad. Las quiebras en Alemania no dan señales de remitir: el primer trimestre de 2026 registró 6.275 solicitudes de insolvencia empresarial, un aumento de 6,5% interanual, con marzo disparándose 15,8% hasta el mayor volumen mensual en doce años. Las insolvencias de consumidores crecieron casi una quinta parte hasta 7.462 solo en marzo. La Cámara Alemana de Industria y Comercio calificó la situación como una señal de advertencia para el Gobierno, atribuyendo el deterioro a los altos precios de la energía y al aumento de los costos laborales que golpean especialmente a las empresas medianas. La proyección de las agencias de información crediticia apunta a que las insolvencias seguirán aumentando durante el año. El contraste es elocuente: mientras la inflación alemana se modera y ofrece alivio nominal, el tejido empresarial se erosiona bajo el peso de costos que el endurecimiento del BCE solo puede agravar. Esa es la trampa del ciclo europeo en su forma más cruda.

El Reino Unido completó el panorama con la señal más preocupante de la región. El PIB de abril se contrajo 0,1% mensual, arrastrado por una caída de 0,2% en los servicios, en línea con lo que esperaban los analistas pero confirmando una secuencia de debilitamiento tras el 0,3% de marzo, el 0,4% de febrero y el estancamiento de enero. El factor determinante fue la guerra: la Oficina de Estadísticas Nacionales atribuyó buena parte del deterioro al conflicto, con un desplome de 9,1% en actividades deportivas, de entretenimiento y recreativas —la mayor contribución negativa de una sola industria— vinculado en parte a la cancelación de eventos deportivos en Medio Oriente. Empresas de manufactura, transporte y agencias de viajes reportaron reducciones de facturación atribuidas al alza de costos energéticos. El diagnóstico más severo lo aportó el economista jefe del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, que describió el dato como un dañino descenso hacia la estanflación y lo consideró suficiente para descartar un recorte del Banco de Inglaterra la próxima semana. El cuadro británico es el más inquietante de Europa porque combina contracción de actividad con expectativas de inflación al alza —4% a un año y un récord de 3,9% a cinco años— y un tope nacional de precios de la energía que subirá 13% a partir de julio, trasladando al consumidor parte de los costos del petróleo y el gas que hasta ahora amortiguaba. El FMI ya advirtió que el Reino Unido, como importador neto de energía, podría sufrir el mayor golpe al crecimiento entre las economías avanzadas, recortando su proyección para 2026 de 1,3% a 0,8%.

Valoración. Europa cierra la semana con el BCE habiendo cruzado un umbral cuyo costo apenas comienza a manifestarse. La subida de tipos fue técnicamente correcta y políticamente necesaria —preservar la credibilidad antiinflacionaria de un banco central que no podía permitirse que el choque energético desanclara expectativas—, pero llega sobre una economía que ya muestra sus grietas estructurales: Alemania acumula quiebras al mayor ritmo en doce años, el Reino Unido muestra los primeros riesgos de estanflación, y la propia institución reconoce en sus proyecciones que el crecimiento del bloque será de apenas 0,8% este año. El matiz que define el segundo semestre es esperanzador y frágil a la vez: el Brent por debajo de 100 dólares y la moderación de la inflación alemana sugieren que el choque podría ser menos persistente de lo que el BCE temía cuando diseñó la subida, lo que abriría la puerta a que el ciclo de endurecimiento termine antes —un alza más en septiembre y poco más, como anticipa el consenso. El riesgo central no es que la inflación se descontrole, sino que el BCE quede atrapado en una secuencia donde cada punto básico adicional de tasa erosiona un tejido empresarial que ya no tiene margen, justo cuando la desinflación energética podría llegar por sí sola. La pregunta para Fráncfort en septiembre no será si subir más, sino si el daño de haber subido demasiado supera al de no haber subido lo suficiente.

 

III. Asia: el crédito chino vuelve a defraudar, los megabancos japoneses entran a las stablecoins y el BOJ se prepara para subir tasas sin su gobernador

Asia cerró la segunda semana de junio con dos historias que avanzan en direcciones opuestas pero comparten una misma raíz: la dificultad de las dos mayores economías de la región para hacer que sus sistemas financieros sirvan a sus objetivos de política. China sigue intentando reactivar un crédito que la crisis inmobiliaria mantiene anémico y, al mismo tiempo, reorientar su maquinaria de financiamiento tecnológico hacia un modelo más disciplinado. Japón se prepara para una subida de tasas históricamente significativa en condiciones inusuales —con su gobernador hospitalizado— mientras sus mayores bancos dan un paso institucional hacia la moneda digital. Dos formas distintas de tensión entre la arquitectura financiera y la política monetaria.

En China, el dato de la semana confirmó que el problema de fondo no es de oferta de crédito sino de demanda. Los bancos otorgaron 520.000 millones de yuanes —unos 77.000 millones de dólares— en nuevos préstamos en mayo, por debajo de las previsiones de 550.000 millones y muy lejos de los 620.000 millones del mismo mes del año anterior. La cifra sigue a una contracción de 10.000 millones en abril y deja el acumulado de enero a mayo en 9,11 billones de yuanes, frente a los 10,68 billones de igual período de 2025. El componente que explica la debilidad es revelador: los préstamos a hogares —que incluyen las hipotecas— se contrajeron 141.200 millones de yuanes en mayo, tras un desplome de 786.900 millones en abril, confirmando un ciclo de desapalancamiento del sector privado que ningún estímulo de oferta ha logrado revertir. Los préstamos corporativos compensaron parcialmente al subir a 640.000 millones desde 390.000 millones, pero la lectura de los analistas es inequívoca: la limitación al crecimiento bancario es la falta de demanda, no la disponibilidad de crédito. La contracción de 20% en las ventas de automóviles que documentó ANZ Research confirma que el consumo subyacente sigue débil, y ni siquiera las directrices informales que el Banco Popular de China emitió a los bancos estatales para incrementar la actividad crediticia lograron mover la aguja. La oferta monetaria M2 creció 8,6% y el financiamiento social total se desaceleró ligeramente a 7,7%, señales de una liquidez que existe pero no encuentra destino productivo en una economía donde la confianza, no el dinero, es el recurso escaso. El mercado mira ahora al 20 de junio, cuando el PBOC publicará su próxima actualización de tasas preferenciales.

El segundo frente chino fue estructural y conecta con el hilo regulatorio de la semana anterior. El episodio de Dreame Technology —el mayor fabricante mundial de robots aspiradores, que ha engendrado casi mil empresas afiliadas en sectores que van de los vehículos eléctricos a las redes de satélites, con un fundador que llegó a proclamar que construía la primera empresa de 100 billones de dólares de la historia— expuso las grietas del modelo de financiamiento tecnológico chino. El mismo día en que un gobierno municipal de Jiangsu ordenó a las empresas auditar su exposición a las entidades vinculadas a Dreame, el Consejo de Estado emitió normativas para endurecer la supervisión de la industria de fondos privados valorada en 23 billones de yuanes. La coincidencia no es casual: revela el difícil equilibrio de Pekín entre alimentar sus ambiciones tecnológicas y evitar la asignación ineficiente de recursos. El modelo chino difiere estructuralmente del estadounidense —mientras Washington canaliza apoyo de forma indirecta vía subvenciones y exenciones fiscales, los gobiernos chinos a todo nivel adquieren participaciones directas de capital, exponiendo dinero público a riesgos de valoración, salida y gobernanza. Tras el colapso del financiamiento por venta de tierras después de la crisis inmobiliaria, los gobiernos locales migraron hacia el equity finance usando fondos de orientación gubernamental, de los cuales China había establecido más de 2.100 con un capital objetivo superior a 11 billones de yuanes para finales de 2025. El problema, como sintetizó una analista citada en el material, es que cada nivel de gobierno quiso tener su propio fondo soberano sin la capacidad técnica para evaluar proyectos, produciendo un enfoque de “disparar a todo y rezar” —enorme en escala pero bajo en productividad. La nueva directriz apunta directamente contra ese modelo al exigir control estricto sobre la creación de nuevos fondos y prohibir que condados y distritos los establezcan sin aprobación superior. El costo lo sentirán primero los gobiernos de menor rango, que se quedan sin palancas para impulsar inversión justo cuando la economía más la necesita.

