La Copa Mundial de fútbol constituye la mayor fiesta deportiva en términos de coordinación y logística de todo el planeta. En ella participan un sinnúmero de organizaciones, empresas, patrocinadores, federaciones deportivas y, por supuesto, delegaciones de varios países.
Los discursos oficiales hablan reiteradamente de hospitalidad, cooperación, apertura al turismo y, desde luego, integración cultural. Durante unas semanas, ciudades enteras se preparan para recibir visitantes; el talento deportivo cruza fronteras con mucha naturalidad y miles de contratos privados se articulan en torno a transmisiones, ventas, transporte y mercancías.
En ese esquema, pocas cosas resultan más impensables que vincular el fútbol con impuestos a los jugadores. Cuando evocamos el fútbol, imaginamos goles, emociones y circuitos globales de talento; no asociamos ese espectáculo con formularios, declaraciones y tasas de retención.
Pero ahora, en plena Copa Mundial de la FIFA 2026, México ha incorporado a su Miscelánea Fiscal una disposición para gravar los ingresos que obtengan los futbolistas por los partidos disputados en territorio nacional, un giro poco habitual en esta clase de eventos.
El mercado, el orden espontáneo y el ingreso del futbolista
¿Por qué los futbolistas ganan demasiado dinero? Esta pregunta parte de un error de enfoque sobre cómo funciona la economía. Los salarios de los deportistas no surgen de un diseño moral centralizado, sino de millones de decisiones dispersas:
- Audiencias que pagan suscripciones.
- Marcas que compiten por patrocinar.
- Aficionados que compran camisetas.
- Plataformas que invierten en derechos de transmisión.
Adam Smith explica que la cooperación social no descansa en la benevolencia de las personas: descansa en el intercambio voluntario. Es aquí donde advertimos que el mercado vuelve eficientes los procesos de coordinación de los agentes hacia aquello que consideran valioso, y que a su vez les habilita para enriquecerse.
En este sentido, los salarios y ganancias de los futbolistas responden a patrones emergentes de interacción dentro del mercado, no a determinaciones morales centralizadas.
A ese entramado de decisiones, Hayek lo llamó orden espontáneo: una institución social que reúne conocimiento fragmentado imposible de centralizar.
Vista así la dinámica, los ingresos extraordinarios no son un error moral: son una señal que condensa la información sobre las preferencias en audiencias globales, tecnologías y la disposición a pagar por ellas.
Por lo que preguntar si el jugador “merece” ganar esa cantidad de dinero equivale a exigirle a la economía que responda a criterios distintos de aquellos que le permiten funcionar. Entendido lo anterior, poner en tela de juicio la inmensidad de esos ingresos no representa tanto un debate moral: revela un malentendido sobre la manera en que operan realmente los mercados.
Y es precisamente esta visibilidad —más que cualquier ponderación ética— lo que despierta la tentación fiscal.
La tentación estatal: legitimación y extracción
Los ingresos elevados no solo llaman la atención del público: también del Estado. En contextos de tensiones distributivas, el deportista se convierte en una suerte de símbolo, y el Estado actúa fiscalmente sobre él, enviando el mensaje de que nadie es inalcanzable.
Aquí la política tributaria deja de ser puramente técnica. Entra en el terreno de la pedagogía del poder, donde conviene preguntarse por el uso de las capacidades de fiscalización del Estado en cuanto aparece un caso visible de crecimiento económico. Además, funciona como un mecanismo de legitimación de victoria política.
Murray Rothbard insistía en que el impuesto es asimismo una manifestación de autoridad. Gravar públicamente a individuos prominentes materializa control, y para estos efectos, un Mundial de fútbol multiplica esa audiencia.
Este cálculo adquiere especial fuerza en economías con alta informalidad; México ofrece un ejemplo claro. Una parte significativa de la actividad permanece fuera del radar tributario, de modo que el fisco tiende a concentrarse en quienes no pueden ocultarse. El Mundial expone de manera excepcional a ciertos contribuyentes y agentes económicos susceptibles de tributación.
México: recaudar antes que reformar
A este escenario se suma una estructura presupuestaria cada vez más rígida. El crecimiento de compromisos ineludibles en pensiones, transferencias y grandes desarrollos de infraestructura reduce el margen de maniobra del gobierno federal y vuelve políticamente más compleja cualquier estrategia basada en recortes.
En tales circunstancias, ampliar bases gravables existentes o identificar contribuyentes de alta visibilidad cobra atractivo institucional.
La medida de gravar futbolistas —establecida en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026— dispone que los jugadores extranjeros estarán sujetos a un impuesto de 25% del Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre el ingreso bruto atribuible a los partidos disputados en México, sin deducciones automáticas.
En cambio, para los jugadores residentes en el país, la legislación del ISR —con tarifas progresivas— aplicará sobre los ingresos derivados de su participación en el torneo. A saber, si un futbolista participa en un total de seis partidos en el Mundial y dos de ellos ocurren en México, solo una proporción equivalente de sus ingresos totales será gravada a la tasa del 25 % en el país anfitrión.
Si nos atenemos a una estimación conservadora, y 13 partidos se juegan en México, donde cada jugador recibe un ingreso bruto promedio de 50 mil dólares por partido, la recaudación potencial por el impuesto del 25 % de ISR sería de aproximadamente 4 millones de dólares (sin contar que la medida afecta al cuerpo técnico de las selecciones, árbitros y especialistas extranjeros con actividades conexas al evento).
