“La pregunta, entonces, no es si el conocimiento debe abrirse. En términos éticos, debería abrirse tanto como sea posible. La pregunta decisiva es cómo hacerlo sin destruir las condiciones materiales que permiten su producción. Porque una sociedad que encierra el conocimiento reproduce la desigualdad; pero una sociedad que libera el conocimiento sin sostener sus infraestructuras puede terminar produciendo escasez, precariedad editorial y pérdida de rigor”.
El conocimiento científico debería circular con la mayor libertad posible, pero ninguna libertad se sostiene si no tiene una arquitectura material que la respalde. Esa tensión apareció hace poco en una conversación con el hijo de un gran amigo, quien me compartió un manifiesto sobre tecnología y acceso abierto. Revivió en mí una paradoja difícil de ignorar: para publicar hay que pagar y para leer también hay que pagar. De ese modo, el conocimiento —que debería ampliar las posibilidades humanas— termina cercado por barreras económicas que limitan su movilidad, restringen su transferencia y excluyen a poblaciones enteras que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a información científica de punta.
El problema no es menor. Cuando investigadores, docentes, estudiantes o instituciones de territorios históricamente subdesarrollados no pueden consultar literatura científica actualizada, la desigualdad deja de ser solo económica y se convierte también en desigualdad cognitiva. No se trata únicamente de no tener laboratorios, equipos o financiación suficiente; se trata, además, de no poder entrar plenamente en la conversación global donde se producen, validan y disputan las ideas que orientan el desarrollo contemporáneo. Allí donde el conocimiento se encarece, también se encarece el futuro.
La reflexión me pareció valiosa. Sin embargo, le planteé una inquietud que considero central: las intenciones son válidas, pero no basta con defender un sistema abierto del conocimiento desde el punto de vista moral; también es necesario desarrollar el modelo económico sobre el cual se sostendrán iniciativas interesantes como la de su manifiesto. Hacia allá deberíamos tender. El acceso abierto al conocimiento no puede depender únicamente de la buena voluntad, del voluntarismo institucional o de una indignación legítima frente a las barreras del mercado editorial. Si quiere reemplazar o transformar el sistema existente, debe responder una pregunta difícil: ¿quién financia la revisión por pares, la edición, la curaduría, la preservación digital, la indexación, la infraestructura tecnológica y la sostenibilidad administrativa de ese nuevo ecosistema?
El caso de Aaron Swartz recuerda que la disputa por la libre circulación del conocimiento no es únicamente técnica ni moral: también es jurídica, económica y profundamente personal. Su historia muestra que desafiar estructuras legales, económicas y tecnológicas consolidadas puede imponer costos desproporcionados a quienes intentan ampliar el acceso a la información. Para muchos investigadores, aquella apuesta por liberar conocimiento representó una gran obra social; sin embargo, Swartz terminó encarnando en su propia vida el precio de cuestionar los límites impuestos a la circulación del saber. Su historia no invalida la causa del acceso abierto, pero sí obliga a pensarla con mayor responsabilidad: no basta con abrir puertas si quienes las abren quedan solos frente al peso de los sistemas que buscan derribar.
El riesgo está en idealizar escenarios que, vistos desde la perspectiva de la igualdad, resultan casi impecables. Un mundo donde todo conocimiento científico circule libremente parece, en principio, una aspiración empalagosamente justa. Pero una justicia mal diseñada puede engendrar nuevas formas de injusticia. Si se desarticula un sistema imperfecto que, con todas sus exclusiones, todavía funciona, para sustituirlo por un sistema moralmente superior pero económicamente inviable, el resultado puede ser contraproducente. No habremos democratizado el conocimiento; habremos debilitado las condiciones que permiten producirlo, validarlo y conservarlo.
Ahora bien, reconocer las barreras del sistema editorial no significa asumir que el acceso al conocimiento esté completamente clausurado. El ecosistema contemporáneo es más ambiguo: junto a revistas académicas de pago conviven repositorios institucionales, bibliotecas digitales, bases de datos universitarias, publicaciones parcialmente liberadas, preprints, redes académicas, iniciativas de ciencia abierta y mecanismos informales de circulación. Esa mezcla produce un escenario desigual, pero no homogéneamente cerrado.