China también avanzó en su agenda de internacionalización del yuan con un movimiento que merece registro estratégico. Tras una reunión en Shanghái el 11 de junio, el PBOC, la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Indonesia anunciaron medidas para promover la liquidación directa entre renminbi y rupia indonesia. El Banco Mandiri, la mayor entidad crediticia de Indonesia, se incorporó al sistema de pagos transfronterizos chino CIPS, y se acordó establecer un banco de compensación de renminbi en Indonesia. El enlace de pagos por código QR entre ambos países, lanzado en mayo, ya conecta a 191 proveedores chinos y 24 indonesios. El movimiento es pieza de una arquitectura más amplia: en un entorno donde los fondos de Wall Street se han retirado de China por riesgo geopolítico, Pekín construye pacientemente los rieles de un sistema de pagos regional que reduce su dependencia del dólar y consolida a Hong Kong como centro offshore del renminbi.

En Japón, la semana giró en torno a la reunión del Banco de Japón que concluye el 16 de junio, pero con una circunstancia que añade una capa de complejidad inédita. El BOJ se prepara para elevar su tasa de política monetaria de 0,75% a 1,0%, el nivel más alto desde 1995, en un movimiento que el mercado descuenta casi por completo y que alinea al banco con el ciclo de endurecimiento global que el BCE inauguró esta misma semana. La particularidad es que el gobernador Kazuo Ueda está hospitalizado por un tratamiento de dos semanas y se perderá la reunión, dejando al vicegobernador Shinichi Uchida a cargo de la rueda de prensa. Las fuentes consultadas coinciden en que la ausencia no alterará la decisión institucional —los ocho miembros restantes de la junta, muchos de los cuales han advertido sobre las presiones de precios, llevarán la tasa al 1%—, pero sí complica la lectura del mercado. Uchida es percibido como uno de los miembros más moderados de la junta, y el desafío será que su tono no provoque una caída indeseada del yen. El reto de comunicación es preciso: el BOJ necesita sonar suficientemente firme para anclar la moneda sin comprometerse a un calendario que la incertidumbre del conflicto con Irán no permite fijar. Como lo describió un economista citado, es un dilema: no querrá atarse a una fecha, pero sonar demasiado cauteloso debilitaría el yen, elevaría los precios importados y aumentaría el riesgo de quedar rezagado.

La paradoja del momento japonés es que el BOJ sube tasas precisamente cuando su métrica de inflación todavía no alcanza la meta. La encuesta de Reuters proyecta que el IPC subyacente de mayo se mantuvo en 1,4% interanual —sin cambios frente a abril y el ritmo más lento desde marzo de 2022—, por debajo del objetivo del 2% por cuarto mes consecutivo, efecto del fin de los subsidios al combustible. Pero el dato que justifica la acción del banco es prospectivo: los precios mayoristas subieron 6,3% interanual en mayo, su ritmo más rápido en tres años, a medida que las empresas trasladan los costos del choque energético al consumidor. Los analistas anticipan que esa presión empujará la inflación subyacente muy por encima del 2% hacia el cierre del año. El BOJ, en otras palabras, no actúa sobre la inflación que ya observa sino sobre la que su cadena de precios mayoristas le anticipa, en una decisión que privilegia el riesgo inflacionario de mediano plazo sobre el riesgo de actividad de corto plazo. El gobierno acompañó con un presupuesto suplementario de 19.000 millones de dólares para amortiguar el encarecimiento energético sobre los hogares, y el banco evaluará además pausar a partir de abril de 2027 la reducción gradual de sus compras de bonos, con el objetivo de estabilizar un mercado de deuda nervioso. Una subida al 1% situaría la tasa cerca del límite inferior del rango neutral estimado entre 1,1% y 2,5%, lo que justifica que el ritmo posterior sea cauteloso: la encuesta de Reuters proyecta un nuevo incremento al 1,25% en el cuarto trimestre.

El sistema bancario japonés dio además un paso institucional de fondo. Los tres megabancos —MUFG, Sumitomo Mitsui y Mizuho— anunciaron que emitirán conjuntamente una stablecoin vinculada al yen y al dólar durante el año fiscal que termina en marzo de 2027, tras pruebas piloto iniciadas en noviembre con el apoyo de la Agencia de Servicios Financieros. El proyecto contempla permitir el uso de la moneda digital para liquidar compras de acciones, bonos y fondos de inversión. El movimiento es significativo porque marca la entrada del sistema bancario tradicional japonés —no de actores cripto especulativos— a la tokenización de la liquidación de activos, un terreno donde la distinción entre la digitalización de infraestructura financiera regulada y la especulación con activos nominales se vuelve cada vez más relevante para los inversionistas institucionales.

Valoración. Asia ilustra esta semana dos modelos distintos de fricción entre el sistema financiero y la economía real. China enfrenta el problema más difícil de resolver con instrumentos de política: la debilidad del crédito no responde a la oferta —el PBOC inyecta liquidez y presiona a los bancos estatales— sino a una demanda que el desapalancamiento inmobiliario mantiene deprimida, y ningún recorte de tasas reactiva el endeudamiento de hogares que prefieren reducir deuda antes que adquirir vivienda. La corrección del modelo de financiamiento tecnológico es saludable a largo plazo pero contractiva en el corto: disciplinar el “disparar a todo y rezar” significa, inevitablemente, menos capital fluyendo hacia las startups que sostenían el dinamismo regional. Japón, en contraste, da el paso monetario más significativo en tres décadas con una convicción que la ausencia de su gobernador no debilita, pero lo hace sobre una moneda que el mercado seguirá vendiendo mientras el diferencial de tasas con Estados Unidos —que esta semana se confirmó más restrictivo de lo previsto— permanezca amplio. El riesgo regional de mayor consecuencia para el segundo semestre se concentra en la transmisión de la normalización japonesa: cuando el BOJ acumule subidas suficientes y el yen revierta, el desarme de posiciones de carry trade podría reorganizar flujos de capital con efectos que excederían ampliamente las fronteras de Asia. El paso de los megabancos hacia las stablecoins, por su parte, es la señal silenciosa de que la infraestructura financiera del futuro se está construyendo desde dentro del sistema regulado, no contra él.

 

IV. México y Brasil: el Mundial no salva el crecimiento mexicano, Trump enturbia el T-MEC y la inflación brasileña se sale del rango justo antes del COPOM

América Latina cerró la semana con dos economías que comparten un denominador incómodo: el espacio de política se les estrecha precisamente cuando más lo necesitarían. En México, el banco central rebajó su proyección de crecimiento y se distanció abiertamente del optimismo de Hacienda, mientras Trump volvió a inyectar incertidumbre sobre el T-MEC a tres semanas de la mesa formal de revisión. En Brasil, la inflación se salió del techo del rango objetivo justo antes de la reunión del banco central, comprometiendo la continuidad del ciclo de recortes en medio de una expansión fiscal electoral que el equipo económico intenta contener. En ambos casos, el conflicto con Irán opera como factor exógeno que encarece las materias primas y limita las opciones disponibles.