Aunque no se trata de una cifra oficial, brinda una idea de la escala de los ingresos tributarios asociados exclusivamente a los jugadores, una cantidad marginal frente al impacto económico total del Mundial, calculado en miles de millones de dólares para la economía mexicana.
Aun así, para poner esta medida en perspectiva, estudios como los de Deloitte proyectan que el torneo podría generar más de 2.700 millones de dólares en impacto económico durante su celebración en territorio mexicano, además de la creación de unos 100 mil empleos.
James Buchanan y Anthony Downs han mostrado que los responsables de la política pública enfrentan incentivos que los llevan a preferir medidas con bajo costo electoral y alta rentabilidad narrativa. Concentrar la carga en actores con escasa capacidad de respuesta política atenúa riesgos internos, mientras permite acreditar eficacia recaudatoria ante el electorado.
Mercado global y competencia regulatoria
Las decisiones fiscales tienen efectos que trascienden el corto plazo. El deporte profesional opera en un enorme mercado globalizado donde jugadores y patrocinadores evalúan jurisdicciones. La estabilidad normativa, la facilidad administrativa y el trato regulatorio pesan en las decisiones de carrera e inversión de cada uno de los deportistas.
En consecuencia, un entorno que penaliza la participación temporal puede enviar señales a actores que evalúan futuras colaboraciones, presencia en torneos o sedes de actividad económica constante.
Desde el punto de vista de los incentivos, la medida resulta comprensible. Los costos políticos de gravar a un deportista de élite extranjero son menores que los de reformar impuestos que afectan directamente a millones de votantes. La concentración del impacto reduce la resistencia y maximiza la rentabilidad narrativa.
Así, el torneo deja de ser únicamente un acontecimiento deportivo para convertirse en una oportunidad de reafirmación jurisdiccional.
Cuando el mercado del deporte responde al Estado
La evidencia internacional nos sugiere que las decisiones tributarias aplicadas a espectáculos globales rara vez quedan en papel, pues los incentivos cambian comportamientos de consumo.
En el caso del Mundial de Alemania 2006 no se documentan exenciones amplias para participantes; por el contrario, años después la Federación Alemana de Fútbol enfrentó sanciones judiciales por controversias fiscales vinculadas a pagos relacionados con la organización del torneo, lo que muestra que la dimensión tributaria permaneció políticamente activa.
En el Mundial de Sudáfrica 2010, el gobierno estableció facilidades tributarias para la estructura operativa de la FIFA, incluyendo exenciones aduaneras en áreas vinculadas al torneo. Simultáneamente, la legislación mantuvo retenciones aplicables a ingresos de deportistas no residentes por actividades realizadas en el país.
En el Reino Unido, la aplicación de impuestos a deportistas no residentes —abarcando porciones de contratos de patrocinio atribuibles a los días de competencia— generó debates públicos y presiones por parte de federaciones y organizadores, lo que finalmente llevó al gobierno británico a introducir exenciones específicas antes de los Juegos Olímpicos de 2012. La discusión escaló a tal punto que dichas medidas se consideraron necesarias para garantizar la participación de atletas de alto perfil.
En Estados Unidos, el llamado Jock Tax aplicado por distintos Estados condujo a que representantes y equipos incorporaran explícitamente la variable fiscal dentro de negociaciones salariales y decisiones comerciales.
En la India existieron distintos intentos de aplicar marcos tributarios a organismos deportivos internacionales que derivaron en controversias legales y renegociaciones contractuales.
Los contextos son distintos, mas el patrón se repite: cuando la carga fiscal emerge sorpresiva o particularmente onerosa, los participantes presionan, recalculan o buscan compensaciones. La potestad de gravar permanece intacta; ejercerla, no obstante, tiene consecuencias sobre la cooperación.
Comparado con estas experiencias, el caso del Mundial es singular por su doble lógica: por un lado, exenciones para quienes organizan el evento, y por otro lado, gravámenes específicos para quienes participan como protagonistas.
Lo que se celebra y lo que se afirma
El Mundial de Fútbol es una de las expresiones más impresionantes de cooperación voluntaria a escala global. Millones de decisiones dispersas se organizan y cooperan a través de acuerdos voluntarios y preferencias individuales que articulan un espectáculo. En términos hayekianos, coordinación sin director.
Y, sin embargo, mientras esa red global de cooperación voluntaria produce estadios llenos, audiencias planetarias y flujos comerciales que nadie podría planificar de manera centralizada, la autoridad política observa el mismo fenómeno desde otra óptica.
Si el mercado ve intercambio, el Estado detecta una base gravable.
Los antecedentes internacionales exhiben además que este tipo de decisiones no son neutras. En otras jurisdicciones, medidas similares derivaron en presiones, renegociaciones, excepciones o ajustes de comportamiento por parte de atletas y organizaciones. La cooperación global continuó, sí, pero con costos que nadie ignoró.
Por eso la discusión rebasa el fútbol. Lo que está en juego es qué imagen institucional deja el país ante el mundo: la de un anfitrión que facilita la cooperación global o la de una jurisdicción que, en el momento de mayor visibilidad, prioriza ejercer su potestad de extracción.
Una vez concluido el certamen, apagadas las luces y vacíos los estadios, esa señal seguirá ahí. Mucho después de que olvidemos quién levantó la copa.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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