Hablar del profesor Luquegi Gil Neira y de las violencias basadas en género que denunciamos en 2022 no es un asunto menor. Tampoco es un tema fácil de abordar. Antes de cualquier consideración, debo decir que hice parte del grupo de denunciantes que, en su momento, revivió situaciones dolorosas de acoso y abuso sufridas por estudiantes a manos de profesores y compañeros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
Aún hoy, ocho años después de los hechos victimizantes y casi cuatro años después de haber presentado las denuncias, siguen llegando correos de la Procuraduría. Correos que recuerdan que el debido proceso, necesario e indispensable en cualquier Estado de Derecho, también puede convertirse en años de espera, retrasos y aplazamientos que impiden llegar a una decisión definitiva, ya sea sancionatoria o absolutoria, sobre el profesor implicado en el abuso sexual de una menor de edad.
Lo menciono porque es importante recordar que el sistema nos falló. Las instituciones nos fallaron. Y, en muchos sentidos, nos siguen fallando a quienes hemos sido víctimas de violencias basadas en género. No estaban preparadas para responder a estas situaciones. No lo estaban cuando ocurrieron los hechos, ni cuando los denunciamos, ni siquiera después de paros, movilizaciones, protestas y años de insistencia por parte de quienes tuvimos que alzar la voz para exigir justicia.
Sin embargo, hablar del profesor Luquegi como presunto encubridor, cómplice o incluso como un “violentador en segundo grado” no solo me parece impreciso, sino profundamente injusto. Es fácil depositar sobre una sola persona la frustración que producen las fallas históricas y estructurales de una institución. Pero una cosa es señalar al sistema y otra muy distinta responsabilizar a un ser humano por todo aquello que el sistema no supo hacer.
Lo que sí puede exigírsele a una persona es que actúe con negligencia, que omita sus responsabilidades o que adelante acciones encaminadas a ocultar, retrasar o impedir que estas violencias fueran denunciadas y atendidas. Nada de eso puedo atribuírselo a Luquegi.
Durante mis casi diez años en la Universidad de Antioquia nunca vi a otro decano someterse a tantos espacios de conversación, círculos de la palabra, asambleas y consejos para afrontar una situación tan difícil. No solo atendió la crisis; la asumió. Le puso el pecho, aun cuando eso significara escuchar el dolor de las víctimas, soportar la presión de distintos sectores y tomar decisiones que inevitablemente generarían inconformidades.
Recuerdo con claridad la tensión que se vivía en el cuarto piso de la facultad. Muchos profesores cuestionaban las medidas adoptadas por Luquegi, particularmente la decisión de separar temporalmente de las clases a algunos docentes mientras avanzaban las investigaciones. Decían que debía esperarse el resultado de los procesos. Lo acusaban de vulnerar el debido proceso de los señalados. En medio de ese ambiente, tomar decisiones no era precisamente el camino más cómodo.
Llevo años acompañando situaciones relacionadas con violencias basadas en género. Y aunque nadie que represente una institución puede quedar completamente exento de responsabilidades, tampoco podemos olvidar que detrás de los cargos existen personas. Personas que toman decisiones en contextos complejos, con herramientas insuficientes y dentro de sistemas que muchas veces llegan tarde.
No podemos perder de vista esa humanidad. Porque exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas también implica ser rigurosos con la verdad cuando hablamos de quienes estuvieron llamados a responder.
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