En México, el dato de la semana no fue una cifra de actividad sino una discrepancia institucional. El Banco de México revisó a la baja su proyección de crecimiento del PIB para 2026 a 1,1% desde el 1,6% previo, con un rango de 0,5% a 1,7% que se ubica claramente por debajo del 1,8% a 2,8% que sostiene la Secretaría de Hacienda. La distancia entre ambas instituciones no es un matiz técnico: Hacienda proyecta 2,3% y anticipa un repunte en la segunda mitad del año, mientras Banxico —con acceso a la misma información— ve una economía estructuralmente más débil. La subgobernadora Galia Borja fue explícita en aclarar que el pronóstico del banco central ya incorpora el efecto del Mundial de Fútbol, desactivando de antemano cualquier expectativa de que el torneo cambie la trayectoria. El argumento es de geografía económica: de los 104 partidos del Mundial, México albergará apenas 13 —cerca del 12%— distribuidos en tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) que, si bien concentran entre 30% y 35% del PIB nacional, transmiten su impulso al resto del país por canales limitados.

El consenso de las firmas privadas confirma la magnitud modesta del efecto. Grupo Financiero Monex estima que el Mundial añadirá apenas entre 0,20 y 0,30 puntos porcentuales al PIB nominal, mientras Moody’s Analytics lo acota a solo 0,13 puntos porcentuales y proyecta la llegada de menos de 800.000 visitantes a las ciudades sede, muy por debajo de los 5,5 millones que estimó la Secretaría de Turismo. El gasto directo de los turistas no superaría los 1.030 millones de dólares en el escenario base. La lectura de fondo es que el Mundial será un impulso transitorio, concentrado y de corta duración, con efectos limitados sobre el crecimiento agregado y presiones inflacionarias puntuales en sectores específicos como hotelería y transporte. La contradicción que esto plantea es relevante: el mismo evento que en Estados Unidos Goldman estima que añadirá 40.000 empleos y distorsionará al alza los datos de verano, en México apenas mueve la aguja, lo que confirma que el país captura una fracción menor de un torneo cuya sede principal está al norte de la frontera.

El frente comercial añadió ruido estructural en el peor momento posible. Donald Trump afirmó que no tiene intención de renovar el T-MEC, argumentando que a Estados Unidos le va mucho mejor y que no necesita nada de lo que México y Canadá tienen. La declaración llega a semanas de la mesa formal de revisión y aumenta la incertidumbre sobre un acuerdo que canaliza un intercambio comercial conjunto cercano a dos billones de dólares anuales. El matiz técnico es importante para no sobredimensionar el riesgo inmediato: la no renovación no implica terminación automática. Según las disposiciones del propio tratado, si no se alcanza una extensión por otros 16 años en la mesa del 1 de julio, el pacto continúa vigente durante diez años más, sujeto a revisiones anuales, salvo que algún país decida abandonarlo formalmente con seis meses de aviso. Trump no ha señalado intención de retiro completo, pero el daño que genera es de previsibilidad: la segunda ronda de negociaciones se extendió a cuatro días —15 al 18 de junio— y la industria automotriz mexicana enfrenta una desventaja competitiva concreta, con un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense frente al 15% que obtuvieron Japón y Corea del Sur. El nearshoring, que nuestra edición anterior ya identificaba como una promesa que la inversión no validaba con datos, queda ahora condicionado a un marco comercial cuya estabilidad de largo plazo Washington se niega a garantizar.

En Brasil, el dato de la semana fue inequívoco y de consecuencias directas sobre la política monetaria. La inflación anual escaló a 4,72% en mayo, superando el techo del rango objetivo del banco central —3% con tolerancia de 1,5 puntos, es decir un máximo de 4,5%. El IPCA mensual subió 0,58%, por encima del 0,53% esperado aunque moderándose frente al 0,67% de abril, en una desaceleración del ritmo mensual que no impidió que el acumulado de doce meses se saliera de la banda. La última vez que el indicador había quedado fuera del límite fue en octubre de 2025, con 4,68%. El detalle del régimen importa para dimensionar el riesgo: desde 2025 Brasil evalúa la meta de forma continua sobre los doce meses previos, y el techo se considera formalmente incumplido si la inflación supera el rango durante seis meses consecutivos, lo que convierte cada nuevo dato por encima de 4,5% en un paso hacia una eventual carta de explicación del banco central.

La composición del dato revela su naturaleza. Los alimentos y bebidas fueron el motor con un alza mensual de 1,33% —el tercer mes consecutivo por encima del 1%—, aportando 0,29 puntos porcentuales, es decir la mitad de la inflación del mes. Sin ese grupo, la inflación de mayo habría sido de apenas 0,37%. El IBGE atribuyó la presión a la menor oferta de ciertos productos, el costo del flete por carretera y el encarecimiento de los fertilizantes como reflejo directo del conflicto en Medio Oriente, un canal de transmisión que conecta la geopolítica energética con el precio de los alimentos en la mesa brasileña. El transporte, en contraste, cayó 0,46% revirtiendo el repunte de marzo vinculado a la volatilidad del crudo.

El dato compromete al banco central en su reunión del 17 de junio. El COPOM recortó la Selic a 14,50% en abril pero ya entonces citó los riesgos emergentes del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El gobernador Gabriel Galípolo señaló que las presiones de demanda agravan ahora los choques de oferta externos, y el mercado reaccionó desplazando su expectativa de Selic de cierre de año a 13,50% desde el 13,25% de la semana anterior —es decir, anticipando menos recortes de los que esperaba. La raíz de esas presiones de demanda es fiscal y electoral: Lula da Silva sostiene el consumo mediante un fuerte aumento del gasto social en su búsqueda de un cuarto mandato, lo que fortalece los presupuestos de los hogares y sostiene el crecimiento pese a una política monetaria extremadamente restrictiva. El resultado es la tensión clásica entre una autoridad monetaria que endurece y un Ejecutivo que estimula, con la inflación de alimentos como víctima inmediata.

El frente fiscal brasileño completó el cuadro con una batalla que el equipo económico está librando en el Congreso. El ministro de Planificación Bruno Moretti reveló que el gobierno negocia para impedir la aprobación de tres proyectos de ley que añadirían más de 170.000 millones de reales —unos 33.000 millones de dólares— al presupuesto en diez años: una renegociación de deuda rural con tasas subsidiadas (140.000 millones), una flexibilización de las normas de jubilación para trabajadores de salud comunitarios (30.000 millones) y un alza del salario mínimo para médicos y dentistas (8.000 millones anuales). Los proyectos carecen de fuentes de financiamiento y amenazan las reglas fiscales. Moretti advirtió que dañarían la percepción de los inversores y no descartó recurrir al Tribunal Supremo si avanzan sin cumplir los requisitos fiscales, señalando que la propuesta de deuda rural obligaría a los bancos a reservar provisiones adicionales, presionando sus balances y elevando la morosidad sistémica. La señal es la de un gobierno que defiende su disciplina fiscal con una mano mientras estimula con la otra de cara a las elecciones de octubre, una contradicción que el mercado de tasas vigila con atención.

