Política Selección del editor

Retos políticos frente a la crisis

Hace cuatro años, cuando escribí el pequeño libro Carta sin sobre a los inconformes de Colombia, el dolor era por el robo de lo público, el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del medioambiente. Hoy, son el sufrimiento y el llanto por esas mismas causas, y por la destrucción de la propia especie humana, con la que está acabando no el Covid-19, sino los bandidos que desde el comienzo de los siglos se han apoderado del mundo. La salud, que es un bien público, fue convertida en una mercancía, y por eso ningún Estado se encontraba preparado para una agresión de insalubridad como la del coronavirus.

Los destinatarios de mi carta de 2016 eran de dos categorías: los inconformes del común y los líderes más visibles de los movimientos sociales y políticos alternativos. Los de hoy son los mismos. De los veinte nombres que yo veía como posibles candidatos presidenciales alternativos para 2018, seis estuvieron en alguna etapa o durante todo el proceso: Gustavo Petro, Ángela María Robledo, Clara López, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba. Los cuatro primeros fueron hasta el final, y en representación de la izquierda solo dos: Petro-Ángela María Robledo, obteniendo más de 8 millones de votos, en la segunda vuelta. Las otras dos personalidades apoyaron opciones claramente comprometidas con el régimen: Clara López, al candidato liberal y Claudia López al candidato del Sindicato Antioqueño y de Uribe en su plan B, siendo en su orden las fórmulas vicepresidenciales. Jorge Enrique Robledo se plegó a la última fórmula, y Piedad Córdoba dejó su candidatura a mitad de camino.

No se necesita ser un mago de la matemática electoral para concluir que, si los seis se hubieran mantenido bajo el amplio espectro de los movimientos alternativos, haciendo una consulta previa antes de ir a la primera vuelta, hoy Colombia estaría gobernada por uno de ellos, y no sufriendo la calamidad de Iván Duque.

¿Cuándo es legítimo un gobierno?

Los destinatarios de hoy son los mismos de 2016, pero varían el momento y las circunstancias, porque el Covid-19 ha dejado al desnudo, además de las crisis sanitaria, económica y ambiental, una gigantesca crisis de legitimidad por la concentración absoluta del poder, el enriquecimiento de los que más tienen, la pauperización de las clases medias y la miseria total de quienes se rebuscan el sustento diario en la calle.

El gobierno de un Estado tiene legitimidad cuando logra la motivación y credibilidad colectivas de los miembros de la sociedad para respetar un sistema político y unas autoridades sin recurrir a la fuerza. La motivación y credibilidad colectivas son de tres tipos: en la validez del ordenamiento legal, en la bondad de las ramas del poder público y en la calidad y honradez de los gobernantes.

La motivación y credibilidad colectivas estuvieron ausentes en las últimas dos décadas del siglo xx y las dos primeras del xxi. He ahí la razón por la cual se presentaron muchas manifestaciones masivas en todo el mundo, por parte de distintos sectores sociales, especialmente de los jóvenes y estudiantes, exigiendo a los gobiernos el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Hoy el Estado y sus gobiernos son ilegítimas, no porque lo diga Petro, y lo repitan millones de personas en las redes, ni lo es únicamente el de Colombia. Se trata de una ilegitimidad universal de la organización política de la sociedad. La ilegitimidad se origina en el hecho cierto de que el Estado fue conformado para satisfacer las necesidades de los asociados —interés público—, y desde hace siglos abandonó su esencia para entregarse a los intereses privados, individuales o corporativos, acentuándose la voracidad del mercado a partir de la segunda mitad del siglo xx. Por eso, el reto de la humanidad, en cabeza de las generaciones de la pandemia y de la pospandemia es enorme: encauzar la organización política de la sociedad hasta volver legítimo el Estado.

Desde hace más de treinta años encontré que fuera de los siete pecados capitales que enseña la Biblia, hay catorce más, que hacen ilegítimo el Estado y sus gobernantes. Esa fue la razón para escribir el libro ILEGITIMIDAD DEL ESTADO. Reforma radical o revolución de la diversidad[1]. En esta investigación está el origen y la evolución del Estado, así como las razones de su ilegitimidad y las propuestas para uno nuevo.

