En cualquier proceso de negociación, ya sea con actores insurgentes o con estructuras armadas no rebeldes, el principal activo entre las contrapartes es la confianza. No hay otro. La confianza es clave para concertar metodologías, alcanzar acuerdos parciales, convocar a sectores sociales o políticos para que rodeen el diálogo; en fin, para que las lógicas de la negociación tengan un horizonte medible de corto, mediano y largo plazo, esto para decir que el proceso de paz urbana de Medellín y el Vallé de Aburrá, orientado política e institucionalmente por las contrapartes –Delegación del Gobierno y voceros de las estructuras– desde el Espacio de Conversaciones Socio-Jurídicas (ECSJ), sí logró, sorteando momentos de altísima tensión en los últimos años, construir un modelo de confianza tanto interno como externo que permitió que el proceso de la paz urbana de Medellín fuera el único con avances mediáticos para mostrar en el marco de la paz total.
Aunque todo parece indicar que aquella confianza, construida con filigrana, en ausencia de un diseño jurídico específico (lo que de entrada implicaba dialogar a tientas) y con la férrea oposición de las élites políticas regionales, se vino al suelo debido a un infortunado y alegre parrandazo; infortunado, porque pone al Gobierno nacional en una posición extremadamente difícil ante la opinión pública, de defender lo indefendible o justificar lo injustificable; y alegre, no para los voceros de las estructuras que participaron del parrandazo en una cárcel de máxima seguridad, sino para la oposición uribista que desde el día uno se empecino en torpedear y deslegitimar la paz urbana. No deja de resultar curioso, paradójico y hasta patético que la dinamita para implosionar el proceso le haya llegado al uribismo desde una contraparte en el ECSJ. Sorpresas te da la vida.
Y así los voceros de las estructuras, en un sentido comunicado, hayan expresado “Excusas públicas” asumiendo plenamente su “responsabilidad política”, no hay que ser ingenuos, es claro que dicha responsabilidad –muy política en medio de un agitado proceso electoral– la deberá asumir, por diseño institucional y condición de legalidad, el Gobierno nacional. Que ve como el proceso de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, exaltado reiteradamente por el presidente Gustavo Petro como uno de los principales pilares de la paz total, se reduce a la caricatura de un parrandazo. Ya bastante tiene el presidente con la oposición cerrada del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, para sumarle, por obra y gracia de la contraparte en el ECSJ, un hecho lamentable que pone en entredicho cualquier vestigio de legitimidad, transparencia y confianza.
Al Gobierno se le reconoce la determinación que tuvo para suspender los diálogos en el preciso instante en que los medios ventilaban los pormenores del parrandazo, a los voceros, se les reconocer el haber aceptado su error y pedir “Excusas públicas”; excusas dirigidas principalmente a los sectores de la sociedad civil que se unieron para rodear y respaldar un proceso con avances, sí, pero con una infinidad de incertidumbres y vacíos, a esos sectores, agrupados en torno al Comité de Impulso de la Sociedad Civil, que han resistido la oposición política de la derecha más recalcitrante y la ocasional decidía de un Gobierno que politizó en exceso el proceso, se le deben todas las excusas. Porque más allá de la confianza entre las contrapartes en el ECSJ, se encuentra la confianza construida con la sociedad civil, con las víctimas a la cabeza, que decidieron rodear el proceso desde sus comienzos. Su frustración (y es algo que comparto) debe ser mayúscula.
Y el parrandazo, reprochable en cualquier momento, llega en el peor momento, cuando el Gobierno se juega la continuidad en cabeza del principal artífice de la paz total, el senador Iván Cepeda que ante el escándalo solo afirmó: “De mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”. Sí, senador Cepeda, muy en sintonía con su trayectoria, sin duda, pero se distancia usted del meollo del asunto, porque un parrandazo en una cárcel de máxima seguridad nunca será un gesto de paz, ¿o sí? Ese costo político lo asume es el Gobierno ante la opinión pública y en las urnas, y así la paz total sea un asunto bastante impopular que reste más votos de los que suma (especialmente en los grandes centros urbanos), darle munición al uribismo para que echando mano de un hecho bochornoso posicione su bukelismo sin concesiones es, por donde se le mire, un tremendo error.
Ya el presidente Petro, que no vio problema en compartir tarima con los voceros en el famoso “tarimazo”, evidenciando, para consternación de la hipócrita godarria paisa, que la confianza en el proceso pasaba por su mejor momento, tomó decisiones. Y no son “declaraciones en contra de la paz en el país”, sino decisiones que de facto llevan la confianza a un punto muerto. Entre ese tarimazo y el actual parrandazo la paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá se enredó y solo dejó en el aire un montón de expectativas.
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