Valoración. México y Brasil ilustran esta semana dos versiones del estrechamiento del espacio de política latinoamericano. México enfrenta una desaceleración que su propio banco central reconoce con una franqueza que contrasta con el optimismo de Hacienda, y lo hace sin la munición de un Mundial que apenas le aporta una décima de PIB mientras enriquece la actividad al norte de la frontera. La incertidumbre del T-MEC, reavivada por Trump en el peor momento, mantiene en suspenso la única narrativa de crecimiento estructural disponible —el nearshoring— al condicionarla a un marco comercial que Washington se niega a estabilizar más allá de revisiones anuales. Brasil enfrenta el dilema inverso pero igualmente incómodo: una inflación que se sale del rango por presión de alimentos y fertilizantes —donde el conflicto con Irán se transmite directamente al consumidor— le quita al COPOM el margen para continuar un ciclo de recortes que la economía real reclama, mientras el impulso fiscal electoral de Lula alimenta exactamente la demanda que el banco central intenta contener. El COPOM se reúne el 17 de junio, el mismo día que la Fed y un día después del BOJ, en una convergencia de decisiones que define la semana entrante: en los tres casos, el conflicto energético es la variable que limita lo que cada banco central puede hacer, y en el caso brasileño esa restricción llega precisamente cuando el calendario electoral exige lo contrario de lo que la inflación permite.

 

V. Colombia: el Marco Fiscal confirma el deterioro, la deuda se encarece a niveles de crisis y el país llega a la segunda vuelta con las cuentas al límite

La semana cerró para Colombia con el documento que define la lectura de todo el bloque: el Gobierno radicó el 12 de junio ante las comisiones económicas del Congreso el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, la hoja de ruta con la que le explica a los mercados y a las calificadoras cómo planea manejar las finanzas públicas. El MFMP confirmó, con cifras del propio Ejecutivo, lo que la edición anterior anticipaba como riesgo: la senda de desinflación se ralentizó, el déficit fiscal se amplió, el costo de la deuda se disparó a niveles no vistos en más de una década y el ajuste necesario para volver a la sostenibilidad excede el margen de maniobra de cualquier gobierno. Todo esto ocurre a nueve días de una segunda vuelta presidencial que el mercado observa no por la ideología del ganador sino por su capacidad de corregir un rumbo fiscal que el documento oficial reconoce comprometido.

El dato central de la semana fue la revisión al alza de la inflación esperada. El Ministerio de Hacienda elevó su proyección de cierre de 2026 a 6% desde el 5,8% previo, reconociendo de manera explícita que la senda de convergencia hacia la meta del Banco de la República se ha ralentizado por presiones de oferta e indexación. El ministro Germán Ávila atribuyó parte de esas presiones al contexto internacional —los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre los precios energéticos y los insumos agropecuarios—, en una conexión directa con el choque que atraviesa todos los bloques de esta edición. El Gobierno proyecta que la inflación descenderá luego a 4,4% en 2027 y convergerá al 3% en el mediano plazo, una vez se disipen los choques de oferta y las presiones de indexación. La proyección oficial del 6%, sin embargo, queda en el extremo optimista frente a las estimaciones de analistas independientes que la ubican entre 6,4% y 6,7% al cierre del año, una brecha que ilustra la distancia entre el escenario que el Gobierno necesita presentar y el que el mercado descuenta. El MFMP mantuvo la meta de crecimiento en 2,6% para 2026 —el mismo ritmo de 2025—, con una moderación a 2,2% en 2027 y un retorno al crecimiento tendencial de 2,9% en el mediano plazo, y proyectó una corrección del déficit de cuenta corriente de 2,4% del PIB en 2025 a 2,2% en 2026, impulsada por las exportaciones, con un precio promedio del Brent de 85,5 dólares por barril para el año.

Pero el corazón del documento, y la señal que encendió las alertas de los analistas, fue el peso creciente del servicio de la deuda. El MFMP reveló que en 2027 Colombia deberá pagar 83,9 billones de pesos solo en intereses de su deuda pública, equivalentes al 3,9% del PIB. La magnitud se aprecia mejor en perspectiva: esa cifra equivale a casi uno de cada cuatro pesos del recaudo tributario proyectado para ese año. El salto entre 2026 y 2027 es de 18,9 billones de pesos, un incremento de 29% en apenas doce meses —el Estado pagará casi un tercio más por sus deudas de un año al otro sin recibir ningún bien o servicio a cambio. Aquí está la contradicción central que el propio documento expone: el Gobierno hace el esfuerzo de contener el gasto primario, que baja de 18,2% a 17,9% del PIB pese a crecer 14,7 billones en términos nominales, pero el costo del financiamiento crece a un ritmo que neutraliza ese trabajo. El balance primario mejora de -2,1% a -0,5% del PIB, pero ese margen se estrecha de inmediato cuando se suma el costo de los intereses. La trayectoria de deuda proyectada se aleja del nivel ancla del 55% del PIB que sirve de referencia de sostenibilidad: la deuda cerró 2025 en 64,7% del PIB y los analistas advierten que el país se acerca peligrosamente a la barrera del 71%, el umbral donde las cuentas se vuelven técnicamente insostenibles. El déficit fiscal de cierre 2026, que el Plan Financiero de marzo situaba en 5,1%, se revisó al 5,3% del PIB en el nuevo marco.

El encarecimiento del financiamiento es el síntoma más agudo del deterioro, y esta semana ofreció evidencia concreta de mercado. El Gobierno llegó a pagar hasta 15% anual por su deuda de corto plazo en mayo, la tasa más alta desde la pandemia. Esta semana, en la subasta número 20 de Títulos de Corto Plazo, la tasa de los papeles a un año rozó el 14% —el nivel más alto de toda la serie histórica desde 2011—, frente al 11,49% con que arrancó el año. Los TES a 10 años rondaron el 14,5% y algunas colocaciones directas tocaron el 15%. El dato que mejor captura la anomalía lo aportó Diego Montañez, analista de la Universidad EAFIT: prestarle al Gobierno a un año rinde hoy cerca del 14%, más que financiar una vivienda, cuya tasa hipotecaria de largo plazo ronda el 13%. Que el Estado tenga que pagar más que un hogar promedio invierte el orden natural del riesgo —un soberano debería financiarse más barato que una persona— y revela que el mercado percibe hoy a Colombia como un deudor más riesgoso que el ciudadano de a pie. La señal de estrés se hizo aún más evidente en la subasta semanal: el país necesitaba 900.000 millones de pesos, recibió ofertas por 850.000 millones y solo adjudicó 650.000 millones porque consideró inaceptables las tasas a las que llegaban los 200.000 millones restantes. El mercado, en otras palabras, no alcanzó a cubrir lo que el Gobierno necesitaba al precio que estaba dispuesto a pagar.

La composición de ese endeudamiento agrava el diagnóstico. Colombia ha colocado en lo corrido de 2026 cerca de 16,2 billones de pesos en Títulos de Corto Plazo a través de 20 subastas, con un cupo autorizado de 67 billones que deja disponibles unos 50,8 billones adicionales. El problema estructural lo señaló Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda: el Gobierno emitió en 2025 cerca de 92,7 billones de pesos en títulos de corto plazo —un aumento de 368% frente a 2024, sin precedentes en la historia fiscal del país—, deuda que vence en menos de un año y que en buena parte financia gastos corrientes. La trampa, advirtió, es que estas operaciones de tesorería no se reflejan en el consolidado de deuda pública, pero el próximo gobierno tendrá que pagarlas. En términos reales, descontando la inflación, las tasas actuales son las más altas de los últimos cinco años: el Gobierno actual recibió la deuda de corto plazo al 3% real y hoy se ubica en 8,6% real. La Contraloría ya envió una alerta disciplinaria al Ministerio de Hacienda advirtiendo sobre riesgos inminentes de afectación a los intereses patrimoniales del Estado, señalando que el país se endeuda más caro mientras incrementa la emisión de corto plazo, una combinación que eleva el riesgo de refinanciación. El propio jefe de Crédito Público, Javier Cuéllar, reconoció públicamente que falló en su pronóstico cuando las tasas rompieron el 14%, atribuyéndolo a una política monetaria más agresiva de lo previsto y a una sobrerreacción del mercado al salario mínimo —una admisión que la edición anterior ya había registrado como señal del desconcierto oficial.

