“Una cosa es exigir verdad, investigación y sanciones, y otra muy distinta es usar un escándalo como pretexto para desprestigiar al conjunto del profesorado universitario. Convertir casos excepcionales en una narrativa generalizada no solo es injusto, sino funcional a una agenda de recorte que distorsiona el verdadero problema: la precarización estructural que sostiene hoy a la universidad pública en Colombia.…”
Que se investigue todo lo que haya que investigar en la Universidad de Sucre. Si allí hubo aplicación ilegal del Decreto 1279 de 2002, reconocimiento irregular de puntajes o actuaciones contrarias a la ley y a la ética pública, los responsables deben responder. En eso no puede haber titubeos; todo servidor público está obligado a actuar dentro del marco de la legalidad, y corresponde a los órganos de control, mediante el debido proceso, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones del caso.
Pero una cosa es exigir verdad, investigación y sanciones, y otra, muy distinta, es usar ese escándalo como pretexto para desprestigiar al conjunto del profesorado de las 34 universidades públicas del país. Eso es precisamente lo que hoy no puede permitirse. Porque detrás de la indignación legítima frente a posibles irregularidades empieza a instalarse una narrativa tramposa: la idea de que el problema de la universidad pública colombiana es los supuestos salarios astronómicos de sus profesores. Y esa idea, además de falsa, es profundamente funcional a una agenda de recorte.
La realidad de la universidad pública no es la de un cuerpo profesoral mayoritariamente privilegiado. La realidad es la precarización. Es la de miles de docentes ocasionales y de cátedra que sostienen buena parte de la docencia, acompañan a estudiantes, cargan programas enteros y, sin embargo, lo hacen bajo vínculos temporales, sin estabilidad laboral real, con menores garantías y con un reconocimiento salarial claramente inferior al peso de sus funciones. Durante años, el sistema público de educación superior se expandió en cobertura, exigencias de acreditación, investigación, infraestructura y bienestar; pero esa expansión no vino acompañada de un fortalecimiento equivalente de las plantas profesorales. En gran medida, se sostuvo sobre la inestabilidad laboral de la mayoría.
Por eso resulta tan grave que ahora se pretenda enfocar el debate en los máximos salariales de una minoría, mientras se invisibiliza la situación estructural de las mayorías. Si algunos profesores cometieron actos ilegales, deberán ser investigados y, si corresponde, sancionados. Pero eso no autoriza a convertir casos excepcionales en una condena moral contra todo el gremio profesoral. Mucho menos autoriza la fabricación de la idea de que las universidades públicas están en crisis porque les pagan demasiado a sus docentes. Esa no es una explicación seria: es una cortina de humo.
Lo preocupante es que esa cortina de humo coincide con una propuesta de reforma al Decreto 1279, impulsada por este gobierno, que no apunta a dignificar la carrera profesoral, sino a limitarla. Según lo planteado públicamente, la idea sería impedir que un profesor gane más que el rector, fijar topes máximos de puntaje por categoría y permitir que el reconocimiento de puntos salariales dependa de la disponibilidad presupuestal de cada universidad. En otras palabras, una reforma centrada en contener, restringir y recortar. No en corregir desigualdades históricas. No en formalizar a quienes llevan años sosteniendo la universidad desde la precariedad. No en fortalecer el carácter público del sistema.
Y allí está el verdadero problema. Reducir la discusión sobre el Decreto 1279 a la imposición de topes deja por fuera la posibilidad de una reforma integral que atienda lo que realmente necesita la universidad pública: mejores salarios de enganche, fortalecimiento de la carrera profesoral, reconocimiento efectivo de la docencia y la extensión, formalización laboral de docentes ocasionales y de cátedra, cierre de brechas entre universidades y superación de desigualdades de género en las trayectorias académicas. Una reforma construida solo desde la sospecha no corrige el sistema, lo empobrece.
Además, culpar al régimen salarial docente del desfinanciamiento universitario resulta técnica y políticamente insostenible. La crisis de la universidad pública no proviene del salario profesoral, sino del modelo histórico de financiación heredado de la Ley 30 de 1992, que no respondió al crecimiento real del sistema. Durante décadas, las universidades asumieron mayores responsabilidades sin que el Estado financiara de manera suficiente dicha expansión. Trasladar ahora esa responsabilidad a los profesores no solo distorsiona el diagnóstico, sino que también desvía la atención de la obligación estatal de garantizar la sostenibilidad de la educación superior pública.
En consecuencia, lo que hoy está en juego no es simplemente una discusión sobre salarios. Lo que está en juego es la manera en que se quiere presentar al profesorado universitario ante la opinión pública. Y allí hay que ser tajantes: no aceptamos que, a partir de casos particulares, se estigmatice a todo un gremio. No aceptamos que se sugiera que la mayoría de los profesores de las universidades públicas vive en el privilegio, cuando lo que predomina son la inestabilidad, la sobrecarga y la precarización. No aceptamos que un escándalo, por grave que sea, termine por servir de pretexto para abrirle camino a una reforma regresiva basada en topes y restricciones.
Sí: si hubo ilegalidades, deben ser sancionadas. Sí: el servicio público exige legalidad y ética. Pero también es cierto que la universidad pública no puede seguir siendo juzgada únicamente por sus excepciones, mientras se silencian sus injusticias estructurales. El país necesita una discusión seria, amplia y basada en evidencia sobre el Decreto 1279 y el futuro del profesorado universitario. No una operación política que, aprovechando la coyuntura, use el escándalo para justificar el recorte.
El país necesita una discusión honesta sobre la universidad pública. Y esa discusión no puede partir del escándalo como método ni de la estigmatización como argumento. Debe partir de principios democráticos, de legalidad y de justicia laboral: que la legalidad se exige, sí, pero también que la justicia laboral se garantiza; que las irregularidades individuales se castigan, sí, pero no se condena a todo un gremio por la conducta de unos pocos; y que reformar no puede significar recortar, sino dignificar. Si el Gobierno de verdad quiere transformar el régimen salarial de los profesores, que lo haga con evidencia técnica, con participación, con un enfoque integral y poniendo en el centro no los techos salariales de una minoría, sino la precarización de la mayoría que hoy sostiene la educación superior pública en Colombia.
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