Mi propia experiencia ilustra esa zona intermedia. Estoy suscrito a una revista académica de ciencia política y casi cada semana recibo nuevos artículos: algunos están disponibles en acceso abierto, otros permanecen bajo pago, aunque al menos permiten consultar sus resúmenes para valorar si pueden servirme. No es el acceso pleno al conocimiento, pero tampoco es una exclusión absoluta.
En América Latina, además, esta discusión adquiere un matiz particular. Aunque persisten desigualdades estructurales enormes, la región también ha desarrollado tradiciones académicas y plataformas donde las restricciones de acceso suelen ser menores que en otros contextos. No partimos de cero: los repositorios institucionales, las revistas de acceso abierto no comerciales y diversas plataformas regionales han demostrado que otros modelos son posibles, aunque todavía resulten insuficientes para reemplazar la arquitectura global dominante. Esa fortuna relativa no elimina el problema, pero sí impide simplificarlo.
Por eso el debate no debería reducirse a una oposición simple entre conocimiento cerrado y conocimiento abierto. La discusión de fondo es cómo construir una arquitectura de acceso abierto que no sacrifique la calidad, la independencia editorial ni la sostenibilidad financiera. Un sistema verdaderamente justo no es aquel que proclama la gratuidad absoluta sin explicar sus costos, sino aquel que distribuye esos costos de manera inteligente, proporcional y solidaria. Podrían explorarse modelos mixtos: financiación pública internacional, fondos universitarios cooperativos, consorcios regionales, aportes escalonados según capacidad económica, repositorios abiertos, subsidios cruzados, licencias flexibles y plataformas sin ánimo de lucro administradas con criterios de transparencia.
En este punto aparece una pregunta más exigente: ¿cuál es el modelo matemático de sustento económico que permitiría materializar la utopía de la horizontalidad y del flujo casi infinito de la información? No se trata solo de una consigna ética, sino de una estructura de costos, incentivos, riesgos y responsabilidades. Habría que estimar cuántos recursos requiere sostener la plataforma, quiénes los aportarían, bajo qué criterios se distribuirían las cargas, cómo se garantizaría la calidad editorial, qué mecanismos evitarían la captura corporativa o estatal, y de qué manera se protegería a quienes impulsan el proyecto. La horizontalidad no se decreta: se financia, se administra, se audita y se defiende.
La pregunta, entonces, no es si el conocimiento debe abrirse. En términos éticos, debería abrirse tanto como sea posible. La pregunta decisiva es cómo hacerlo sin destruir las condiciones materiales que permiten su producción. Porque una sociedad que encierra el conocimiento reproduce la desigualdad; pero una sociedad que libera el conocimiento sin sostener sus infraestructuras puede terminar produciendo escasez, precariedad editorial y pérdida de rigor.
La historia muestra, además, que muchas veces estos procesos dependen de líderes solitarios, figuras que asumen riesgos enormes en nombre de una causa que consideran superior. Ha ocurrido antes y seguirá ocurriendo. Pero no todo proyecto puede descansar sobre el sacrificio individual. Incluso los Estados, cuando disputan las reglas de propiedad intelectual, lo hacen desde posiciones de poder muy distintas. No es lo mismo tensionar esos regímenes desde una estructura estatal con capacidad diplomática, jurídica y económica, que hacerlo desde la fragilidad de un individuo, una red informal o una plataforma naciente.
El desafío consiste, entonces, en imaginar una economía política del conocimiento abierto: una forma de circulación científica que reconozca el derecho de los pueblos a aprender, investigar y desarrollarse, pero que también asuma que todo sistema necesita recursos, instituciones, reglas y responsabilidades. La verdadera justicia no está solo en abrir las puertas, sino en garantizar que la casa no se derrumbe después de haberlas abierto.
Un modelo abierto, si aspira a encarnar esa promesa, deberá demostrar no solo que el conocimiento puede circular con mayor libertad, sino que esa libertad puede sostenerse sin depender del martirio de unos pocos, de la improvisación financiera ni de la ilusión de que la información, por ser deseable, puede fluir sin costo.
La libertad del conocimiento no consiste únicamente en derribar muros de pago. Consiste también en construir las instituciones que permitan que ese conocimiento siga produciéndose, verificándose y preservándose. Si el saber queda encerrado, reproduce desigualdad; si se libera sin sustento, puede volverse frágil. La tarea, entonces, no es escoger entre mercado cerrado o gratuidad absoluta, sino diseñar una economía política del conocimiento abierto: una casa común donde las puertas estén abiertas, pero cuyos cimientos no dependan del sacrificio de unos pocos.
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