El MFMP hizo explícita, además, la magnitud del ajuste pendiente. El Gobierno anunció que presentará una nueva reforma tributaria por cerca de 30 billones de pesos —equivalentes a 1,4% del PIB— para financiar el presupuesto de 2027 y avanzar en el cumplimiento de la regla fiscal. Los ingresos tributarios deberían pasar de 294,3 billones en 2026 a 339,1 billones en 2027, de los cuales unos 30,2 billones corresponden a las medidas de ajuste. Ávila enmarcó la propuesta en un “Pacto Fiscal” que convoque a toda la institucionalidad del Estado, reconociendo que la magnitud del ajuste excede el margen del Ejecutivo y advirtiendo que aplazar indefinidamente esa discusión podría comprometer el gasto público social que ordena la Constitución. El documento atribuye parte de los desequilibrios a las decisiones de las altas cortes y el Congreso que impidieron la entrada en vigencia de medidas tributarias previas —cerca de 61,9 billones en ingresos potenciales—, así como al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y al propio servicio de la deuda. La discusión de esta reforma se convertirá en uno de los principales debates económicos del segundo semestre, y el ajuste estructural que distintos analistas estiman necesario para el próximo gobierno asciende a al menos 34 billones de pesos. La conexión con la segunda vuelta es directa: cualquiera que sea el ganador del 21 de junio heredará la obligación de tramitar un ajuste de esta escala en su primer año, y la credibilidad con que lo plantee determinará la respuesta de las calificadoras.

El mercado laboral ofreció una de las pocas señales constructivas, aunque con matices. El DANE reportó que la informalidad bajó a 55,1% en el trimestre febrero-abril, una reducción de 1,7 puntos frente al mismo período de 2025, con la desocupación en 8,8% en abril —la más baja desde 2001 según el Gobierno— y 701.000 empleos creados en los últimos doce meses. La composición, sin embargo, revela la fragilidad estructural: de los 13,3 millones de ocupados informales, 8,3 millones son trabajadores por cuenta propia, es decir seis de cada diez informales explotan su propia actividad por su cuenta y riesgo. La reducción de la informalidad es real pero insuficiente para alterar el diagnóstico de una economía donde más de la mitad de los ocupados permanece fuera del empleo formal que tributa y cotiza. En el frente social, el DANE confirmó que la pobreza monetaria bajó por quinto año consecutivo hasta 28% en 2025 desde 31,8% en 2024, con la pobreza extrema reduciéndose de 11,7% a 9,6%, un avance que el Gobierno destacará pero que la aceleración inflacionaria de 2026 amenaza con erosionar.

El frente energético sumó un capítulo que conecta con el riesgo que la edición anterior identificó como el más silencioso. El presidente Gustavo Petro ordenó liquidar la empresa Air-e —intervenida por la Superservicios desde hace 19 meses— para integrar sus activos a una nueva compañía pública en el Caribe, en medio de la crisis del sistema eléctrico de la región. La decisión llega después de que la Contraloría advirtiera sobre el deterioro patrimonial de la empresa, cuya deuda Andeg proyecta podría alcanzar los 3 billones de pesos, y de que la propuesta de socialización de pérdidas quedara bloqueada en el Congreso. El Gobierno acompañó el anuncio con el programa Colombia Solar, dotado de 8 billones en vigencias futuras para impulsar la autogeneración. El episodio ilustra la fragilidad de un sistema energético regional que arrastra déficits de inversión estructurales, justo cuando el riesgo de desabastecimiento de gas ante El Niño —que nuestra edición anterior documentó— sigue latente para el segundo semestre.

Valoración. Colombia llega a la segunda vuelta del 21 de junio con un Marco Fiscal que, lejos de tranquilizar a los mercados, confirmó con cifras oficiales la magnitud del deterioro. El documento expone una aritmética implacable: la deuda se encarece más rápido de lo que el Gobierno logra contener el gasto, los intereses absorberán en 2027 casi una cuarta parte del recaudo, y la trayectoria se aleja del ancla de sostenibilidad hacia umbrales que los analistas describen como de no retorno. La estrategia de Hacienda —cargar el financiamiento hacia el corto plazo y en pesos para reducir el riesgo cambiario— resuelve un problema creando otro: concentra vencimientos en una ventana de doce meses a tasas reales que son las más altas en cinco años, transfiriendo al próximo gobierno una bomba de refinanciación que el propio jefe de Crédito Público admite haber subestimado. El mercado ya cobra ese riesgo: tasas de corto plazo cercanas al 14%, un riesgo país que casi duplica al de Brasil y subastas que el Gobierno no logra cubrir al precio que ofrece. La reforma tributaria de 30 billones que el MFMP anuncia para 2027 no es una opción sino una necesidad aritmética, y su tramitación dependerá de una gobernabilidad que la segunda vuelta apenas comenzará a definir. El BanRep, que enfrenta su decisión de fin de mes con la inflación acelerándose hacia el 6%, opera además bajo una restricción que el MFMP hace visible: el Gobierno, no el Emisor, es quien le ha subido las tasas al país a través de su deterioro fiscal. Lo que el mercado espera del 21 de junio no es un nombre sino una señal creíble de que el próximo gobierno tiene la capacidad y la disposición de tramitar el ajuste que el documento oficial reconoce inevitable. Esa señal, y no el resultado electoral en sí, decidirá si Colombia preserva o pierde el grado de inversión en la ventana que se abre inmediatamente después de los comicios.

 

VI. Mercados financieros

Renta variable: Wall Street se recupera del susto con el debut de SpaceX y la esperanza de tregua, mientras el COLCAP se dispara en pleno trade electoral

La renta variable global vivió una semana de dos tiempos marcada, una vez más, por los giros de la política estadounidense frente a Irán. La sesión arrancó bajo un fuerte episodio de aversión al riesgo —la amenaza de nuevos ataques contra Irán y el encarecimiento del crudo presionaron las expectativas de inflación y desataron ventas agresivas en renta variable— pero el mercado revirtió el deterioro hacia el cierre tras la cancelación de los ataques, el avance de las negociaciones de paz y la caída del Brent. El resultado fue un Wall Street prácticamente plano que recuperó el terreno perdido la semana anterior: el S&P 500 cerró en 7.431,46 puntos con un avance semanal de 0,6%, el Nasdaq Composite en 25.888,84 con 0,7% y el Dow Jones en 51.202,26 con 0,7%. El contraste con la edición anterior es relevante: la corrección de semiconductores que rompió la racha de nueve semanas de ganancias quedó atrás, y el mercado encontró soporte en una narrativa más constructiva.

El catalizador de la semana fue el debut bursátil de SpaceX. La compañía de Elon Musk salió a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX a 150 dólares por acción, por encima de su precio de salida de 135, se disparó más de 20% en la apertura y cerró con un avance de 19% en torno a 161 dólares, con una valoración que superó los dos billones de dólares. El repunte hizo más que impulsar una acción: actuó como termómetro del apetito por inteligencia artificial gracias a la unidad xAI de la compañía, y reactivó la lectura de que otros nombres del sector estaban infravalorados. La infraestructura de índices ya se acomoda a su llegada —el Nasdaq ajustó sus reglas para facilitar la entrada de SpaceX al Nasdaq 100 y MSCI anunció normas de inclusión anticipada, aunque S&P Global descartó la inclusión acelerada al S&P 500. Conviene, sin embargo, leer el debut con la cautela analítica que el propio material sugiere: si SpaceX se comporta como Tesla, la otra compañía de Musk con un beta a cinco años de 1,81, será más volátil que la acción promedio, y su primer informe trimestral será la primera prueba real de fundamentos frente al entusiasmo. El movimiento se transmitió incluso al mercado local: el ETF que replica el Nasdaq 100 a través del Mercado Global Colombiano subió 21% en la jornada del debut.

