En Colombia, pensar distinto ha sido, históricamente, una actividad peligrosa. No únicamente por la confrontación ideológica y los señalamientos estigmatizantes, sino también por las prácticas violentas y la persecución física contra movimientos sociales y políticos, líderes territoriales e incluso partidos como la Unión Patriótica. Durante décadas se instauró una narrativa que convirtió la diferencia ideológica en una amenaza moral para la nación. La izquierda no fue presentada simplemente como una corriente política adversaria, sino como una infección, una desviación o una anomalía que debía ser contenida, neutralizada o, en su defecto, erradicada. Allí radica una de las tragedias más profundas de la cultura política colombiana: el país no solo construyó enemigos armados; construyó enemigos existenciales. Prueba de ello son expresiones como “castrochavismo”, “petrochavismo” y, más recientemente, “petrocepedismo”, categorías utilizadas para asociar determinadas posturas políticas con una supuesta amenaza para el orden social y democrático. Estas etiquetas no buscan debatir ideas ni confrontar argumentos, sino deslegitimar al adversario a partir del miedo, la sospecha y el ataque personal. En muchos casos, se trata de discursos construidos desde falacias ad hominem, donde el señalamiento reemplaza la discusión política y la identidad ideológica del otro basta para convertirlo en “peligroso” o en dicho caso el enemigo interno.
El concepto de “enemigo interno” se da bajo la influencia de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta estrategia transformó profundamente la manera en que el Estado entendía la seguridad: la amenaza ya no provenía únicamente de un enemigo extranjero o de un ejército invasor, sino también de actores ubicados dentro de la propia sociedad. Bajo esta concepción, no se trata únicamente de combatir insurgencias armadas, sino de identificar cualquier expresión de disenso político o social como una posible amenaza contra el orden establecido. Así, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos e incluso ciudadanos críticos comenzaron a ocupar el lugar del sospechoso permanente. La diferencia ideológica empezó a confundirse con subversión, y la oposición política dejó de ser vista como una condición legítima de la democracia para convertirse en un riesgo para la estabilidad nacional.
La operación fue profundamente ideológica. Amplios sectores de la derecha colombiana construyeron una imagen monstruosa de la izquierda para justificar distintas formas de exclusión, persecución y violencia. El opositor dejó de ser un contradictor legítimo dentro del debate democrático y pasó a ser representado como un cuerpo contaminante dentro de la nación. De esta manera, categorías como “comunista”, “subversivo”, “infiltrado”, “terrorista” o “vándalo” no funcionaron como términos neutrales, sino como etiquetas políticas destinadas a deshumanizar al otro y expulsarlo simbólicamente del campo de la ciudadanía y de la humanidad política.
Bajo esta mirada, el discurso desde la política tradicional colombiana dio respuestas despectivas y autoritarias fabricando un enemigo absoluto y justificando todo tipo de acto. Porque cuando el adversario político es reducido a una amenaza biológica o moral, desaparece la obligación ética de escucharlo. Ya no se discute con él; se le elimina. Ya no se le reconoce ciudadanía; se le percibe como una plaga. La política se convierte entonces en una especie de higiene social. Y allí aparece uno de los rasgos más inquietantes del discurso anticomunista colombiano: su dimensión casi religiosa. Durante décadas, amplios sectores del establecimiento construyeron una visión maniquea del país donde la derecha representaba el orden, la patria, la moral y la civilización, mientras la izquierda es asociada con el caos, la destrucción y la degeneración. La oposición política comenzó a ser tratada como una amenaza contra Dios, la familia y la nación.
No es casual que muchas de las narrativas contrainsurgentes hayan estado acompañadas de un lenguaje moralizante y sacrificial. La guerra dejó de ser simplemente política para adquirir una tonalidad teológica. El enemigo no era únicamente un opositor: era una figura demonizada para justificar cualquier forma de violencia contra él. Quizás por eso el enemigo interno logró penetrar tan profundamente en la imaginación colectiva colombiana. El triunfo más peligroso de esta estrategia no ha sido militarizar el Estado; sino militarizar la sensibilidad social. El país aprendió a sospechar del otro. Aprendió a justificar la muerte mediante frases aparentemente simples pero devastadoras: “algo debía”, “por algo lo mataron”, “seguro estaba metido en algo”. Ese es el momento exacto donde la violencia deja de ser simbólica, física y extraña para ser común y casi “cultural”.
El discurso del enemigo interno produjo una pedagogía del miedo. Enseñó que pensar distinto es peligroso; que protestar convierte a alguien en vándalo; que defender derechos humanos equivale a colaborar con la subversión. Poco a poco, la sociedad fue aceptando la ridícula idea de que existían ciudadanos cuya vida vale menos que otras. El problema es que esa estructura discursiva continúa mutando y adaptándose. Cambian los nombres, pero no la lógica. Ayer fue el “comunista”; después el “izquierdoso”; luego el “castrochavista”; más tarde el “petrocepedista”. Lo que permanece intacto es la necesidad política de fabricar una amenaza permanente para cohesionar el miedo social y legitimar respuestas violentas y autoritarias.
En el fondo, la estrategia del enemigo interno revela una profunda incapacidad democrática: la imposibilidad de convivir con la diferencia sin convertirla en amenaza. En Colombia, una gran parte de los partidos tradicionales y amplios sectores de poder entendieron el disenso no como una condición esencial de la democracia, sino como una anomalía que debía ser contenida o erradicada. Nuestra democracia arrastra desde hace décadas una crisis estructural, precisamente porque ha sido incapaz de construirse desde la pluralidad y el reconocimiento del otro. Por el contrario, ha recurrido constantemente a la eliminación simbólica, ideológica, moral e incluso física de quienes cuestionan el statu quo, especialmente de aquellos sectores afines a propuestas sociales, populares o de izquierda. Lastimosamente el ejemplo real de la UP, la propaganda falsa de medios de comunicación hacia muchas acciones del Gobierno Petro, el señalamiento despectivo a las comunidades vulnerables, los 7837 falsos positivos y la revictimización al decir que son falsos o solo rumores, entre otros.
La historia colombiana, y especialmente la más reciente, revela lo peligroso que ha sido pensar diferente en el país y cómo, de manera sistemática, se construyó una cultura política incapaz de reconocer humanidad y legitimidad democrática en quien piensa distinto. La democracia demuestra entonces una delgada línea en la que
se puede convertir la diferencia en sospecha, el pensamiento crítico en amenaza y al adversario político en un enemigo que debe ser destruido. Tal como lo advertía Michel Foucault, el poder no solo castiga o reprime: también clasifica, define y produce categorías de exclusión.
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