Lo que está pasando en el país merece una meticulosa reflexión por parte de la ciudadanía, pues el discurso de odio de clases que ha instaurado el Gobierno Nacional y las propuestas del presidente, están llevando a que haya una pérdida de credibilidad en la institucionalidad, justo en un momento en el que la violencia por parte de actores armados ilegales se está recrudeciendo en varias zonas de Colombia.
De un lado tenemos situaciones como el llamado de auxilio por parte de tres EPS que atienden a 13 millones de colombianos. Estas llevan varios meses manifestando que sólo tienen recursos para seguir operando hasta septiembre de este año, y la respuesta por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo más que desafiante fue irresponsable. Dice que pretenden asumir de forma abrupta la funcionalidad de las empresas prestadoras de salud; poniendo en riesgo la vida no solos de los usuarios de las EPS en cuestión, sino que probablemente tendrá como desenlace un efecto dominó en todo el sistema de salud.
Las soluciones de fondo para los colombianos no se consiguen con posturas desafiantes, sino con la verdadera intención de trabajar con todos los actores y obtener los mejores resultados posibles por el bien de la ciudadanía.
De otro lado tenemos las declaraciones del propio Gustavo Petro, quien señala que, debido a los aplausos del sector empresarial al Fiscal Francisco Barbosa, está pensando en una carga impositiva adicional. Desconoce así el contexto de inminente recesión económica nacional, lo que pondría en riesgo no sólo la subsistencia de muchas empresas, sino principalmente, la generación de empleo.
Sin previo aviso y de manera intempestiva, se presentó en el Congreso de la República la reforma laboral, sin que está haya sido discutida; ni con los sectores implicados, ni con los mismos ponentes.
¿Dónde está la apertura al diálogo del actual Gobierno? ¿O acaso esta es sólo una posibilidad que se les brinda a los delincuentes y narcoterroristas? Porque mientras Petro pareciera tener los brazos cruzados con los empresarios, las EPS y hasta medios de comunicación, si tiene apertura total con la delincuencia, que por cierto no da muestras de voluntad de paz.
A tan solo pocas semanas de haberse decretado el cese bilateral del fuego, ya el ELN ha violado en 31 ocasiones este acuerdo, incluyendo ataques a nuestra Fuerza Pública, secuestros, atentados con explosivos. Se ha hecho público incluso intensiones de atentar contra la vida de personajes de la vida pública como el Fiscal Francisco Barbosa, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal.
El presidente Petro no puede seguir jugando a levantarse de la mesa con los que construyen país, y a sentarse a negociar sin condiciones con quienes se han empeñado en destruirlo.
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