El resto del tablero tecnológico mostró la dispersión que caracteriza esta fase del ciclo. Nvidia cerró con un alza ligera, AMD y Alphabet ganaron 4,7% y 0,5% respectivamente, mientras Broadcom, Palantir, Amazon y Meta cerraron a la baja, confirmando que el liderazgo del sector ya no es uniforme. Los nombres individuales contaron historias propias: Oracle se desplomó 13,83% tras presentar resultados acompañados de previsiones de inversión mayores a lo esperado, sin que un contrato federal de 395,8 millones de dólares bastara para tranquilizar a los inversores —una señal de que el mercado castiga el gasto de capital cuando no viene acompañado de visibilidad sobre retornos. En el extremo opuesto, KLA Corporation se disparó 31,94% impulsada por una oleada de revisiones al alza de precios objetivo en pleno ciclo alcista de semiconductores ligado a la IA, reforzada por un desdoblamiento de acciones de diez por una. En Europa, las plazas registraron un marcado progreso tras la subida del BCE y las esperanzas de distensión, con Hugo Boss repuntando 10,46% ante una oferta pública de adquisición de Frasers Group que el mercado anticipa revisada al alza.

En Colombia, el COLCAP fue protagonista absoluto con un movimiento que excede por completo la dinámica global. El índice cerró en 2.386,78 puntos con una valorización semanal de 8,8%, impulsado principalmente por el trade electoral posterior a la primera vuelta presidencial, ante la expectativa de un cambio en la orientación económica. El motor fue doble: el sólido desempeño de los emisores del sector financiero y el buen comportamiento de Ecopetrol, favorecida por el petróleo elevado, su peso dentro del índice y una lectura más constructiva sobre el sector energético. El dato más revelador es que el catalizador político dominó sobre el fundamental macro: aunque la inflación local de mayo se ubicó en 0,47% mensual y 5,84% anual —manteniendo la presión sobre el BanRep—, el dato no sorprendió significativamente al alza, lo que permitió que la expectativa electoral continuara gobernando el sentimiento del mercado accionario. Entre los movimientos corporativos, Fitch revisó a la baja la calificación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a “BB-” con perspectiva negativa. Las acciones más valorizadas de la jornada fueron PF Davivienda Group (9,85%), Mineros (6,31%) e ISA (5,78%), mientras que Cibest (-2,83%), PF Cementos Argos (-1,70%) y PF Cibest (-1,67%) lideraron las desvalorizaciones.

Valoración. La renta variable global cerró la semana en un punto de equilibrio frágil que esconde la misma tensión no resuelta del ciclo. Wall Street se recuperó del susto inicial no porque los fundamentos hayan mejorado —el dato de inflación al 4,2% refuerza la cautela sobre una Fed más restrictiva— sino porque la esperanza de un acuerdo con Irán y el entusiasmo por SpaceX desplazaron temporalmente la atención del riesgo monetario. Esa recuperación descansa sobre dos pilares igualmente inciertos: una tregua que aún no se ha firmado y una narrativa de IA que sigue concentrando el liderazgo en un puñado de nombres cuya dispersión —Oracle castigada, KLA premiada— revela que el mercado empieza a discriminar entre quienes monetizan la tecnología y quienes solo invierten en ella. El debut de SpaceX es el síntoma más claro de esa fase: un mercado dispuesto a pagar valoraciones extraordinarias por la promesa de IA, con el primer informe trimestral todavía pendiente como prueba de realidad. En Colombia, el avance de 8,8% del COLCAP es un fenómeno casi enteramente político: el mercado compró con fuerza la opcionalidad de un giro económico tras la primera vuelta, ignorando deliberadamente un cuadro fiscal que el Marco Fiscal de esta misma semana confirmó deteriorado. Esa desconexión entre el optimismo accionario y el deterioro de las cuentas públicas es precisamente lo que hace frágil el rally: está construido sobre una expectativa que la segunda vuelta del 21 de junio deberá confirmar, y cualquier resultado que contradiga el escenario que el mercado ya descontó expondría al COLCAP a una corrección tan rápida como fue su avance.

 

Renta fija: los TES colombianos protagonizan un rally histórico por el trade electoral mientras los Treasuries oscilan y el Bund consolida el giro del BCE

Los mercados de renta fija cerraron una semana donde el protagonismo se desplazó de las economías desarrolladas hacia Colombia, que registró una de las valorizaciones más pronunciadas de su mercado de deuda pública en lo corrido del año. El movimiento global fue comparativamente moderado y dominado por la incertidumbre sobre el conflicto con Irán: los Treasuries oscilaron entre la caída de rendimientos que provocó el dato de inflación subyacente y el repunte de cierre por el desarme de coberturas, mientras la deuda europea consolidó el endurecimiento del BCE con un sesgo ligeramente más constructivo. En el centro de la semana, sin embargo, estuvo el contraste más revelador del ciclo colombiano: un mercado secundario que compra TES con avidez al mismo tiempo que el mercado primario, documentado en el bloque fiscal, exhibe el estrés de tasas más alto en más de una década.

En Estados Unidos, los bonos del Tesoro tuvieron una semana de ida y vuelta que refleja la tensión entre datos e incertidumbre geopolítica. El dato de inflación subyacente mensual menor a lo esperado moderó parcialmente las preocupaciones inflacionarias y permitió una caída de rendimientos durante buena parte de la semana —el bono a 2 años cedió 6,2 puntos básicos, el de 10 años 4,9 y el de 30 años 2,5—, en medio de los episodios de volatilidad asociados a la cancelación de ataques contra Irán que anunció Trump. Hacia el cierre, sin embargo, los rendimientos repuntaron levemente: la falta de confirmación sobre los detalles del acuerdo de paz desarmó las posiciones de refugio que se habían tomado anticipando la tregua, y el retroceso de 3,5% en el petróleo no fue suficiente para relajar las expectativas, dejando el bono a 10 años oscilando en torno al 4,48%. El mensaje de la curva es coherente con el del bloque estadounidense: con la reunión del FOMC a días de distancia, los operadores mantienen vivas las apuestas sobre los próximos movimientos de una Fed que el mercado ya no espera que recorte, y la lectura del dato de inflación —titular elevado pero núcleo contenido— no alcanzó para alterar esa expectativa.

La renta fija europea retuvo un sesgo más constructivo mediante un empinamiento alcista de la curva. El Bund alemán a 10 años retrocedió hasta el 3,00%, consolidando los niveles que el endurecimiento del BCE había marcado, y la deuda periférica liderada por Italia se destacó con caídas de hasta 7 puntos básicos en sus tasas, aunque estos avances se recortaron hacia el cierre por la misma incertidumbre global. A nivel macro, las curvas del bloque siguen asimilando la subida del BCE: los mercados de swaps descuentan 36 puntos básicos de ajuste adicional hacia fin de año, lo que consolida la perspectiva de al menos un incremento más de un cuarto de punto para anclar las expectativas de inflación, a pesar del alivio que aporta el Brent por debajo de los 100 dólares. La lectura es la misma que dejó el bloque europeo: el mercado de bonos valida el diagnóstico de un BCE que aún no ha terminado su ciclo, pero que tampoco llegará mucho más lejos.