Todos los pecados capitales tienen autonomía y desarrollo propios, pero como se haría demasiado extensa esta introducción, solo dejo esbozado el último. El décimo cuarto pecado capital es la cooptación del Estado por parte de familias, clubes, monopolios económicos, mafias y gánsteres. Es la regla universal, con muy pocas excepciones. En Colombia, desde mediados del sexto decenio del siglo xx las mafias del narcotráfico y del paramilitarismo penetraron todos los sectores de la sociedad y las instancias del Estado. Ningún sector de los grandes capitales dejó de beneficiarse con los negocios de las mafias del narcotráfico. Es imposible establecer el orden, pero todos a cuál más se peleaban los dólares convertidos en pesos o los simples fajos verdes. El sector bancario y todo el sistema financiero, quizá fue el primer renglón de la economía en no dar abasto para recibir las toneladas de dinero en rama. Todas las autoridades que de algún modo tenían que ver con Pablo Escobar Gaviria —ejército, policía, jueces, agentes del das, magistrados, ministros, órganos de control, legisladores, constituyentes—, siempre estuvieron tras él, no para capturarlo sino para lucrarse de su dinero a cambio de dejarlo operar a sus anchas. La exigua minoría de esas autoridades que investigaron sus crímenes y las pocas personas que lo enfrentaron política o socialmente fueron asesinadas.

El Covid-19 desencadenó una crisis excepcional

            Algunos analistas dicen que la crisis que ha generado el coronavirus es semejante a la depresión de los años treinta, a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y a la crisis económica de los años 2008/2009. Sin embargo, todos esos episodios fueron menores frente a los que vivimos hoy. Los más serios estudiosos de la coyuntura creen que la caída de la producción mundial no tendrá parangón en la historia, y que lo poco que se había ganado en la disminución de la pobreza desde 2003, se perderá, por efectos de la pandemia. En Latinoamérica, por ejemplo, caerán en la extrema pobreza unos 60 millones de personas, que se suponía que ya la habían superado[2]. En Colombia las cifras que a 20 de julio de 2020 deja la pandemia son aterradoras: 200.000 contagiados, 6.500 muertos, 21% de desempleo y un decrecimiento de la economía en mayo de -16,65%.

Al deterioro de la legitimidad del Estado en general, en nuestro país se acumulan una cadena de crímenes, que se arrastran desde los años cuarenta y llegan hasta nuestros días, convirtiendo esta crisis en excepcional. De los chulavitas de Ospina Pérez y Laureano Gómez se pasa a las convivir de Álvaro Uribe Vélez. Son dos fases del paramilitarismo, de tal manera que las matanzas de campesinos liberales iniciada a partir del 1946 son de la misma estirpe de las acaecidas en los años ochenta y noventa con los militantes de la Unión Patriótica. Hoy, la historia de la segunda mitad del siglo xx se repite con el asesinato de los líderes sociales y militantes de movimientos políticos alternativos. Desde el 24 de noviembre de 2016 —fecha en que se firmó el acuerdo de paz en el Teatro Colón— hasta el 15 de julio de 2020 fueron asesinados más de 600 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 218 excombatientes de las Farc.

El paramilitarismo fue institucionalizado durante los dos cuatrienios de Álvaro Uribe, como se puede ver con el 35% del Congreso, el nombramiento de varios de sus voceros en el gobierno central, y en la elección de muchos gobernadores y alcaldes. Por denuncias del entonces representante a la Cámara Gustavo Petro, un centenar de parapolíticos fueron a dar a la cárcel, y 13 líderes de las auc fueron extraditados por Uribe, para evitar que contaran la verdad en Colombia. Sin embargo, los hijos de los parapolíticos y de los extraditados, así como muchos parientes están hoy en el Congreso u ocupan cargos en el gobierno de Duque, porque ellos, como la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, se hallan protegidos por el principio de que en Colombia no hay delitos de sangre.

El ejército colombiano pasa por el más alto grado de desprestigio debido a múltiples crímenes: asesinato del campesino Dimas Rincón —haciéndolo pasar por guerrillero disidente de las Farc—,  asesinato de 18 niños en el departamento del Caquetá, violación de una niña indígena por siete soldados, de otra niña indígena nukak de 15 años y 118 casos más sin sanción —“ya no quiero distraerme con más explicaciones”, contesta Zapateiro, cuando le preguntan por ese tema—, chuzadas y seguimientos a políticos de oposición y periodistas, para pasarle la información al senador Álvaro Uribe. La alta oficialidad del ejército también se ha visto envuelta en corrupción por negocios de armas y sobrecostos en el régimen de contratación.

