El pasado viernes 8 de mayo se conoció el asesinato de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista de 25 años, fundador del medio independiente El Confidente de Yarumal, a manos del grupo armado ilegal Frente 36 de las Disidencias de las Farc. El hecho sucedió en la zona rural del municipio de Briceño, Antioquia. El joven había desaparecido desde el martes 5 de mayo, cuando ingresó a la vereda Palmichal, en Briceño, con el fin de realizar entrevistas sobre combates recientes entre el Ejercito y grupos armados al margen de la ley.
El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, no constituye un hecho aislado ni una tragedia excepcional dentro de la historia reciente de Colombia. Su muerte expone, una vez más, la precariedad estructural en la que se ejerce el periodismo regional en el país. Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, fue asesinado mientras realizaba reportería sobre enfrentamientos entre disidencias armadas y el Ejército Nacional en una zona controlada por el frente 36 de las disidencias de las FARC. Organizaciones como la FLIP y medios nacionales señalaron que el periodista había sido interceptado por hombres armados y posteriormente asesinado en medio de su labor informativa. (El País)
La gravedad del caso no radica únicamente en la brutalidad del crimen, sino en lo que representa: el asesinato de un periodista que documentaba el conflicto armado en territorios donde el Estado continúa sin garantizar plenamente el monopolio de la seguridad ni la libertad de prensa. La FLIP registró que desde 1977 han sido asesinados al menos 170 periodistas en Colombia, 22 de ellos en Antioquia. (El País) Estas cifras convierten al país en uno de los escenarios históricamente más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. Gran parte de estos crímenes han sido atribuidos a grupos paramilitares, guerrillas, narcotráfico y redes criminales locales. Otros permanecen en la impunidad o con autores intelectuales no identificados. Organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa también han documentado casos donde agentes estatales o integrantes de la fuerza pública participaron en amenazas, seguimientos ilegales, interceptaciones y agresiones contra periodistas, especialmente durante momentos críticos del conflicto armado interno.
La violencia contra la prensa en Colombia no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad. Pierre Bourdieu (1997) advirtió que los medios operan dentro de estructuras de poder económico y político que condicionan la producción informativa. El periodista regional enfrenta una doble vulnerabilidad: el riesgo físico derivado del conflicto y la precarización laboral que limita su capacidad de protección e independencia. Mateo Pérez no pertenecía a un gran conglomerado mediático ni contaba con esquemas robustos de seguridad. El joven de 25 años costeaba su carrera y sostenía su medio de comunicación independiente vendiendo jugos de fruta natural en el garaje de su casa, donde vivía junto con sus padres. Ejercía un periodismo local, uno de los más expuestos y menos protegidos del país. Su asesinato demuestra que en Colombia informar desde la periferia continúa siendo una actividad cercana al sacrificio.
El gobierno de Gustavo Petro ha sostenido públicamente una narrativa de defensa de la libertad de expresión y del periodismo crítico. Tras el asesinato de Pérez Rueda, el presidente rechazó el crimen y afirmó que no existía negociación con la estructura armada responsable. (Presidencia de la República) Sin embargo, la discusión no puede agotarse en declaraciones institucionales. La política de “Paz Total” ha sido cuestionada por sectores políticos, organizaciones regionales y periodistas debido al fortalecimiento territorial de grupos armados en varias zonas del país. El propio caso de Briceño ocurre en un contexto donde estructuras ilegales continúan ejerciendo control armado, económico y social sobre amplios territorios rurales. (El País)
El discurso presidencial también ha contribuido a tensionar la relación entre el poder político y la prensa. El presidente Petro ha sostenido enfrentamientos frecuentes con periodistas y medios de comunicación, señalando en varias ocasiones sesgos, manipulación o intereses políticos detrás de ciertos cubrimientos. Aunque la crítica a los medios hace parte de la libertad de expresión de cualquier mandatario, el problema surge cuando el discurso presidencial contribuye a profundizar la desconfianza social hacia el periodismo en un contexto donde los comunicadores ya enfrentan amenazas físicas y estigmatización constante. La polarización política ha convertido al periodista en sospechoso permanente: para algunos sectores es operador político del establecimiento; para otros, propagandista del gobierno. En ambos casos, el periodismo pierde legitimidad pública y aumenta su vulnerabilidad.
Noam Chomsky y Edward Herman (1988) sostuvieron que los medios tienden a funcionar bajo filtros económicos y políticos que condicionan la información. Colombia no escapa a esta lógica. La concentración mediática, la dependencia publicitaria y las agendas empresariales afectan la independencia periodística. Sin embargo, la crisis actual va más allá de la estructura de propiedad de los medios. El problema contemporáneo combina violencia armada, deterioro económico del oficio y pérdida progresiva de credibilidad pública. El periodista ya no solo enfrenta el riesgo de ser asesinado; enfrenta también la sospecha permanente de una sociedad polarizada que desconfía de casi cualquier información.
El asesinato de Mateo Pérez Rueda evidencia una contradicción profunda del país. Colombia necesita más periodismo en sus regiones, más investigación local y más voces independientes, pero las condiciones materiales para ejercer ese oficio son cada vez más precarias. El periodista regional queda atrapado entre grupos armados, economías ilegales, abandono estatal y audiencias que consumen información con desconfianza o fanatismo político. La consecuencia de esa combinación resulta devastadora: el miedo silencia, la precarización debilita y el descrédito erosiona el vínculo entre prensa y ciudadanía.
El problema del periodismo colombiano ya no consiste únicamente en defender la libertad de expresión frente a la censura estatal clásica. El verdadero desafío consiste en garantizar que el oficio pueda sobrevivir física, económica y socialmente en medio de un ecosistema atravesado por violencia, polarización y desinformación. Cuando informar implica arriesgar la vida y además ejercer el oficio bajo sospecha permanente, la democracia comienza a perder una de sus pocas herramientas reales de vigilancia sobre el poder.
Referencias
Bourdieu, P. (1997). Sobre la televisión. Anagrama.
Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books.
Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere (T. Burger, Trad.). MIT Press. (Obra original publicada en 1962).
El País – asesinato de Mateo Pérez Rueda
El País – desaparición y denuncia de la FLIP
Comentar