El debate sobre el catastro multipropósito en Colombia sigue abierto, pero lo que para muchos era una discusión técnica sobre justicia tributaria se está convirtiendo, en la práctica, en una fuente de profunda inconformidad social, especialmente en las zonas rurales. Lo que se ha presentado como una herramienta para modernizar el país y hacer más equitativo el cobro del impuesto predial, hoy es percibido por miles de pequeños propietarios como una carga desproporcionada.
El 30 de diciembre, casi de manera silenciosa, se expidió la resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo, que dio paso a actualizaciones catastrales masivas en más de 500 municipios. Estas actualizaciones, lejos de ser progresivas o ajustadas a la realidad económica del campo, han generado incrementos que muchos califican como desmedidos.
El impacto es claro: cerca de un millón y medio de campesinos, propietarios de predios menores de 100 hectáreas, especialmente en el país andino, están enfrentando un escenario complejo. Si bien sus tierras pueden producir lo suficiente para subsistir, no necesariamente generan los ingresos necesarios para asumir el incremento en el impuesto predial. La consecuencia inmediata es la angustia; la potencial, la pérdida de la tierra.
Lo más preocupante no es solo la medida en sí, sino el silencio que la rodea. Ni los parlamentarios —de gobierno u oposición—, ni los candidatos presidenciales han puesto este tema en el centro del debate público. Mientras tanto, el problema crece en las tesorerías municipales, donde los contribuyentes comienzan a enfrentar la realidad de facturas impagables.
Si no se plantean soluciones urgentes, el riesgo es que los municipios terminen acumulando propiedades por embargos, en un escenario donde los campesinos prefieren perder sus tierras antes que asumir deudas imposibles. Se trata de una situación que no solo afecta la economía rural, sino que también pone en cuestión la estabilidad social en amplias regiones del país.
A esta problemática nacional se suma una crisis de representación en lo local. En muchos municipios, los concejos —que deberían ejercer control político y defender los intereses ciudadanos— están siendo señalados por actuar más como intermediarios de favores que como verdaderos garantes del bienestar colectivo.
Las críticas apuntan a concejales que han convertido sus curules en espacios de clientelismo, alejándose de su función de vigilancia y control. En lugar de fiscalizar a las administraciones municipales, algunos terminan alineados con ellas, limitándose a respaldar decisiones sin mayor debate, mientras marginan o persiguen a quienes no comparten su línea.
El resultado es un doble vacío: por un lado, ciudadanos afectados por políticas nacionales que no encuentran eco en sus representantes; por otro, administraciones locales que avanzan sin contrapesos reales. En este contexto, decisiones que hoy parecen técnicas —como ajustes catastrales o acuerdos municipales— terminan teniendo profundas consecuencias sociales y económicas que recaen, como siempre, sobre la ciudadanía.
El llamado es claro: el país necesita abrir el debate sobre el catastro multipropósito con seriedad y responsabilidad, pero también requiere una renovación en sus liderazgos locales. Sin control político efectivo ni representación genuina, cualquier política pública, por bien intencionada que sea, corre el riesgo de convertirse en un factor de inequidad.
Hoy más que nunca, lo que se decide en los escritorios —nacionales y municipales— tiene efectos directos en la vida de millones. Ignorar esta realidad no la hará desaparecer; solo profundizará la brecha entre el Estado y los ciudadanos.
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