En la cúpula de la Fiscalía y la Contraloría hay un intercambio de favores familiares, porque la esposa del fiscal es la mano derecha del contralor y a la vez la esposa de este es la mano derecha del fiscal, de tal manera que cualquier paseo de las dos familias y sus hijos y amigos, con recursos públicos pueden ser disfrazados bajo el ropaje de estar cumpliendo con sus funciones: el fiscal Barbosa con la esposa del contralor persiguiendo el delito, y el contralor Córdoba con la esposa del fiscal preservando los recursos públicos. —¡Qué lindas familias! —. Pero Barbosa en ocasiones no actúa como fiscal sino como mariscal, y grita proclamas condenatorias: “Es que es una vergüenza, hacer cuarentena de qué […] El país no puede entrar en dinámicas exóticas, de epidemiologías de Twitter”.

Desde distintos sectores de oposición cuestionan la elección de Iván Duque, porque su campaña recibió apoyo de las mafias del narcotráfico y de financiadores externos. Con ese grado de ilegitimidad, el Covid-19 ha sido para el gobierno una bendición, porque recurriendo a las medidas de excepción, ha concentrado todo el poder económico y político. La división tripartita del poder ha saltado en pedazos. Hoy no hay Congreso y, ya no tenemos ni siquiera la calle para expresarnos.

Duque en vez de aprovechar la crisis que generó la pandemia para desmarcarse de Uribe y del Centro Democrático y gobernar para todos los colombianos, prefirió hacerlo para quienes le financiaron su campaña: 117 billones de pesos fueron direccionados hacia los bancos y a los mercaderes de la salud. Lo hizo aprovechando el estado de excepción consagrado en el artículo 215 de la Constitución, que lo faculta para “dictar decretos con fuerza de ley, destinado exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”. Si se lee bien el texto constitucional, el presidente Duque hizo todo lo contrario: no conjuró la crisis, sino que la expandió, para congraciarse con los comerciantes, permitiendo dos días sin iva, en plena pandemia. Siguiendo el ejemplo del presidente, los gobernadores y alcaldes corruptos juegan con el presupuesto de los departamentos y municipios, otorgando jugosos contratos a quienes les financiaron sus campañas.

Inconformidad e indignación

A pesar del amordazamiento en que el gobierno Duque tiene al pueblo, con las medidas de excepción, hay una inconformidad y un fermento de indignación a punto de reventar. Las marejadas de pobres que estaban ocultas detrás de la perseverancia y la tenacidad del rebusque, se han visto desbordadas: banderas rojas como símbolo del hambre, miles de pobres muertos en las zonas más deprimidas de las grandes ciudades y cientos de hombres y mujeres vinculados a la salud han perecido luchando por salvarles la vida a los contagiados.

Aquellos segmentos de la población que creían pertenecer a las clases medias, quedaron en su capital real: están convertidos en pobres absolutos, cuyos ingresos no les alcanza para pagar las cuotas de vivienda, de vehículo y de salud, administración, servicios y los colegios de sus hijos.

En medio de ese panorama, el plato está servido para que pasen a la mesa todos los inconformes e indignados de Colombia, liderados por los voceros de los movimientos sociales y políticos alternativos.

La pregunta es: ¿tienen los líderes —mujeres y hombres— de esos sectores alternativos el apetito suficiente o seguirán con los regodeos y mezquindades que se vivieron en el proceso electoral de 2018? ¿Los sectores inconformes que van del centro a la izquierda pasarán a la mesa? Si deciden pasar a manteles es porque aprecian que es la hora de la urgencia, de la razón y de la voluntad. Si predomina el regodeo y la mezquindad, escucharemos, como en el pasado, los vanos argumentos de siempre: “Yo si voy a una consulta, pero donde no esté Petro”. “Reunirme yo con esos asesinos de las Farc, primero muerta. A ellos ya los perdonamos, que purguen sus penas en la cárcel y luego hablamos”.

