Una mujer que pasó la mitad de su vida cargando un fusil en las FARC se sentó la semana pasada con nosotros en el podcast. Y dijo, sin dramatismo, lo que medio país sospechaba y nunca se dijo. Lo dijo Karina —Elda Neyis Mosquera, excomandante del Frente 47—. Lo que dijo no fue una confesión: fue un recordatorio. Que el Partido Comunista, las FARC y la Unión Patriótica fueron, durante décadas, una sola estructura con varias caras. Y que ese hilo no se rompió cuando hubo cese al fuego, ni cuando nació la UP, ni cuando arreció la guerra.
Cuando le pregunté si era cierto que esa separación entre el Partido Comunista y las FARC había ocurrido en algún momento, ella me respondió con tres palabras que liquidan la versión de las FARC: “Eso nunca pasó”. La separación, según Karina, llegó apenas en 1996. Hasta entonces, las FARC mandaban delegados a los congresos del partido. Allí se tomaban directrices. La JUCO —la Juventud Comunista Colombiana, donde militó Iván Cepeda, que ha sido cuna de buena parte de la dirigencia que hoy gobierna desde el Pacto Histórico— enseñaba a sus militantes que la lucha armada era “la máxima expresión de la lucha revolucionaria”. Y la lucha armada, conviene recordarlo, no era una metáfora ni una categoría académica. Eran las FARC.
Esto debería bastar para repensar buena parte del relato político colombiano del último medio siglo. Y sin embargo no va a bastar. Porque hay narrativas que no se desmontan con datos: se desmontan con tiempo y con incomodidad. Y la incomodidad es justamente lo que la izquierda institucional colombiana ha sabido evitar durante cuarenta años con un cinismo que merece estudio. Antes de que alguien lo reclame, lo digo claro: los que nos oponemos a este gobierno y los que han gobernado este país antes también hemos hecho lo nuestro con el silencio cómodo. Pero el silencio del adversario no exime al propio. Exigir honestidad histórica nos toca a todos los lados, también al nuestro.
La Unión Patriótica fue víctima de un genocidio. Ese hecho no admite matices y debe condenarse sin titubeos: cinco mil militantes asesinados, dos candidatos presidenciales acribillados, un país que se manchó las manos con su propia sangre. Pero condenar el genocidio no le devuelve a la UP la condición de partido autónomo que nunca tuvo. “Por eso las FARC crearon la Unión Patriótica”, dice Karina. Y lo amplía: la UP fue, textualmente, “un partido donde había también integrantes de las FARC”. Una organización con dirigentes que de día hacían campaña en la plaza pública y de noche regresaban a la selva. La paz como táctica, no como estrategia. El Acuerdo de La Habana no fue el primer ensayo de las FARC con la política legal: fue, en rigor, el cuarto.
Y entonces aparece el detalle que vuelve esta entrevista distinta a cualquier otra. Karina cuenta que la dirigencia FARC les daba a las mujeres combatientes “referentes” para inspirarlas. Héroes. Revolucionarias. Una de esas figuras era Yira Castro. La excomandante lo admite sin pestañar: “Yo no sabía que Yira Castro era la mamá de Iván Cepeda. Estando dentro de la organización, no tenía la certeza de quién era. Pero era esa representación, esos nombres que aparecían”. Detengámonos aquí, porque vale la pena. Yira Castro no fue guerrillera. Fue periodista, dirigente del Partido Comunista, esposa del senador de la UP Manuel Cepeda Vargas —asesinado en 1994— y madre de Iván Cepeda Castro, hoy candidato a la presidencia por el Pacto Histórico. Que la dirigencia de las FARC usara su nombre como símbolo de adoctrinamiento para mujeres combatientes dice más sobre la cultura interna de esa organización que mil informes de la Comisión de la Verdad. ¿Será que solo importaba el símbolo?
No estoy diciendo que Iván Cepeda haya sido de las FARC. No lo fue, pero hay una línea gris a la que le faltan muchas explicaciones. No estoy diciendo que su trabajo por las víctimas sea menor: no lo es, aunque sea por las víctimas de un solo lado, las víctimas del Estado y no de los grupos armados ilegales. Estoy diciendo lo que ningún manual de historia colombiano se atreve a poner en una sola frase: la genealogía política de buena parte de quienes hoy nos gobiernan no empieza con la firma del Acuerdo de La Habana. Empieza mucho antes. En una estructura donde el partido, la juventud, el movimiento legal y la guerrilla compartían congresos, directrices, delegados y hasta santos. Y esa historia, conviene advertirlo, no termina con Petro en el poder. Tal vez busquen su culmen con Cepeda. De ahí su empeño en la paz total y en la defensa cerrada de lo que terminó convirtiéndose en la Segunda Marquetalia. Tal vez Cepeda sea el desenlace de lo que empezó con las guerrillas liberales —y lo que podría terminar, si su programa de gobierno se cumple al pie de la letra, en una autocracia socialista—.
Habrá quien responda que Karina, como excomandante desmovilizada, tiene incentivos para construir una narrativa que la posicione. Que su testimonio no representa al conjunto de la izquierda colombiana, donde existen tradiciones democráticas profundas que jamás compartieron camino con las FARC. Que el genocidio de la UP volvió imposible que el partido se desligara orgánicamente de la guerrilla, porque su supervivencia material dependía de ella. Cada uno de esos argumentos merece ser tomado en serio. Y aún así, lo que dijo Karina sigue en pie. Porque ella no necesita defender ninguna tesis. Está contando lo que vio, lo que le enseñaron y lo que hizo durante veinte años.
Lo digo como empresario, como exfuncionario público y como hijo de una generación paisa que aprendió a escuchar esto a media voz. Tony Judt advertía algo parecido para la Europa de posguerra: las sociedades que ordenan selectivamente su memoria terminan ordenando selectivamente su democracia. Colombia lleva cuarenta años haciendo precisamente eso. Y los costos no se cobran en el siguiente debate de televisión: se cobran en el siguiente gobierno, en la siguiente Constitución, en la siguiente generación que crece creyendo en una versión de la historia que ya no se sostiene.
La pregunta, entonces, no es si una gran parte de los que nos oponemos a este gobierno tiene razón. Una gran parte de los que nos oponemos ha tenido razón en algunas cosas y se ha equivocado en muchas otras. La pregunta es otra, y va dirigida a todos. ¿Qué tipo de país construimos cuando los que están en el gobierno se niegan a hacer las paces con su propia genealogía? ¿Y qué clase de izquierda democrática podríamos llegar a tener si lo hiciera?
Si Karina lo dijo, ¿qué dice Cepeda con su silencio ensordecedor?













Comentar