Una investigación penal por un tuit: eso fue lo que enfrenté en Alemania durante más de dos meses. El 17 de abril, la fiscalía de Berlín (Staatsanwaltschaft Berlin) archivó el caso por falta de pruebas. Lo sorprendente no es el cierre, sino que se haya abierto en primer lugar.
Ese día recibí, a través de mi abogado, una carta de la fiscalía: “Investigación contra su cliente, Dr. Rainer Zitelmann. Acusación: uso de símbolos de organizaciones inconstitucionales y terroristas…”. El caso fue cerrado conforme al artículo 170(2) del Código de Procedimiento Penal, que obliga a archivar cuando no existe sospecha suficiente para presentar cargos. Lo evidente tardó más de dos meses en reconocerse. Aún hoy no está claro por qué la denuncia de un particular bastó para activar todo el aparato judicial.
¿Cómo empezó todo? En diciembre republiqué una imagen en X (antes Twitter). A la izquierda, una fotografía histórica de Adolf Hitler; a la derecha, una imagen reciente de Vladimir Putin. En el montaje, Hitler decía: “Denme Checoslovaquia y no atacaré a nadie más”; Putin: “Denme Ucrania y no atacaré a nadie más”. El mensaje era claro: una advertencia contra la ingenuidad, contra confiar en las promesas de agresores imperialistas.
Al igual que en casos recientes que han involucrado a académicos y periodistas liberales y conservadores en Alemania —entre ellos Norbert Bolz y Jan Fleischhauer—, todo giró en torno al artículo 86a del Código Penal, que prohíbe el uso de símbolos de organizaciones inconstitucionales. El motivo: en la imagen, Hitler aparece con un brazalete con la esvástica.
Más tarde supe que la denuncia había sido presentada mediante uno de los muchos Meldestellen (centros de reporte) que existen en Alemania, aunque todavía desconozco cuál. En los últimos años se han creado decenas de estas oficinas, que permiten a los ciudadanos denunciar a otros ciudadanos, incluso por expresar críticas al feminismo radical.
El proceso ya me ha costado más de seis mil euros en honorarios legales. Puedo permitírmelo; tengo estabilidad financiera. Sin embargo, la repercusión ha sido internacional. En México se publicó recientemente una columna sobre el tema. Antes, medios de Estados Unidos y de toda Europa informaron al respecto. La edición internacional de Neue Zürcher Zeitung lo llevó a su portada; The Times y City A.M., en Londres, publicaron artículos destacados. Las solicitudes de entrevistas continúan: esta semana hablaré con un periodista de otro importante diario británico.
No puedo quejarme de la atención ni del apoyo. Pero eso ocurre porque soy un historiador conocido. ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar un buen abogado, no tienen visibilidad pública y deben enfrentarse solos a situaciones como esta? Para ellos, hablar puede costar hasta tres años de prisión.
Mi caso no es una excepción: representa a miles de ciudadanos que enfrentan procesos intimidatorios. Cada vez más voces críticas dentro de la izquierda reconocen el endurecimiento de las restricciones a la libertad de expresión. El periodista Ronen Steinke, del Süddeutsche Zeitung, también jurista, sostiene que Alemania lleva años acumulando más tabúes y sanciones más severas por palabras que en el resto de los países occidentales.
Entre 2015 y 2025, afirma, el país intensificó esta tendencia: amplió leyes existentes y creó nuevas normas para regular la expresión política. El delito de incitación al odio se ha expandido en varios frentes. A la par, muchas fiscalías han priorizado la persecución del llamado “discurso de odio”, creando unidades especializadas.
La conclusión de Steinke es contundente: nunca ha habido tantas investigaciones en Alemania por simples palabras. En algunas categorías, el número de casos se ha multiplicado por diez y, en ciertos casos, por cien. Así de lejos ha llegado la policía del lenguaje.
Esta nota de prensa fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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