Aprendiendo del pasado, quizá sean necesarias dos condiciones. La primera, sin vetos para nadie que vaya del centro a la izquierda. La segunda, no haber tenido negocios económicos, ni políticos, ni de narcotráfico, ni de paramilitarismo con Álvaro Uribe Vélez, y que si los tuvo, ahora tenga el valor civil de reconocer y rectificar. La razón es elemental. Uribe ha transitado en la vida pública durante más de cuarenta años, debatiéndose en un concierto de delitos, de los que solo se han hecho caricaturas del crimen y denuncias penales, con una sola actuación judicial seria: su indagatoria en la Corte Suprema el 7 de octubre de 2019. Por eso, llegó el momento de pedirle a los tribunales nacionales e internacionales que decidan de manera cierta y sin vacilación, con base en las pruebas que a grito herido claman justicia.

Cumplidos esos dos requisitos de la decencia política,  es la hora de que se sienten en videoconferencias la veintena de los postulados para el proceso electoral de 2018, las caras nuevas que van surgiendo —como Gustavo Bolívar, Camilo Romero, Carlos Amaya y Rodolfo Hernández—, y todos los líderes y voceros que oscilan entre el centro y la izquierda: los que se retiraron del Partido Liberal —Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, entre otros—, los del partido de la U, los verdes, los amarillos, los de la rosa y el girasol, a conversar para encontrar las reglas de juego que permitan hacer una consulta interpartidista antes de las elecciones legislativas de 2022. Estamos a tiempo, pero no pueden dejar para última hora. Faltan menos de diecisiete meses para inscripción de listas y veinte para esas elecciones. Antes de la fecha de inscripción de las listas debe hacerse la consulta, porque quienes no queden en la fórmula presidencial, podrían encabezar las listas del Senado, y Cámara de Bogotá, pues en un gobierno democrático y alternativo, tan importante es ser presidente de la república como liderar el Congreso.

Corrupción electoral y vigilancia internacional

            Que el actual régimen electoral es corrupto hasta los tuétanos, es un hecho público y notorio. Desde sus inicios lo fue. La historia de la jurisdicción contencioso administrativa de Colombia, es la historia de la corrupción político-electoral de nuestro país. Por eso, en el Consejo de Estado hay una sección —la quinta— que se llama electoral, cuya función es resolver las corruptelas políticas y los robos electorales.

Siempre hubo corrupción, pero hoy son verdaderas fábricas, donde se compran la presidencia de la república, las curules de senadores y representantes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Hasta un nuevo lenguaje circula en épocas electorales: el combo completo, si se trata de senador-representante o gobernador-diputado-alcalde-concejal. La Casa Blanca de las familias Char y Gerlein, que denunció Aída Merlano, los audios de José Guillermo el “Ñeñe” Hernández y los 300.000 dólares donados por el venezolano Oswaldo Cisneros a la campaña de Duque, son apenas tres ejemplos de la podredumbre electoral.

Ante esa realidad, conviene que la coalición de centro-izquierda que se forme para el proceso electoral de 2022, denuncie estas prácticas ante los organismos internacionales y los partidos políticos de estirpe democrático de América y Europa, para que nombren delegaciones importantes que vengan y se instalen en las principales ciudades de Colombia, y vigilen no solo las campañas de los distintos partidos políticos sino, las registradurías departamentales.

Cada uno de los que lideran un movimiento o partido político tendrá, como es natural, un programa. Conviene que lo ponga sobre la mesa, para que los demás contertulios y todos los ciudadanos interesados los conozcamos. Pero también conviene que al lado de esos programas se debatan las corresponsabilidades político-administrativas a partir de 2022. Eso es lo natural. Que nadie de los que se sienten a conversar pueda decir: “A mí que me elijan que yo sabré cómo gobernar”. Esa omnipotencia y omnisciencia, que son la cara opuesta del regateo, no pueden ser la enseña de estos tiempos. Aquí se necesitan todas las inteligencias, todos los saberes y experiencias para sacar al país de la crisis que han generado dos siglos de crímenes y saqueos.

Aunque todos los países latinoamericanos tienen un pasado ibérico común, y a todos los unen una lengua de origen latino y una misma religión, en cuanto respecta a sus bases precolombinas hay una diversidad de culturas e ideales que aún se mantienen y que resultaría equivocado pretender desconocer y homogenizar.

