Política Selección del editor

Fuerza Pública y agresión sexual a menores

Todo acto de agresión sexual a menores resulta repudiable y es deber de la autoridad judicial ceñirse estrictamente a la exigencia normativa y asegurarse de que dicha exigencia se corresponda con la Constitución. Ajena a cualquier intervención mediática o popular. Así está diseñada la idea de administración de justicia en Colombia y así debe conservarse. El debido proceso penal garantista, lejos de concebirse como una oda a la impunidad, es un mandato que rige de manera sustantiva a los operadores jurídicos. El valor moral o social es un derecho propio de la democracia que permite decir libre y públicamente lo que se piensa; pero sin que tal opinión condicione o module una actuación jurídica.

¿Hay responsabilidad de la fuerza pública en todos estos casos de agresión sexual a menores?

Claro que sí porque ha permitido que sujetos dañinos porten el uniforme y se disfracen con el símbolo institucional de la fuerza pública. Sujetos con una vocación dañina que ha debido advertirse y corregirse. Es responsabilidad de la institucionalidad permitir que estos sujetos permanecieran ocultos en sus filas. Pero es una responsabilidad que dista meridianamente de creer que hay activos que agreden sexualmente a menores porque es el modus operandi de la fuerza pública.

Creer que ello ocurre así es un error conceptual y una tragedia social. Los agresores sexuales de menores vestidos de militar han empañado el llamado misional y nos han asaltado a todos en nuestra buena fe; empezando por las víctimas y sus familias. Han actuado por fuera del servicio y por ende no hay resorte foral que les resista. Su conducta merece ajustarse a las condiciones propias del derecho penal ordinario. Creo firmemente que es una negación a lo que se ordena en el cuartel. Hay derecho a que la sociedad esté enardecida pero ocurre una gran diferencia entre la conducta de un individuo y el plano formativo de dicha institución. Confundir los roles anula el debate e imposibilita cualquier discusión.

Esto fue escrito por

John Fernando Restrepo Tamayo

Abogado y politólogo. Magister en filosofia política. Doctor en derecho.
Profesor de Teoria del Estado y de Derecho Constitucional. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín.

Añadir Comentario

Haga clic aquí para publicar un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.