La administración de Gustavo Petro está llegando a su fin, pero las consecuencias de cuatro años de progresismo se verán reflejadas durante los próximos lustros. La situación es tan dramática que los 53 millones de colombianos tendrán que ajustarse el cinturón como nunca antes; al principio no será bonito, pero es el costo si se quiere rescatar al país.
La ideología siempre fue el eje del mandatario saliente en todas sus declaraciones, lo que llevó a una profunda polarización en la que se perdió la tolerancia por cualquier idea que no se ajustara al discurso oficial. Durante este cuatrienio se impulsó la rivalidad y el resentimiento hacia quien piensa diferente.
El progresismo del siglo XXI no es más que el comunismo del siglo XX adaptado. Al llegar al poder de manera democrática se evita el golpe de la bota militar, pero, al contar con un respaldo popular inicial, sus políticas se imponen con fuerza, principalmente desde el frente económico. Bajo esta visión, la iniciativa privada es vista con sospecha y todo tiende a ser controlado por el Estado; fue allí donde el país perdió el rumbo del desarrollo.
El marchitamiento del modelo de salud, la reforma al sistema pensional y la intervención agraria son solo algunos ejemplos de los pilares que intentó consolidar esta administración. Al mismo tiempo, los subsidios desmedidos, la politización de la contratación estatal y el asistencialismo funcionaron como los “dulces envenenados” entregados a la población menos favorecida. El objetivo era claro: garantizar un apoyo decidido a las reformas del Gobierno y sembrar la idea de que el progresismo era la única fuerza que pensaba en ellos.
Al asfixiar la iniciativa privada, los capitales necesarios para dinamizar la economía se ahuyentaron. Ante este escenario, al gobierno populista solo le quedó jugar la peor carta de todas: sostener el aparato estatal mediante el uso desmedido de la deuda pública.
Durante el mandato de Gustavo Petro, el país se ha ido endeudando a una razón de casi 270.000 millones de pesos diarios desde que asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022. Hoy, uno de cada tres pesos que se recaudan por concepto de impuestos está destinado exclusivamente al pago de intereses. ¡Solo intereses!
Como el Presupuesto General de la Nación arrastra un déficit fiscal cercano al 7%, la colocación de nueva deuda se ha disparado en lo transcurrido de 2026, acelerando el ritmo de endeudamiento a más de 400.000 millones de pesos al día. En esta espiral frenética por encontrar nuevos prestamistas, la tasa a la que se colocan los nuevos títulos de deuda (TES) ya supera el 14% anual.
La “gimnasia financiera” de los ministros de Hacienda de este periodo se ha reducido a patear el balón hacia adelante. Ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones adquiridas, simplemente refinanciaron los vencimientos a mayor plazo, aceptando un incremento brutal en los intereses. En palabras simples: el Gobierno está utilizando una tarjeta de crédito costosísima para pagar los cupos de los préstamos anteriores, difiriendo el saldo con tasas de usura.
El crecimiento económico durante el cuatrienio ha sido desastroso, impulsado artificialmente de forma exclusiva por el gasto público, mientras los sectores clave que producen empleo formal y desarrollo real permanecen en números rojos. Así las cosas, Abelardo de la Espriella asume un reto sin precedentes: retornar al país la seguridad jurídica para atraer inversión, modificar el marco legal para que la iniciativa privada vuelva a ser rentable y tejer un entramado confiable entre el Estado, la academia y la empresa privada que devuelva a Colombia a la senda del desarrollo en el menor tiempo posible.
El país ya vivió una encrucijada similar en el año 2002. La gran diferencia es que hoy la población colombiana está fracturada por la ideología y no existe ese consenso generalizado para sacrificarse en pos de un objetivo común. Si las medidas de choque de De la Espriella no dan frutos rápidamente, los más de 12 millones de votantes de Iván Cepeda capitalizarán el descontento social bajo la narrativa de que “estábamos en mejores manos cuando Petro era presidente”.
El país está en cuidados intensivos. Si de verdad se quiere salvar al paciente, se necesitan cirugías mayores, no cuidados paliativos.
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