“Hay desastres naturales que destruyen infraestructuras y otros que exponen las miserias sociales acumuladas durante años. El terremoto del 10 de agosto provocó ambas situaciones. Mientras Colombia registra víctimas, busca desaparecidos, atiende heridos y evalúa los daños en ciudades y municipios, una facción de la izquierda parece más enfocada en preservar la narrativa del gobierno saliente que en contribuir al resurgimiento del país. Esa actitud refleja una forma particular de entender la política.”
La situación de emergencia requería una respuesta de gran envergadura. Era esencial mantener el silencio cuando correspondiera, actuar con solidaridad siempre y fiscalizar de manera responsable cuando fuera necesario. Sin embargo, algunos sectores del progresismo optaron por una estrategia divergente, que incluyó el cuestionamiento de los balances, la controversia de los anuncios, la reivindicación de la gestión de Gustavo Francisco Petro Urrego y el intento de convertir las primeras decisiones del nuevo Gobierno en otro capítulo de la confrontación electoral.
Es preciso enfatizar que las cifras oficiales son susceptibles de ser objeto de cuestionamiento. De hecho, se han identificado discrepancias entre los balances divulgados por el presidente y los registros de los organismos encargados de consolidar la información. En una democracia que aspire a la seriedad, se requiere la disponibilidad de datos verificables, el compromiso con la transparencia y la aplicación de correctivos cuando sea apropiado. No obstante, es importante distinguir entre el ejercicio del control político y la utilización de las diferencias, los obstáculos y el dolor como combustible para alimentar una contienda partidista. Para Colombia, la prioridad es evidente, la mezquindad de los progresistas sobra.
Mientras se debate en las redes sociales sobre quién tiene la razón, existe una realidad material de la tragedia que no puede ser ocultada. El terremoto, de magnitud 7.4, provocó daños significativos en viviendas, hospitales, colegios, universidades, carreteras y otras infraestructuras del occidente colombiano. El Banco Mundial, y otras manos amigas, ha desembolsado millones de dólares destinados a respaldar la respuesta inmediata y la recuperación, al tiempo que se ha iniciado una evaluación de daños y pérdidas para establecer prioridades en el proceso de reconstrucción. Este es el tamaño del desafío.
Frente a esta situación, resulta inevitable cuestionar a aquellos que durante años se autoproclamaron como los únicos representantes de la “Colombia profunda” ¿Dónde se encuentra actualmente esa capacidad de movilización? ¿Dónde están las estructuras que llenaban las calles? ¿Dónde están las organizaciones que constantemente hablaban en nombre del pueblo? ¿Dónde está esa poderosa maquinaria de movilización social cuando el pueblo no requiere una consigna, sino un techo, alimentos, agua, medicamentos, maquinaria, reconstrucción y compañía?
La solidaridad no puede medirse únicamente por la presencia de un dirigente ante los medios de comunicación. La situación actual ha evidenciado que existen ciudadanos de diversas orientaciones políticas que están colaborando de manera discreta. Por esta razón, se exige que quienes durante años construyeron su identidad política en torno a la movilización popular demuestren ahora que dicha cercanía con las bases era más que una estrategia para alcanzar el poder y desestabilizar a Colombia. El pueblo no puede servir únicamente cuando marcha. La ciudadanía marginada y desatendida también se ve afectada por desastres naturales, cuando su vivienda es destruida. Es en este contexto donde se evidencia una profunda contradicción del progresismo de izquierda que resulta difícil de ocultar.
Durante un período de cuatro años, el petrismo tuvo la oportunidad histórica de demostrar que su discurso podía traducirse en una administración eficaz. Gobernó Colombia. Ostentó ministerios, entidades, presupuesto, burocracia, capacidad regulatoria y una extensa plataforma comunicativa. No era oposición. Era poder. Por ello, resulta sorprendente escuchar ahora a los defensores de la moral criticando las ayudas y las decisiones que se están tomando, ya que todo lo asumen como una crítica y una persecución contra el progresismo. Defender el legado es una acción legítima. Reescribirlo no es una opción factible.
Gustavo Francisco Petro Urrego y sus seguidores tienen todo el derecho a reivindicar lo que consideren aciertos de su administración. Iván Cepeda Castro podrá expresar sus opiniones y preocupaciones ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella en la medida que lo considere necesario. Esta situación es parte inherente del funcionamiento de la democracia. Pero ninguna retórica puede reemplazar los resultados ni transformar automáticamente una gestión cuestionada en una epopeya simplemente porque terminó. Es evidente que una tragedia no puede ser utilizada como un escenario para resolver diferencias ideológicas.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella también deberá responder por sus actuaciones. No cuenta con un cheque en blanco por estar enfrentando una catástrofe. Las cifras deberán ser coherentes y cada peso destinado a la emergencia deberá poder rastrearse. Las ayudas deberán llegar a su destino y los anuncios deberán traducirse en resultados tangibles. El plan para articular el Gobierno, las constructoras, las entidades territoriales y el sistema financiero en la reconstrucción de viviendas ya ha sido anunciado. Inicialmente, está orientado a decenas de miles de familias damnificadas. Se trata de un mecanismo extraordinario para canalizar recursos tanto nacionales como internacionales hacia la recuperación de hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos. Ahora corresponde es ejecutar.
La oposición deberá ejercer una vigilancia. Con rigor. Con documentos. Con cifras. Con argumentos sólidos y respaldados por la evidencia. Pero también debería ayudar. Gobernar implica más que administrar cuando se ostenta el poder, y hacer oposición no se reduce a esperar que al Gobierno siguiente le vaya mal para demostrar que se tenía razón. Es posible que la mayor debilidad de la política colombiana radique en su necesidad de fracaso del adversario para validar su propia existencia. Colombia no requiere eso después del 10 de agosto. Necesita líderes que puedan viajar a los territorios sin convertir cada visita en una plataforma electoral. El país exige que empresarios, universidades, organizaciones sociales, medios de comunicación, iglesias, comunidades, gobernadores, alcaldes, congresistas, oposición y Gobierno trabajen en conjunto alrededor de una prioridad elemental, que es la reconstrucción.
La tragedia, en última instancia, se perfila como una prueba moral. No solo para el Gobierno que acaba de iniciar su gestión, y que será objeto de evaluación en cuanto a su capacidad de respuesta, transparencia y ejecución, sino también para la izquierda, que ha dejado atrás su posición de poder y ahora se enfrenta al desafío de demostrar si su proclamado compromiso con el “pueblo” ha perdurado tras la salida de la Casa de Nariño. Las consignas son fáciles de comprender. Los discursos generan emociones. Los trinos propician un movimiento significativo de seguidores. Las acusaciones generan titulares, pero levantar una casa destruida es una tarea significativamente más compleja. Es posible que por esta razón, los días recientes resulten tan desagradables para aquellos que adoptaron la oratoria como su principal logro gubernamental.
La solidaridad mostrada por los colombianos, quienes, sin cuestionar su orientación política, extendieron la mano a sus compatriotas atrapados entre los escombros, demuestra un alto grado de conciencia social y disposición a ayudar a los demás, independientemente de su afiliación política. Aquellos que han perdido su vivienda no requieren conocer la ideología de quien les brinde asistencia. Se requiere la presencia de toda Colombia en este escenario. Es el momento de tomar una decisión ¿quién desea reconstruir el país y quién prefiere perpetuar los resentimientos? Tras un terremoto, los escombros pueden ser retirados. La mezquindad política, en cambio, deja un hedor que es mucho más difícil de eliminar.
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