Hay algo que el Estado exhibe sin pudor: un profundo desprecio hacia la gente que sí produce.
No importa si conduces un camión, tienes un almacén, cultivas arroz, exportas carne o levantas una pyme con años de esfuerzo. Para el burócrata promedio, no eres alguien que genera riqueza. Eres apenas uno más a quien vigilar, controlar, fiscalizar y, si es posible, complicarle un poco más la vida.
La discusión en torno a la Guía Electrónica de Carga (GEC) en Uruguay es un ejemplo perfecto de esa mentalidad.
Ataque al que labura
La propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) obliga a registrar digitalmente datos sobre vehículos, recorridos, cargas y operaciones mediante una plataforma estatal. Sus defensores la presentan como una herramienta de “modernización” y “trazabilidad”. Quienes viven del transporte la ven de otra forma: más costos, más burocracia, más controles y más tiempo perdido frente a una pantalla en lugar de seguir trabajando.
Sea cual sea el desenlace político que pueda tener la medida, el debate deja una pregunta mucho más importante: ¿por qué siempre que alguien produce, el Estado siente la necesidad de ponerle un formulario encima? La respuesta es simple: el problema nunca fue la tecnología.
Si mañana una empresa privada desarrollara una aplicación para optimizar rutas, gestionar cargas o mejorar la logística, nadie tendría problema en utilizarla si realmente agrega valor. La diferencia es que una herramienta voluntaria existe para servir al usuario, mientras que una herramienta estatal obligatoria existe para servir al Estado.
Ese es el punto que los defensores de la GEC intentan esconder detrás de palabras elegantes: “digitalización”, “modernización”, “eficiencia”.
La verdadera finalidad es obtener más información, más capacidad de fiscalización y más poder sobre una actividad económica que ya se encuentra entre las más reguladas del país.
A confesión de partes…
De hecho, algunos defensores de la medida han sido bastante sinceros al respecto. Desde sectores sindicales se ha celebrado la guía porque permitiría mejorar controles, fiscalizaciones y el seguimiento de la actividad económica. Es decir, exactamente aquello que tantos transportistas cuestionan.
El conflicto revela algo más profundo que una discusión técnica sobre una aplicación: revela el desprecio estructural que la burocracia siente por quien labura. Y también evidencia una lógica que se repite una y otra vez: ante cualquier problema, la respuesta nunca es simplificar, sino crear un nuevo trámite.
El funcionario diseña el sistema desde una oficina con aire acondicionado. El productor, el camionero o el pequeño empresario es quien deberá pagar el precio del tiempo perdido, los costos administrativos, los errores de la plataforma, las capacitaciones obligatorias y las posibles sanciones por incumplimientos. Cuando el Estado crea una nueva obligación, el burócrata cobra el mismo sueldo; el que trabaja, no.
Cada minuto dedicado a completar requisitos es un minuto que no se dedica a producir. Todo trámite adicional es un costo. Toda regulación nueva es una barrera. Y al acumularse miles de pequeñas barreras, el resultado es una economía más lenta, menos competitiva y menos próspera.
Antecedentes liberticidas
La experiencia internacional tampoco invita al optimismo.
Brasil comenzó hace años con sistemas electrónicos de control de cargas que se presentaron como herramientas de simplificación administrativa. Con el tiempo se transformaron en complejas redes de fiscalización, monitoreo y recopilación de información que hoy acompañan prácticamente cada etapa del transporte de mercancías.
La historia siempre es la misma. Primero es una ayuda. Después es obligatoria. Luego es un requisito. Finalmente es imposible trabajar sin ella.
Por eso la discusión no debería limitarse a si la GEC funciona bien o no. La pregunta debería ser otra: ¿por qué el Estado cree que tiene derecho a supervisar cada vez más aspectos de la vida económica de quienes sostienen al país con su laburo?
La mentira de la casta
Mientras los políticos hablan de crecimiento, competitividad y desarrollo, siguen multiplicando controles sobre quienes efectivamente producen.
En el fondo existen diferencias de visión imposibles de ocultar: el productor ve una carga de arroz y piensa en su esfuerzo; el camionero ve una carga y piensa en trabajo; el burócrata ve una carga y piensa en trámites. Ese es el verdadero conflicto.
No se trata de una aplicación. No se trata de una guía electrónica. No. Se trata de una visión del mundo donde quien produce debe demostrar constantemente que merece producir; quien vive de administrar el aparato estatal, en cambio, nunca debe justificar el costo que impone sobre los demás.
Por eso el hartazgo de tantos uruguayos encuentra su voz en una consigna insobornable: #DejenLaburar🧉.
Porque ningún país se hizo rico gracias a los inspectores. Todos se hicieron ricos gracias a quienes producen, emprenden y trabajan… a pesar del Estado.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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