En Bolivia, el debate político reciente parece haber encontrado un nuevo eje de consenso: la crítica al centralismo. A lo largo de distintos frentes, candidatos y actores políticos insisten en fortalecer las autonomías, descentralizar el poder y ejercer una presión política en común para el cumplimiento del 50/50 —parte de las propuestas de campaña del presidente Rodrigo Paz—. A primera vista, esta discusión podría interpretarse como un avance hacia una mayor libertad. Sin embargo, dicha narrativa encierra una contradicción profunda que pocos están dispuestos a reconocer: el problema no es únicamente el centralismo, sino el estatismo en sí mismo.
La descentralización, por sí sola, no garantiza libertad. Trasladar competencias o recursos desde el nivel central hacia gobiernos departamentales o municipales no implica una reducción del poder estatal: supone, en muchos casos, su redistribución. En lugar de un único centro de decisión, surgen varios. Si la lógica bajo la cual operan estos niveles se mantiene —intervención, control y expansión del aparato público— entonces lo que cambia es el lugar en el que se ejerce la coerción, no su existencia.
Resulta llamativo cómo muchos de los propios actores que critican el centralismo impulsan, simultáneamente, políticas que acentúan el estatismo: mayores impuestos, más empresas públicas, ampliación del gasto y mayor intervención en la vida económica. Es decir, se cuestiona quién administra el poder, no cuánto poder debe tener el Estado. Esta omisión no es menor: es el núcleo del asunto.
Aquí aparece una expresión particularmente peligrosa de demagogia: una que se reviste de identidad regional. Discursos que capitalizan el orgullo local, el sentido de pertenencia y la histórica tensión con el nivel central logran movilizar a la población, apelando a la promesa de “recuperar el control” en las regiones. La nueva cara del estatismo viene disfrazada de identidad regional: se construye un enemigo claro —el nivel central— y se ofrece una solución emocional basada en la narrativa de “nosotros contra ellos” y en la idea de “recuperar lo nuestro”. Lastimosamente, ese planteamiento se combina con propuestas estatistas y el resultado no es mayor libertad: es una modalidad renovada de coerción, ahora legitimada por la cercanía territorial o emocional.
No hay diferencia sustancial entre un poder central que impone restricciones y uno regional que actúa de igual manera en nombre de una identidad compartida. La coerción no se vuelve menos coercitiva por ser ejercida “desde casa”. Cuando un gobierno departamental o municipal eleva impuestos, restringe la actividad económica o amplía su control sobre los recursos, el efecto sobre el individuo es idéntico. La libertad no depende de la proximidad del poder; depende de sus límites.
Este es un punto que la filosofía política liberal ha desarrollado con claridad. Pensadores como Friedrich Hayek advirtieron sobre los peligros de la concentración y de la expansión del poder, independientemente de dónde se ubique. El problema no es quién decide, sino el alcance de esas decisiones sobre la vida de las personas. Un Estado descentralizado pero omnipresente sigue limitando la libertad. En palabras de Frédéric Bastiat, el Estado es esa gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a costa de los demás; y esa ficción no desaparece al descentralizarse: se fragmenta.
En este contexto, quienes hoy disputan espacios de poder parecen no comprender —o prefieren ignorar— que, una vez electos, pasarán a engrosar el aparato que tanto critican. Se convertirán, inevitablemente, en operadores de ese sistema. Y lo más irónico es que quienes atacan al “monstruo centralista” están desesperados por convertirse en su versión regional. No buscan desmontarlo; buscan dirigirlo. Sin una reflexión previa sobre los límites del poder que ejercerán, lo más probable es que reproduzcan aquellas prácticas, aunque a otra escala.
El verdadero debate, entonces, no debería centrarse exclusivamente en la descentralización; más bien, en la naturaleza y los límites del Estado. ¿Qué funciones debe cumplir? ¿Hasta dónde puede intervenir en la vida económica y social? ¿Qué garantías existen para proteger al individuo frente al poder, sin importar de dónde provenga? Estas preguntas han quedado fuera de la discusión pública, desplazadas por consignas más elementales y emocionalmente efectivas.
Reducir el trasfondo político a una disputa entre centralismo y autonomías es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una distracción. Permite que el estatismo se mantenga intacto, solo con distintos administradores. Mientras eso ocurra, la libertad seguirá siendo una promesa postergada.
La verdadera transformación no radica en acercar el poder al ciudadano, sino en limitarlo de forma efectiva. Un poder cercano, sin restricciones, puede ser tan —o incluso más— peligroso que uno lejano. Entender esta diferencia es clave para no caer en soluciones que, bajo la fachada de cambio, terminan perpetuando el mismo esquema.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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