Partiendo de la diversidad cultural es necesario reconocer que Latinoamérica no ha logrado construir un pensamiento político propio, como se puede hablar del inglés, francés, italiano, alemán o gringo. Con otras palabras, Latinoamérica no le ha aportado al resto del mundo, una corriente política, así como lo hizo, con la literatura y la disidencia religiosa Teología de la Liberación, en la segunda mitad del siglo xx. Pero la falta de originalidad en el pensamiento político ha sido superada con creces por la acción política, hasta el punto de hacerse sentir en Norteamérica y Europa, no solo en la época de la Independencia de España, sino durante el período de la Guerra Fría, y aún después de la caída del muro de Berlín. En efecto, el mundo no ha podido ignorar las acciones político-militares que emprendieron José de San Martín, Simón Bolívar, José Martí, Augusto César Sandino, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende y Pedro Antonio Marín Marín-Manuel Marulanda Vélez-Tirofijo.

Es un hecho cierto que las agrupaciones humanas que poblaban lo que hoy es Latinoamérica tenían una avanzada organización social que, necesariamente se apoyaba en ideas políticas propias. Sin embargo, el pensamiento político indígena no fue incorporado al bagaje intelectual de los colonizadores y cualquier base filosófica que existiera en ese sentido fue marginada totalmente. Excluido todo vestigio de pensamiento político indígena, los colonizadores no enseñaron todas las corrientes políticas que por aquella época se agitaban en Europa, sino que impusieron la que constituía la herramienta más eficaz para lograr la dominación: la escolástica. Por eso, hay una doble tarea que cumplir: rescatar el pensamiento político indígena —buscando desde el Cusco-Machu-Picho hasta Chiribiquete los veinte mil años de socio-antropología—, y por otra parte, rastrear todo el pensamiento político europeo, y hacer un entretejido de los dos, para volcarlo sobre el mundo y decir: aquí está nuestro pensamiento político latinoamericano.

Las fuentes más inmediatas para ese estudio latinoamericano están en los escritos y proclamas, que, en medio de la algarabía política y los estruendos de la guerra, dejaron en penetrantes ideas Bolívar, San Martín, Francisco Bilbao, Víctor Raúl Haya de la Torre, Rómulo Gallegos, Benito Juárez, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y quizá unas diez docenas más de latinoamericanos, sin que el agitado trajinar de la vida diaria les haya dado tiempo de profundizar en el pensamiento.

En Colombia, hay que rescatar del pasado las ideas, entre otros, de Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Estanislao Zuleta —para quien ni la guerra ni la lucha política lo marearon, solo cuarenta años cultivando las ideas—, Jorge Eliecer Gaitán, Camilo Torres Restrepo, Gerardo Molina, Luis Carlos Galán y Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez-Tirofijo.

Con ese legado de nuestros pensadores, con la experiencia de los hombres y las mujeres de acción del pasado y con los programas y corresponsabilidades político-administrativas de los de líderes hoy, se podrá definir al menos seis puntos:

Primero: Los Estados y las autoridades que en esta época nos gobiernan son ilegítimos, porque la función esencial del Estado es administrar y defender lo público, y hoy se hallan al servicio del interés privado. Siempre se ha hablado de frenos y contrapesos, para referirse al equilibrio que debe existir entre las tres ramas de poder público, o gobierno mixto, cuya idea es muy antigua. Mientras no se desmarque estas dos clases de intereses, ese juego de frenos y contrapesos es un inofensivo juego de niños. El verdadero equilibrio de frenos y contrapesos está en que unos sean dueños del poderoso peso de la empresa privada, y otros le pongan los frenos y contrapesos, desde la dirección de lo público.

Segundo: Como consecuencia del punto anterior, antes que una reforma económica habrá que hacer una reforma política[3]. Esa reforma política pasa necesariamente por dos cosas: separar lo público de lo privado y cambiar el falso paradigma de la igualdad, por el verdadero. Permitir que la empresa privada, sus dueños, voceros o testaferros dirijan el Estado es legalizar de por vida la más injusta gabela: que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. ¿Qué hace un presidente-mercader como Trump? ¿Qué hizo un presidente-terrateniente como Uribe? ¿Qué hizo un ministro con ambición de negocios como Carrasquilla? Todos a cuál más, crear los instrumentos jurídicos para favorecer sus negocios.