En Colombia, el mercado de deuda pública vivió una valorización generalizada de magnitud notable, evidenciando un apetito comprador que comprimió los rendimientos a lo largo de casi toda la curva. En el segmento en pesos, la compresión estuvo liderada por la parte media y larga: los títulos a febrero de 2033 se desplomaron 66,5 puntos básicos en la semana, seguidos por enero de 2035 (-49,5 pbs), noviembre de 2040 (-43,0 pbs) y junio de 2032 (-42,5 pbs), con agosto de 2026 cediendo 59,0 puntos en el tramo corto. La curva real acompañó con descensos aún más pronunciados en algunos nodos: UVR febrero 2037 cayó 57,0 puntos básicos y UVR abril 2035 cedió 56,5. Los catalizadores fueron una combinación poderosa: la revaluación del peso colombiano, los flujos de demanda por duración, el descenso del CDS de Colombia, el seguimiento al movimiento de los Treasuries y un dato de inflación de mayo —0,47% mensual y 5,84% anual— que se ubicó por debajo de lo esperado por los analistas. Al inicio de la semana hubo presiones de desvalorización por las expectativas de una posible subida de tasas del BanRep y por flujos de oferta, pero estas fueron más que compensadas por el mejor apetito por duración, la subasta de TES tasa fija y la expectativa favorable frente al Marco Fiscal.

El detalle más significativo del frente colombiano es que el rally del mercado secundario convivió con el reconocimiento explícito del deterioro fiscal. El Marco Fiscal de Mediano Plazo elevó marginalmente su meta de emisiones de TES vía subastas de 60 a 61 billones de pesos —equivalente al 3,0% del PIB— para 2026, manteniendo el cupo total de colocaciones anclado en 85,25 billones y la estimación de colocaciones directas en 24,25 billones. El propio documento que confirmó la revisión al alza del déficit fiscal de 2026 al 5,3% del PIB fue interpretado por el mercado, paradójicamente, como una señal de que el Gobierno mantiene controladas sus necesidades de financiamiento, disipando los temores de sobreoferta. Esa lectura benigna del MFMP por parte del mercado secundario es la clave para entender la aparente contradicción de la semana.

Valoración. La renta fija colombiana protagonizó esta semana una de las desconexiones más instructivas del ciclo: mientras el mercado primario exhibía el estrés que el bloque fiscal documentó —tasas de corto plazo cercanas al 14%, subastas que el Gobierno no logra cubrir al precio que ofrece, un jefe de Crédito Público admitiendo que falló en su pronóstico—, el mercado secundario compraba TES con avidez y comprimía rendimientos hasta 66 puntos básicos en una sola semana. La explicación de esa aparente paradoja es que ambos mercados están descontando cosas distintas: el primario refleja el costo real y presente de financiar un déficit creciente con vencimientos concentrados en el corto plazo, mientras el secundario compra la opcionalidad de un giro político que la segunda vuelta podría confirmar. El rally de duración es, en esencia, otra expresión del mismo trade electoral que disparó el COLCAP: inversionistas posicionándose ante la expectativa de un próximo gobierno más favorable a la disciplina fiscal, con la revaluación del peso y la compresión del CDS como combustible adicional. La fragilidad de esa valorización es idéntica a la de la renta variable local: está construida sobre una expectativa, no sobre una mejora de los fundamentos que el propio Marco Fiscal confirma deteriorados. Si el 21 de junio valida el escenario que el mercado descontó, el rally puede sostenerse e incluso profundizarse con la entrada de flujos institucionales; si lo contradice, la corrección sería tan abrupta como lo fue el avance, y el tramo corto —donde la realidad fiscal pesa más que la expectativa electoral— sería el primero en reflejarlo. A nivel global, los Treasuries y el Bund confirman que el ciclo de tasas desarrolladas sigue sesgado al alza, lo que limita estructuralmente cuánto puede durar el apetito por duración emergente una vez que el catalizador político se agote.

 

Divisas: el dólar cede por el alivio geopolítico mientras el peso colombiano lidera a los emergentes y el USD/COP rompe a mínimos de cuatro años y medio

El mercado cambiario invirtió esta semana el signo que había dominado la edición anterior. Si la primera semana de junio el dólar se fortaleció por gravedad ante un dato de empleo que empujaba a la Fed hacia una postura más restrictiva, la segunda semana lo vio ceder terreno arrastrado por el alivio geopolítico. El índice DXY retrocedió 0,3% en la semana, estabilizándose en torno a 99,7 unidades, en una sesión marcada por el escalamiento y posterior distensión de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la expectativa de estabilidad en la tasa de la Fed y señales mixtas de inflación, con el IPC anual acelerándose a 4,2%. La caída del billete verde fue moderada y no estructural: el suelo del DXY se mantiene firme de cara a la próxima semana porque las presiones inflacionarias del IPP de mayo y la primera reunión de Warsh al mando de la Fed sostienen vivas las apuestas de un endurecimiento monetario antes de fin de año, limitando mayores descensos. El dólar, en otras palabras, cedió por el optimismo de la tregua, no porque el mercado haya abandonado la tesis de una Fed restrictiva.

Entre las divisas desarrolladas, la debilidad generalizada del DXY permitió que el euro avanzara 0,4% sosteniéndose cerca de máximos de una semana sobre 1,157 —respaldado por la inercia del histórico incremento de tasas del BCE— y que la libra esterlina ganara 0,5% cotizando estable cerca de 1,342, ignorando deliberadamente la contracción económica del Reino Unido y alineándose con el apetito de riesgo global. El franco suizo se mantuvo relativamente estable y el yuan chino avanzó 0,4%, mientras el dólar canadiense retrocedió 0,4% y el australiano cerró prácticamente estable. El protagonista de mayor tensión latente siguió siendo el yen japonés, que cerró sin variaciones relevantes pero resiste bajo fuerte presión en la barrera crítica de las 160 unidades por dólar. La quietud del yen es engañosa: el mercado lo mantiene en ese nivel precisamente a la espera de la reunión del BOJ que concluye el 16 de junio, cuando la subida al 1,0% y el tono de Uchida en ausencia de Ueda definirán si la moneda encuentra soporte o reanuda su debilidad. Mientras el diferencial de tasas con Estados Unidos siga siendo amplio, el yen permanecerá estructuralmente vulnerable pese a la acción del banco central.

En los mercados emergentes predominó la apreciación, y el peso colombiano se consolidó como la divisa de mejor rendimiento del bloque. El peso avanzó 3,8% frente al dólar, impulsado por una combinación de factores que se retroalimentaron: la debilidad del DXY, la caída de la prima de riesgo medida por el CDS a 10 años, los flujos de oferta de dólares en el mercado local y los factores políticos internos asociados a las encuestas presidenciales. El movimiento culminó el viernes con un quiebre bajista de USD/COP, que se desplomó 38,50 pesos para cerrar en 3.455 pesos —su menor nivel de cierre desde enero de 2021—, tras tocar un mínimo intradía de 3.452 con un volumen transado de 1.249 millones de dólares. El resto de la región acompañó con fuerza: el sol peruano lideró inicialmente las valorizaciones con 2,3% por expectativas electorales, mientras el real brasileño (2,1%), el peso chileno (1,7%) y el peso mexicano (1,4%) se beneficiaron de la menor aversión al riesgo global y del mejor apetito por activos emergentes, en medio del optimismo por un posible acuerdo que extendería el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán y reabriría el estrecho de Ormuz.

