La pelea que los congresistas le están dando a un outsider como De la Espriella no es más que un estertor de la vieja política. Utilizan las armas del pasado (cuoteo político, alianzas antinaturales, etc., etc., etc.) para frenar a un presidente que, aunque también es de derecha, constituye una amenaza existencial para su modus vivendi.
Sin embargo, el riesgo es que, en esa contienda, el presidente electo, al replicar la estrategia de Uribe para acercar el presupuesto a la gente mediante «consejos comunitarios», no esté empoderando a la ciudadanía, sino deslegitimando al Congreso para gobernar sin contrapesos. En un país donde la juventud se inclina hacia la derecha y la confianza en el Ejército y la Iglesia Católica es altísima, la promesa de un líder fuerte que “actúa” mientras el Congreso “obstruye” puede ser el preludio de un giro vestido con el ropaje de la participación ciudadana. La historia nos ha enseñado que los ejecutivos fuertes, cuando se sienten legitimados por las calles y no por las cámaras, tienden a concentrar el poder. Y esa, damas y caballeros, es la verdadera polémica que subyace a la elección de Honorio Henríquez.
Es decir, la elección de Honorio Henríquez en calidad de presidente del Senado no es un mero trámite protocolario: es el primer movimiento de una partida de ajedrez político que definirá los equilibrios de poder para los próximos cuatro años. Para comprender su alcance, debemos aplicar una lente de ciencia política que revele las intenciones y las consecuencias de lo que está ocurriendo en la Cámara Alta.
Lo que se vivió en el Senado es un acto de afirmación institucional, un claro mensaje de que el poder legislativo no se doblegará ante un presidente que no pertenece a su élite tradicional. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha llegado con un discurso de outsider, prometiendo una “revolución de desregulación” y un recorte drástico del gasto público de 70 billones de pesos, lo que incluye la eliminación de 229 cargos en la Presidencia para ahorrar 10.000 millones de pesos anuales.
La puja por la presidencia del Senado entre Honorio Henríquez (Centro Democrático) y Alfredo Deluque (Partido de la U) no es una lucha menor: es la justa por el control de la agenda legislativa. Henríquez, avalado por el expresidente Uribe, representa la vieja guardia del uribismo; Deluque, por su parte, cuenta con el respaldo explícito del presidente electo.
Al apoyar a Henríquez, el Congreso no está eligiendo a un presidente; está mostrándole los dientes a De la Espriella. Está diciendo: «¡Aquí mandamos nosotros!». La jugada es aún más perversa si consideramos que el Pacto Histórico, el principal partido de izquierda, descartó apoyar a Deluque, a quien etiquetan «el candidato del impresentable de Abelardo de la Espriella». Este extraño y antinatural matrimonio entre el uribismo y el petrismo para apoyar a Henríquez es la prueba fehaciente de que, en política, «el enemigo de mi enemigo es mi amigo»; la vieja política se une para frenar al «advenedizo».
Pero aquí es donde la teoría política se torna fascinante. Abelardo no es un novato. Su movimiento está claro y tiene un nombre: uribismo. El nuevo presidente ha anunciado que replicará la estrategia que hizo famoso a Álvaro Uribe Vélez: los Consejos Comunales y el acercamiento directo del presupuesto a la gente.
La ciencia política denomina esta táctica «gobernar sobre la cabeza del Congreso». Al llevar el presupuesto y las decisiones directamente a las regiones, a través de mecanismos de participación ciudadana, De la Espriella busca:
- Deslegitimar al Congreso: si el presidente puede atender las necesidades de la población sin pasar por el filtro del legislativo, ¿para qué sirve el Congreso? Es un mensaje claro: «Yo resuelvo, ellos obstaculizan».
- Ganar capital político directo: al erigirse como el gestor de las soluciones, el presidente acumula un capital político que no depende de los partidos, sino del favor popular.
Tal movimiento es particularmente efectivo en el contexto actual. La legitimidad del Congreso está en el suelo. Según la Encuesta de Invamer de febrero de 2026, el Congreso de la República tiene una favorabilidad de apenas el 33,9 %, frente a un aplastante 57,5 % de desfavorabilidad. Es la institución del Estado con peor imagen, solo superada por los partidos políticos (con un 24,8 % en contra), por lo que, si Abelardo crea un partido, podría restarle aprobación.
Su estrategia se apoya en un fenómeno sociológico de fondo: la juventud está virando a la derecha. Este cambio generacional, que se ha observado en diversas encuestas, alimenta el desencanto con las instituciones tradicionales de la izquierda y el centro, y abre un espacio fértil para discursos de orden y autoridad.
En este escenario, las instituciones que gozan de mayor favorabilidad son precisamente las que representan el orden y la tradición: las Fuerzas Militares (con un 79,1 % de favorabilidad) y la Iglesia Católica (con un 68,9 %). Mientras el Congreso y los partidos políticos son vistos con recelo y desconfianza, el Ejército y la Iglesia Católica son los pilares de confianza de la ciudadanía. Este es el caldo de cultivo perfecto para un presidente que promete mano dura, eficiencia y un «desmonte total del perverso sistema de impunidad».
Los congresistas, como dinosaurios, están riñendo con armas del paleolítico político; entretanto, De la Espriella —de los X-Men— combate con armas de la «generación Z».
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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