Todo acto de agresión sexual a menores resulta repudiable y es deber de la autoridad judicial ceñirse estrictamente a la exigencia normativa y asegurarse de que dicha exigencia se corresponda con la Constitución. Ajena a cualquier intervención mediática o popular. Así está diseñada la idea de administración de justicia en Colombia y así debe conservarse. El debido proceso penal garantista, lejos de concebirse como una oda a la impunidad, es un mandato que rige de manera sustantiva a los operadores jurídicos. El valor moral o social es un derecho propio de la democracia que permite decir libre y públicamente lo que se piensa; pero sin que tal opinión condicione o module una actuación jurídica.
¿Hay responsabilidad de la fuerza pública en todos estos casos de agresión sexual a menores?
Claro que sí porque ha permitido que sujetos dañinos porten el uniforme y se disfracen con el símbolo institucional de la fuerza pública. Sujetos con una vocación dañina que ha debido advertirse y corregirse. Es responsabilidad de la institucionalidad permitir que estos sujetos permanecieran ocultos en sus filas. Pero es una responsabilidad que dista meridianamente de creer que hay activos que agreden sexualmente a menores porque es el modus operandi de la fuerza pública.
Creer que ello ocurre así es un error conceptual y una tragedia social. Los agresores sexuales de menores vestidos de militar han empañado el llamado misional y nos han asaltado a todos en nuestra buena fe; empezando por las víctimas y sus familias. Han actuado por fuera del servicio y por ende no hay resorte foral que les resista. Su conducta merece ajustarse a las condiciones propias del derecho penal ordinario. Creo firmemente que es una negación a lo que se ordena en el cuartel. Hay derecho a que la sociedad esté enardecida pero ocurre una gran diferencia entre la conducta de un individuo y el plano formativo de dicha institución. Confundir los roles anula el debate e imposibilita cualquier discusión.
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