Valoración. El mercado cambiario de esta semana ilustra cómo un mismo activo puede moverse por razones opuestas en semanas consecutivas. El dólar que se fortalecía hace siete días por el diferencial de tasas cedió esta semana ante el apetito por riesgo que despertó la expectativa de tregua, pero su retroceso fue contenido precisamente porque la tesis de fondo —una Fed que el IPP y la primera reunión de Warsh mantienen sesgada al endurecimiento— sigue intacta. El peso colombiano protagonizó el movimiento más pronunciado de los emergentes, pero su naturaleza es idéntica a la del COLCAP y la de los TES: es un trade electoral, no una mejora de fundamentos. La revaluación a niveles no vistos desde enero de 2021 descansa enteramente sobre la compresión de la prima de riesgo que las encuestas presidenciales alimentan, en una semana donde el propio Marco Fiscal confirmó el deterioro de las cuentas que ese mismo riesgo país debería reflejar. La apreciación regional —Perú, Brasil, Chile, México— sí tiene un componente genuino de alivio geopolítico transmitido por el retroceso del petróleo, pero el caso colombiano amplifica ese componente con una capa doméstica que lo hace más pronunciado y, por lo mismo, más frágil. El peso fortalecido es la cara cambiaria del mismo optimismo que el 21 de junio deberá validar: si el resultado confirma el giro que el mercado descuenta, el USD/COP podría consolidar estos niveles; si lo contradice, la prima de riesgo que hoy comprime la apreciación se revertiría con la misma velocidad con que se desplomó, devolviendo al peso a la realidad de un país cuyo financiamiento externo el mercado primario sigue cobrando caro.

 

Commodities: el petróleo se desploma ante la perspectiva de reapertura de Ormuz, el oro paga el costo de las tasas y el café colombiano se estabiliza desde sus mínimos

El mapa de commodities cerró la semana con un giro que reorganizó la lógica de todos los demás mercados. El petróleo, que durante semanas había sostenido una prima de riesgo geopolítico que contaminaba la inflación global, se desplomó ante las señales de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y esa caída fue el hilo conductor que explica el alivio del consumidor estadounidense, la recuperación de la renta variable, la apreciación de los emergentes y la presión sobre los metales preciosos. La semana confirmó que el crudo seguía siendo la variable que gobernaba el resto del tablero, y que su retroceso podía revertir en pocos días la narrativa inflacionaria que había dominado el ciclo.

El petróleo registró el movimiento más significativo de la semana con un retroceso cercano al 10% —9,40% para el Brent de agosto y 9,70% para el WTI de julio—, alcanzando su nivel más bajo en casi dos meses. El detonante fue la perspectiva de un acuerdo que incluiría una prórroga del alto el fuego de 60 días y, crucialmente, la reapertura del estrecho de Ormuz. El anuncio de Trump de cancelar nuevos ataques contra Irán calmó los temores de escalada militar y desarmó buena parte de la prima de riesgo que el mercado había incorporado. La cautela analítica, sin embargo, sigue siendo necesaria: el acuerdo aún no se ha firmado y Teherán indica que no se ha tomado una decisión final. La reapertura de Ormuz aliviaría de inmediato el mercado al facilitar el tránsito de petroleros en el golfo Pérsico, pero la recuperación de la producción seguirá siendo gradual, lo que sugiere que el desplome de esta semana descuenta un escenario optimista que todavía no se materializa por completo. El crudo, en otras palabras, se movió por la expectativa de una tregua, no por una tregua firmada, en un eco del mismo patrón que se vio en renta variable y divisas.

Los metales preciosos pagaron el costo de la reconfiguración de expectativas. El oro estuvo a punto de tocar la barrera simbólica de los 4.000 dólares antes de rebotar al cierre, terminando en torno a 4.220 dólares la onza con una caída semanal superior al 2%. El mecanismo que lo presiona es el mismo que la edición anterior identificó: la perspectiva de una inflación elevada vinculada a precios energéticos sostenidos alimenta la expectativa de que la Fed y el BCE mantengan tipos altos, un contexto desfavorable para un activo que no genera intereses. El rebote de cierre obedeció paradójicamente a la misma noticia que hundió al petróleo —las esperanzas de tregua—, lo que ilustra la ambivalencia del oro en este entorno: pierde por el lado de las tasas reales pero conserva una función residual de cobertura mientras la incertidumbre geopolítica no se disipe del todo. Las compras de bancos centrales y los flujos de ETF siguen ofreciendo soporte parcial sin alcanzar a revertir el factor dominante de las tasas.

El cobre continuó su retroceso hasta tocar los 13.380 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más bajo en tres semanas, presionado por las tensiones en Oriente Próximo y la perspectiva de una desaceleración económica mundial que exacerba las inquietudes sobre la demanda. El matiz estructural merece registro: las existencias siguen disminuyendo en los almacenes londinenses, lo que evidencia un ajuste de oferta que no desaparece con la corrección de precios. Como en la edición anterior, la lateralización del metal rojo no altera sus fundamentos de largo plazo —la demanda vinculada a electrificación e inteligencia artificial permanece— sino que ajusta el horizonte temporal en que esa demanda se traduce en precios. En el frente agrícola, el algodón se mantuvo cerca de mínimos de dos meses en torno a 76 centavos por libra, presionado por la caída del petróleo que aumenta el atractivo del poliéster como sustituto, mientras el informe de oferta y demanda del USDA de junio apuntó a un equilibrio global más ajustado para 2026/27 con menores existencias y un consumo liderado por China.

El café colombiano ofreció una nota de estabilización tras los mínimos que la edición anterior había documentado. El precio interno de referencia de la Federación Nacional de Cafeteros se cotizó el 12 de junio en 2.030.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94, sin variación frente al día anterior y por encima de los 2.005.000 pesos que marcaron el mínimo del año a comienzos de mes. La estabilización es un respiro frente a la caída sostenida, pero conviene leerla en su contexto: el precio interno se sostiene en parte gracias a factores que para el caficultor son ambivalentes, pues la revaluación del peso de esta semana —que mejora el panorama macro— reduce el valor en pesos de las exportaciones, mientras los precios internacionales siguen condicionados por la perspectiva de la cosecha brasileña récord que el mercado ya descontó. El productor colombiano sigue atrapado entre una producción acumulada por debajo de la del año anterior y un entorno externo que no ofrece señales de un repunte sostenido de precios.

Valoración. El mapa de commodities de esta semana sintetiza el punto de inflexión del ciclo: el petróleo, que había sido el motor de la inflación global y la prima de riesgo que justificó la subida del BCE, la cautela de la Fed y la presión sobre los emergentes, se desplomó cerca de 10% ante la sola perspectiva de que Ormuz reabra. Ese movimiento es, simultáneamente, la mejor y la peor noticia del momento. Es la mejor porque un crudo a la baja alivia la inflación importada que golpeó a Europa, Japón y  Brasil, modera las expectativas de precios que tensaban a los bancos centrales y devuelve poder adquisitivo a los hogares. Es la peor en términos de fragilidad porque toda esa mejora descansa sobre un acuerdo que no se ha firmado: si la tregua se concreta y Ormuz reabre, el desplome de esta semana se consolidará y la narrativa desinflacionaria ganará tracción real; si las negociaciones se enredan —como ya ocurrió en episodios anteriores—, la prima de riesgo volverá con la misma velocidad con que se fue. El oro y el cobre confirman que el factor de las tasas domina sobre la geopolítica en el mediano plazo, mientras el café colombiano ilustra cómo incluso una estabilización de precios puede ser insuficiente para un productor atrapado entre menor volumen y un peso revaluado. El nivel del Brent al cierre de la semana es, más que un precio de equilibrio, la cotización de una apuesta: el mercado descuenta la paz antes de que exista, y la próxima semana —con la Fed, el BOJ y el COPOM decidiendo, y la firma del acuerdo pendiente— dirá si esa apuesta estaba bien tomada.

 

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