En la fase definitiva del gobierno de Gustavo Petro, la narrativa del “cambio” parece haber sido desplazada por una seguidilla de escándalos, fracturas internas y denuncias que provienen, paradójicamente, desde el corazón mismo de su administración. Lo que en algún momento fue presentado como un proyecto político cohesionado hoy muestra signos evidentes de desgaste, desorden y confrontación interna.
Lejos de tratarse de ataques de la oposición, buena parte de los cuestionamientos recientes han surgido del llamado “fuego amigo”: funcionarios y exfuncionarios que, tras su salida o en medio de tensiones internas, han abierto lo que muchos califican como una verdadera “caja de Pandora”.
UNA ADMINISTRACIÓN FRACTURADA DESDE ADENTRO
El caso más reciente, protagonizado por Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, revela un nivel de conflictividad interna que va más allá de simples denuncias administrativas. Sus denuncias sobre presuntas presiones, persecución y hasta riesgos personales, señalando a figuras del propio Gobierno, reflejan un ambiente de desconfianza y lucha de poder dentro de la administración.
Este episodio no es aislado. Por el contrario, se suma a una cadena de salidas traumáticas y declaraciones explosivas de exministros y altos funcionarios que han cuestionado abiertamente el rumbo del Gobierno.
Figuras como Alejandro Gaviria han sido especialmente contundentes, llegando a calificar esta administración como una de las más problemáticas de la historia reciente y criticando el estilo de liderazgo presidencial. A ello se suman las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, quien no solo denunció irregularidades, sino que incluso puso en entredicho el ejercicio mismo de la presidencia.
Estas voces, provenientes desde el interior del Gobierno, tienen un peso político difícil de ignorar y refuerzan la percepción de una administración en permanente tensión.
LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD Y EL RUIDO PERMANENTE
A las fracturas internas se suma un entorno de confrontación constante entre altos funcionarios. Episodios como los choques entre ministros, acusaciones cruzadas y declaraciones públicas cargadas de descalificaciones evidencian una falta de cohesión en el equipo de gobierno.
Casos como el enfrentamiento entre Armando Benedetti y otros miembros del gabinete, o las críticas de Roy Barreras a la política de “paz total”, muestran que las denuncias ya no se manejan internamente, sino que se trasladan al escenario público, amplificando la percepción de desorden.
A esto se suma el escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha salpicado a múltiples funcionarios y exfuncionarios, y que es considerado uno de los episodios más graves en materia de corrupción durante este gobierno.
LA ‘PAZ TOTAL’: DE PROMESA A PUNTO CRÍTICO
Sin embargo, más allá de los escándalos, el mayor cuestionamiento estructural recae sobre la política insignia del Gobierno: la “paz total”.
Concebida como una estrategia integral para poner fin al conflicto armado, hoy enfrenta un balance profundamente cuestionado. Diversos análisis coinciden en señalar que, lejos de debilitar a los grupos ilegales, estos se han fortalecido y expandido territorialmente.
El aumento de economías ilícitas, el crecimiento de estructuras criminales y el deterioro de la seguridad en varias regiones del país han llevado a que incluso antiguos aliados del Gobierno reconozcan fallas en el enfoque.
Las críticas apuntan a la falta de un marco jurídico sólido, la simultaneidad de negociaciones y ceses al fuego, y la ausencia de un plan alternativo en caso de fracaso. En ese contexto, la política ha sido calificada por algunos sectores como improvisada y carente de control efectivo.
UNA CRISIS QUE TRASCIENDE LOS ESCÁNDALOS
El problema de fondo parece ir más allá de casos puntuales. Lo que se observa es una combinación de factores: debilitamiento técnico de las instituciones, priorización del discurso político sobre la gestión, y una creciente desconexión entre el Gobierno y los resultados esperados.
Exfuncionarios como Jorge Iván González han advertido sobre el deterioro de capacidades técnicas clave del Estado, señalando que se ha privilegiado el activismo sobre la planificación estructurada. Este tipo de críticas apuntan a un problema más profundo: la sostenibilidad institucional del país en el mediano plazo.
UN CIERRE DE GOBIERNO BAJO PRESIÓN
En conjunto, el panorama muestra a un Gobierno que enfrenta simultáneamente anormalidades políticas, institucionales y de seguridad. La acumulación de escándalos, sumada a las divisiones internas y a los cuestionamientos sobre su principal política pública, ha configurado un escenario complejo en su recta final.
Más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que el debate público hoy gira menos en torno a las promesas de cambio y más sobre los resultados, las responsabilidades y las consecuencias de las decisiones tomadas.
En este contexto, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió dentro del Gobierno, sino qué impacto tendrá este conjunto de hechos en el futuro político del país y en la confianza de los ciudadanos frente a sus instituciones.
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