            Tercero: Es urgente cambiar el falso paradigma, que nos impusieron las dos constituciones del mundo occidental: la de Estados Unidos de Norteamérica (1776) y la de la Revolución francesa (2 de octubre de 1789). Es necesario cambiar ese falso paradigma de la igualdad, por el que obedece a la realidad: todos los hombres y las mujeres somos desiguales. Y, como somos desiguales se necesita un Estado que mantenga el equilibrio, protegiendo al débil y frenando al poderoso. No se puede seguir sosteniendo dos cosas diametralmente opuestas: asegurar que el mundo es diverso —como efectivamente lo es—, pero que todos somos iguales. Es absurdo sostener que el mundo es diverso, pero que si se casa una pareja homosexual, ese es un matrimonio igualitario. Si todos somos desiguales y diversos por qué tenemos que hacernos matar por un paradigma que es falso.

            Cuarto: El Estado no necesita expropiar ningún bien privado —haciendas, bancos, fábricas, inmuebles—. Quien haya optado por el interés privado, puede convertirse en ídolo del mercado, con la obligación de pagar impuestos justos, sin gabelas ni exenciones.  Sin embargo, como consecuencia de la pandemia y del cambio climático, las empresas deben asumir responsabilidades concretas por el deterioro ecológico que causen al planeta sus sistemas y métodos de producción. Todo eso es legítimo: que haga negocios y compita con sus pares privados. Lo que no es legítimo es que, habiendo escogido el capital privado como opción de vida y sentimientos morales, pueda saltar y asaltar el Estado, para ponerlo al servicio de sus intereses personales o corporativos. Pero eso sí, es de la esencia del Estado ocuparse de tres cosas: educación, salud y servicios públicos.

Quinto: La actual estructura del Estado debe revisarse seriamente, señalando inhabilidades e incompatibilidades concretas, para evitar dos cosas, que hoy avergüenzan y humillan a la sociedad. Primero, que en la cúpula de las ramas del poder y en los órganos de control no haya un reparto monopólico entre familias, del tipo: yo nombro tu mujer o marido y tú nombras la mía o el mío. Segundo, establecer una regla que impida esgrimir la ausencia de los delitos de sangre, dejando que las élites que ejercen el poder hagan una especie de división del trabajo, donde unos delinquen en la clandestinidad y otros gobiernan públicamente, o peor aún: que mientras los criminales están en la cárcel, desde allí sigan manejando los hilos del poder a través de sus hijos, sobrinos o cónyuges.

Sexto: En los estamentos militares, policiales y de seguridad del Estado hay que hacer un vuelco total. En algún momento de la historia la humanidad deberá obrar civilizadamente, y para ello tendrá que hacerlo sin armas y sin ejércitos. Pero mientras eso ocurre, en Colombia hay que mover los andamios de los presupuestos secretos y de los privilegios intocables, que cada vez son más poderosos. En la Constitución de 1991 no pasó nada. En el proceso de paz de La Habana se acabó con setenta años de guerra entre dos ejércitos, uno oficial y otro disidente. El disidente se desmovilizó  y entregó sus armas, pero el oficial continuó incólume, como si no se hubiera acabado la guerra[4].

 

[1] BALLÉN, Rafael. Ilegitimidad del Estado. Refirma radical o revolución de la diversidad. Bogotá, 2ª Ed., Temis, 2007.

[2] Según el Banco Mundial: Mauricio Galindo, editor de economía de El Tiempo, viernes 17 de julio de 2020.

[3] STIGLITZ, Joseph. Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar.

[4] BALLÉN, Rafael. Los males de la guerra. Colombia 1988-2008. Bogotá, Temis-Universidad

Libre, 2010, pp. 275-330.

Esto fue escrito por

Rafael Ballén

Es un profesor, investigador y escritor colombiano, con doctorado en Derecho Público por la Universidad de Zaragoza-España. Fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, procurador delegado para la Vigilancia Judicial, Fuerzas Militares, para Asuntos Ambientales y Agrarios, para la Policía Judicial, ante el Consejo de Estado y ante la Corte Suprema de Justicia (1989-1996), Secretario General del Fondo de Desarrollo Rural Integrado, presidente del directorio Liberal de Carmen de Carupa.​ Su obra destaca por el estudio profundo de la teoría y la ciencia del Estado, y la corrupción en las diferentes instancias del poder y niveles sociales.

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