“Al final, incluso quienes hoy instrumentalizan políticamente la cifra de los 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados y/o utilizados por las extintas FARC-EP terminan reconociendo, quizás sin advertirlo, la legitimidad de la JEP y de su trabajo. Porque aceptar esos hallazgos implica reconocer que la jurisdicción sí ha producido verdad judicial relevante para el país.”
En medio de la actual discusión política del país, pareciera existir un consenso mínimo: la necesidad de reconocer a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus derechos. Sin embargo, ese acuerdo se desvanece rápidamente cuando la verdad deja de ser útil para determinados intereses políticos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada precisamente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ha terminado convertida en objeto de confrontación ideológica. Paradójicamente, mientras algunos sectores prometen acabarla o deslegitimarla, utilizan simultáneamente sus hallazgos cuando estos sirven para atacar a sus contradictores políticos.
Ahí están las cifras. Por un lado, las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado, los mal llamados “falsos positivos”. Por otro, los 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados y/o utilizados por las extintas FARC-EP. Ambas cifras fueron esclarecidas en el marco de investigaciones rigurosas de la JEP, sustentadas en contrastación judicial, reconocimiento de responsabilidades y participación directa de las víctimas.
Sin embargo, la reacción frente a unas y otras revela una preocupante incoherencia nacional. Cuando se habla de los 18.677 casos de reclutamiento y utilización de menores, muchos sectores políticos reconocen la legitimidad de la cifra, exigen justicia y convierten el tema en bandera de debate público. Allí sí pareciera importar el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de esclarecer la verdad.
Pero cuando se trata de las 7.837 ejecuciones extrajudiciales, los mismos sectores cuestionan la credibilidad de la JEP, relativizan los hallazgos o intentan desacreditar a la jurisdicción. En ese escenario, las víctimas dejan de ser prioridad y la verdad se convierte en un asunto condicionado por conveniencias políticas.
Esa selectividad resulta profundamente peligrosa para cualquier sociedad que aspire a construir paz y reconciliación. Los derechos de las víctimas no pueden depender de quién fue el victimario ni de qué utilidad política tenga reconocer determinados crímenes. La dignidad de las víctimas exige coherencia ética y democrática.
La JEP no fue creada para favorecer sectores políticos, ni para absolver responsabilidades históricas. Su mandato constitucional es claro: investigar, esclarecer y garantizar los derechos de quienes padecieron décadas de conflicto armado. Y precisamente allí radica su legitimidad.
Los avances alcanzados en verdad, reconocimiento de responsabilidades y procesos restaurativos no son menores. Nunca antes en Colombia se había logrado documentar con semejante profundidad fenómenos criminales como las ejecuciones extrajudiciales o el reclutamiento y utilización de menores, por mencionar solo algunos de los hechos que más atención mediática han tenido. Tampoco existía un escenario judicial donde las víctimas pudieran participar de manera tan amplia y donde los responsables estuvieran obligados a reconocer públicamente su responsabilidad y aportar verdad
La justicia transicional no busca reemplazar la justicia ordinaria, sino responder a una realidad extraordinaria: un conflicto armado de más de medio siglo que dejó millones de víctimas. Por eso la apuesta de la JEP combina sanción, verdad, restauración y garantías de no repetición. Su propósito no es la venganza, sino la reconstrucción del tejido social y democrático.
En el caso del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, el reconocimiento de responsabilidades constituye un paso fundamental. No se trata de legitimar la guerra ni de relativizar el daño causado. Por el contrario, significa reconocer la gravedad de uno de los crímenes más dolorosos del conflicto y abrir la posibilidad de reparación y restauración para miles de víctimas que durante años permanecieron invisibilizadas.
Pero también obliga al Estado y a la sociedad a asumir su propia corresponsabilidad histórica. El reclutamiento es responsabilidad directa de los grupos armados que lo ejercieron, pero también evidencia el fracaso de un Estado incapaz de garantizar protección, oportunidades y presencia institucional efectiva en vastos territorios del país.
Existe otra contradicción igualmente preocupante. Mientras algunos sectores condenan el reclutamiento de menores, simultáneamente estigmatizan a quienes dejaron las armas y avanzan en procesos de reincorporación. Se desconoce así que muchos firmantes del Acuerdo de Paz fueron también víctimas del conflicto, reclutados siendo menores de edad y provenientes de contextos de exclusión y abandono estatal.
Colombia no puede seguir reconociendo unas verdades mientras niega otras. La credibilidad de la JEP no depende de simpatías ideológicas, sino de la solidez de sus investigaciones, de la centralidad de las víctimas y de los resultados concretos alcanzados efectivamente hasta hoy en materia de verdad, justicia restaurativa y reparación.
Al final, incluso quienes hoy instrumentalizan políticamente la cifra de los 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados y/o utilizados por las extintas FARC-EP terminan reconociendo, quizás sin advertirlo, la legitimidad de la JEP y de su trabajo. Porque aceptar esos hallazgos implica reconocer que la jurisdicción sí ha producido verdad judicial relevante para el país.
Y esa verdad, aunque incomode, es indispensable para garantizar que los horrores del conflicto no vuelvan a repetirse.
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