Columna crítica que expone los escándalos de corrupción del gobierno Petro, el colapso de la seguridad, la crisis en salud y energía, y su estilo de mando que polarizó Colombia.
Gustavo Petro prometió un gobierno distinto, limpio y transformador. Llegó con la bandera del cambio y terminó dejando un país asfixiado por escándalos que alcanzan su círculo más íntimo. Lo que comenzó como esperanza se convirtió en una sucesión de denuncias que involucran a su hijo, a su jefa de despacho, a su primera dama y a funcionarios de máxima confianza. La promesa de ser diferente se diluyó en una realidad que confirma lo contrario: este fue un gobierno que elevó la corrupción a niveles inéditos en la historia reciente de Colombia, mientras el presidente miraba hacia otro lado o, peor aún, la administraba con indiferencia.
El listado de escándalos es largo y vergonzoso. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se convirtió en epicentro de desfalcos. Laura Sarabia y Armando Benedetti quedaron envueltos en tramas que involucraron hasta a la niñera Marelbis Meza. La financiación de la campaña presidencial salpicó a Nicolás Petro. A esto se suman las investigaciones que han rodeado a Juliana Guerrero, Angélica Rodríguez y, más recientemente, a Verónica Alcocer. No se trata de casos aislados. Es un patrón sistemático que tocó el núcleo del poder y que desmiente cualquier discurso de pureza moral con el que Petro llegó a la Casa de Nariño.
La seguridad se derrumbó bajo la política de “paz total”. Homicidios, masacres, extorsiones y secuestros alcanzaron cifras que no se veían en una década, según datos del propio Ministerio de Defensa. Mientras tanto, el gobierno entregaba beneficios a criminales que seguían delinquiendo. El asesinato de Miguel Uribe Turbay se convirtió en la mácula más dolorosa: el presidente negociaba con quienes, según la Fiscalía, dieron la orden de matarlo, e incluso levantó órdenes de captura. La fuerza pública fue desmoralizada y atada de manos. El resultado es un país más violento y más inseguro que el que recibió.
En salud vivimos la peor crisis sanitaria de la historia reciente. En energía, la decisión dogmática de frenar contratos de exploración de gas y petróleo nos puso al borde del apagón. La burocracia creció de manera desbordada y varios ministerios se transformaron en fábricas de ejércitos electorales. Mientras el presidente hablaba de justicia social, el Estado se hinchaba de contratos y clientelismo. El diagnóstico ambiental que en algún momento pudo sonar razonable se convirtió en extremismo que hoy amenaza el abastecimiento energético de millones de colombianos.
El estilo de gobierno de Petro explica gran parte del desastre. Piensa como un revolucionario que desprecia el método. Sus consejos de ministros se convirtieron en monólogos interminables donde nadie es escuchado. Da órdenes etéreas, se enfurece cuando no se cumplen y destituye ministros en público. Perdió cuatro años por falta de disciplina administrativa y por una vanidad que no admite contradicción. Ahora, al salir, intenta socavar las instituciones junto a Iván Cepeda y el Pacto Histórico, negando el triunfo de Abelardo de la Espriella y sembrando dudas sobre la democracia que él mismo utilizó para llegar al poder.
El balance es demoledor. Petro no solo falló en gobernar: falló en ser diferente. La corrupción no se contuvo; se expandió hasta el núcleo familiar y político del presidente. La seguridad se deterioró, la salud colapsó y la energía quedó en riesgo. Quienes lo defendieron hasta el final intentan relativizar estos hechos hablando de “alternancia” o de logros parciales. Pero los hechos son contundentes. Este no fue un gobierno imperfecto. Fue uno de los más corruptos, ineficaces y polarizantes que ha tenido Colombia. El país ya emitió su veredicto.
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