Hay momentos en la historia de un país en los que el mayor peligro no proviene únicamente de los criminales, sino de las instituciones que, por acción u omisión, facilitan que quienes violan la ley encuentren mejores caminos que aquellos que la respetan. Es motivo de preocupación que, a los ojos del ciudadano, el sistema de justicia parezca proteger de manera efectiva los derechos de quienes infringen la ley más que los de quienes la respetan.
Colombia parece estar atravesando un período de crisis institucional. Esto no se debe a que la justicia esté sesgada por ideologías, ni a que todos los jueces estén influenciados por corrientes políticas específicas. Esa sería una afirmación irresponsable. El problema fundamental radica en que múltiples decisiones, interpretaciones y actuaciones judiciales están generando un impacto negativo en la confianza ciudadana, la sensación de autoridad y la capacidad del Estado para hacer frente a aquellos individuos que históricamente han recurrido a la violencia, la corrupción y el ejercicio ilegal del poder.
Cuando el ciudadano percibe que la ley beneficia mayormente al agresor en lugar de a la víctima, las instituciones comienzan a perder su legitimidad. Uno de los episodios que ha suscitado mayor preocupación, por estos días, es el relacionado con los bombardeos contra estructuras de grupos armados ilegales, donde exista información objetiva sobre la presencia de menores reclutados. Una autoridad judicial ha establecido una medida cautelar que regula las operaciones aéreas mientras se implementan medidas de protección para los menores aglutinados por dichas organizaciones. Nadie con sentido común podría refutar que un menor merece protección absoluta, especialmente porque son susceptibles al reclutamiento forzado. Lo que resulta preocupante es el efecto práctico que dicha resolución puede tener sobre la dinámica del conflicto.
Surge una pregunta ineludible, dado que los grupos narcoguerrilleros son conscientes de que el uso de menores puede limitar ciertas operaciones militares, ¿qué incentivo tienen para dejar de reclutarlos? Es preciso considerar que la consecuencia puede resultar exactamente contraria al propósito humanitario. El menor, además de ser víctima del reclutamiento, corre el riesgo de convertirse en un recurso estratégico para la organización criminal que lo instrumentaliza. Esta discusión debe llevarse a cabo con la máxima franqueza, ya que proteger los derechos de los menores nunca puede implicar conceder ventajas operativas a quienes comprometen su infancia.
El análisis de la situación lleva a un segundo caso que expone una enfermedad institucional, caracterizada por la normalización de la corrupción en entornos de cercanía con el poder. Juliana Guerrero admitió ante la justicia haber incurrido en un acto de fraude procesal al utilizar documentación falsa con el propósito de acreditar requisitos académicos que la habilitaban para optar al cargo de viceministra de Juventudes. El juez respaldó el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, lo que resultó en una sentencia irrisoria de tres años de pena, así como en las sanciones económicas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas correspondientes.
Esta situación no se trata de una especulación política, sino de una conducta reconocida judicialmente por la propia Juliana Guerrero. No obstante, el debate no concluye en este punto. La cuestión fundamental radica en determinar cómo una persona pudo acceder a un cargo gubernamental presentando títulos que no reflejaban la realidad. Es preciso examinar los mecanismos de control institucional y la responsabilidad de quienes verificaron la información y consideraron suficiente una hoja de vida construida sobre documentos falsos. Es importante destacar que las responsabilidades políticas y administrativas no se extinguen simplemente porque exista una condena individual. Ese episodio representa mucho más que una falsificación. Dicha situación representa una cultura en la que, aparentemente, alcanzar el poder justifica cualquier medio para lograrlo.
Algo similar ocurre con Laura Sarabia, aunque jurídicamente su situación es distinta y debe diferenciarse con rigor. La Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso dentro del proceso relacionado con la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza. Sarabia no aceptó los cargos, y en consonancia con los principios del Estado de derecho, mantiene intacta su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, en este contexto surge una reflexión adicional. Cuando quienes han concentrado enormes cuotas de poder se enfrentan a investigaciones judiciales, el país requiere de una justicia rápida, independiente y transparente. El sistema de justicia debe ser eficiente y expedito, evitando un prolongado proceso de recursos, maniobras procesales y dilaciones que pueden desviar la atención y no llevan a una decisión definitiva. La demora también erosiona la justicia.
Durante años Colombia aceptó la peligrosa idea de que el fin justificaba los medios. Que había que “tragarse sapos” para alcanzar la paz. Que determinadas violencias podían relativizarse dependiendo de la bandera ideológica de quien las cometiera. Y poco a poco comenzó a instalarse una narrativa donde el criminal podía presentarse como víctima y la víctima terminaba obligada a justificar su propio sufrimiento. Basta recordar la historia del M-19 y de las FARC para comprender que ningún proyecto político puede borrar décadas de secuestros, asesinatos, atentados, reclutamiento de menores y destrucción institucional. La reconciliación es indispensable para cualquier sociedad; la amnesia selectiva no. Una democracia madura distingue entre negociar la terminación de un conflicto y renunciar a la verdad sobre quienes causaron el daño.
Este mismo debate ha sido trasladado nuevamente a las universidades. El Gobierno ha anunciado la implementación de un protocolo que autoriza la intervención de las fuerzas policiales en casos específicos de violencia, vandalismo, terrorismo o situaciones de flagrancia dentro de los campus universitarios. Al mismo tiempo, se ha destacado la importancia de respetar tanto el derecho a la protesta pacífica como la autonomía universitaria. El Ministerio de Justicia ha recordado asimismo que la autonomía de las universidades no las exime de la Constitución ni de la ley. No obstante, algunos sectores reaccionaron como si la defensa del ingreso de la autoridad frente a delitos fuera equivalente a un ataque a la educación superior. No lo es. La autonomía universitaria protege el pensamiento crítico, la investigación, el debate y la libertad académica. No protege la fabricación de artefactos explosivos, la destrucción de bienes públicos, las agresiones contra estudiantes, profesores o policías ni la comisión de delitos durante asambleas, marchas o paros. Confundir protesta con violencia es una de las mayores trampas discursivas que ha dejado el denominado estallido social de 2021.
El problema fundamental que enfrenta Colombia radica en la complejidad innecesaria que se ha añadido a procesos que deberían ser elementales. Aquellos que han incurrido en prácticas corruptas solicitan comprensión. El violento reclama legitimidad. El funcionario investigado alega persecución antes de responder ante los jueces. Las organizaciones armadas utilizan a los menores como instrumentos de guerra mientras invocan discursos humanitarios. Y los sectores progresistas continúan alimentando una narrativa donde toda acción de la autoridad es opresión y toda resistencia violenta merece justificación.
Resulta evidente que no se requiere una justicia de izquierda ni una de derecha. La justicia no debe mostrarse complaciente con el Gobierno de turno ni indulgente con quienes ostentan poder político, económico o criminal. Es necesario contar con un sistema judicial que sea verdaderamente independiente de la ideología y que se mantenga firme frente a la comisión de delitos. Cuando la interpretación normativa genera beneficios para aquellos que reclutan niños, falsifican documentos para acceder al poder, abusan presuntamente de la función pública o convierten los campus universitarios en escenarios de violencia, el ciudadano tiene derecho a preguntarse si la balanza continúa equilibrada. Cumplir la ley jamás puede resultar más difícil que violarla.
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