La violencia homicida del 2019 amerita seguir siendo examinada a profundidad. Lo primero que hay que destacar son los 11.880 homicidios del año pasado, menos que los 12.130 del 2018, cuando se devolvió la curva de disminución de los asesinatos en la que veníamos desde hace tres lustros, pero más que los 11.535 que se produjeron en el 2015, antes de la firma del pacto de Santos con las Farc. La tasa de homicidios por cien mil habitantes, 24,1 según mis cálculos, es también mayor que la de ese año. Un dato para resaltar fueron los 420 asesinados relacionados con la «violencia sociopolítica», más del doble de los que por ese concepto murieron en el 2016, cuando se acordó «la paz».
Aunque se pretenda evitar el debate, deberían examinarse los motivos por los cuales no cede la violencia homicida, aunque haya un acuerdo con las Farc y se hayan desmovilizado varios miles de sus miembros. Aún concediendo que haya sido negociado de buena fe, mi tesis es que el pacto contiene un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico y como el narcotráfico es el motor de la violencia y la gasolina de los grupos armados ilegales, los homicidios no disminuyen. Hasta que Colombia no ponga freno definitivo al monstruo del narco, seguirá sumergido en una espiral de violencia. Por otro lado, la cifra permite preguntarse si son excesivos los costos del pacto en materia de impunidad, beneficios políticos a los bandidos, manoseo de la Constitución y violación de la democracia al desconocerse el resultado del plebiscito, frente a los muy limitados beneficios en términos de disminución de violencia y el narcotráfico disparado.
Otro dato que preocupa mucho es el del número de extranjeros asesinados. Por un lado, por el impacto negativo que tiene el homicidio de un extranjero en la imagen y reputación del país como destino de negocios o turismo. Por el otro, por el altísimo número de venezolanos víctimas de homicidios, 508 de los 11.880 homicidios del año pasado, el 4,3% de todos. Aunque hay muertes de venezolanos en todo el país y muchas, el 14,5% ocurren en Bogotá, la mayoría se dan en la zona de frontera, en particular en Norte de Santander (24,4%), Guajira (8%) y Arauca (7,5%) El informe desafortunadamente no trae la información sobre las formas como han ocurrido esas muertes. No sabemos quienes fueron los victimarios, si fueron sus connacionales, por ejemplo, o si hacían parte de bandas criminales. Hay que hacer un esfuerzo por establecer sus circunstancias.
Otro elemento relevante es el número de muertes causadas por armas de fuego, 8.626, el 73,1% de todas. Ello ocurre en plena vigencia de la prohibición de su porte legal, impuesta por Santos en el 2016, en la negociación con las Farc, y que se ha prolongado hasta hoy. De hecho, en ese año fueron 8.066 los asesinatos cometidos con este tipo de armas. Los datos comprueban lo que ya sabíamos, que son muchas las armas ilegales. Es claro que el problema no son las que se han entregado legalmente a los particulares. De hecho, la prohibición solo da ventaja a los delincuentes que saben que el ciudadano no tiene un arma para defenderse. En mi opinión, es indispensable revaluar la prohibición y verificar si al levantarla aumenta o no el número de homicidios y cuántos son cometidos con armas amparadas. Lo que está claro es que la prohibición no ha cumplido su propósito. Los homicidios con armas de fuego no solo no han disminuido sino que han aumentado durante la vigencia de la prohibición.
También vale la pena destacar la vinculación del uso de drogas con el riesgo de ser asesinado. Los adictos son, de lejos, el grupo con más personas asesinadas, 702, el 5,9%, y si se suma a los 177 de habitantes de la calle, de quienes es posible asumir que también tienen problemas de adicción, son casi el 7,5% de todos los muertos. Su vulnerabilidad a la violencia homicida es enorme. Un dato más que reafirma, esta vez desde el lado de las víctimas, el perverso daño del narcotráfico y su influencia nefasta en la dinámica de la violencia.
Finalmente, son pocos, por fortuna y en contra de la idea que envían los medios, los asesinados miembros de oeneges (3), sindicalistas (1), líderes indígenas (2). En cambio, 50 fueron los desmovilizados o reinsertados asesinados el año pasado. Son muchos. Seguiré siendo muy crítico del pacto con las Farc y encuentro más razones para serlo con estos datos sobre homicidios en el 2019, pero no hay duda de que debemos hacer todo lo posible para proteger a quienes hayan dejado las armas.
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