También, pero no solo, anda la derecha soliviantada por la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de España. Su problema, más de fondo, es que sabe que, además, no puede volver al Gobierno porque han visto como caían, una a una, todas sus defensas.
Se les ha roto el bipartidismo, y ya no pueden negociar con el PSOE en nombre del pasado. Se les ha roto la honorabilidad porque no hay semana en que no regrese algún caso de la Gürtel, la Púnica o similares. Se les ha roto la credibilidad democrática, porque la emergencia de VOX les ha devuelto a sus orígenes franquistas. Se les ha roto el control absoluto de comisarios corruptos, jueces corruptos y medios corruptos. Y, quizá lo más doloroso, se les ha roto el cemento que unía a todas las derechas españolas: la monarquía expresada en Juan Carlos I y sus sucesores. Se les ha roto todas las defensas y solo les queda el golpe de Estado. Y ahí andan, intentándolo.
Para una clase empresarial antigua y poco competitiva, para una derecha con oído musical para el franquismo y el autoritarismo, para unos obispos que creen que toda la grey de España son sus obligados corderos, para unos medios que ocultaron durante cuarenta años sus fechorías el referente ha sido un rey con tarjetas black y cuentas off shore.
«La Corona de España –dice el artículo 57-1- es hereditaria en los sucesores de Su Majestad, Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica». En esa Constitución se escribía, antes de que se aprobara, la expresión «Su Majestad», y además se habla de «dinastía histórica». Para que cuando se aprobara, porque era todo o nada y los demócratas querían aprobar la Constitución a como fuera, quedara claro que los Borbones estaban ahí antes de la Constitución. Es decir, que la legitimidad monárquica era previa a la legitimidad constitucional.
Pero resulta que el Rey restaurado por Franco en 1969 y reconocido como Rey en 1978, es, al decir de su propio hijo, Felipe VI, un tipo del cual no puedes aceptar ni siquiera la herencia porque sabes que su dinero viene de sitios oscuros y su origen es ilegal. No se trata de una empresa abierta en España, de discusiones sobre cómo declarar, de remuneraciones por trabajos hechos. Se trata de dinero sin declarar, de fondos opacos y sin justificación de por qué se reciben.
La derecha está desesperada porque el hundimiento de la figura del Rey Juan Carlos I es una debacle por donde se desenreda la madeja que habían hilado a la muerte de Franco
El piloto de la Transición es, en los señalamientos en los medios, en las conclusiones que está sacando la fiscalía que investiga sus cuentas en paraísos fiscales, y en el actuar de su propio hijo que le retiró la asignación de la Casa Real, un presunto delincuente. No, hay que insistir, porque regularice el dinero de las tarjetas black -donde sigue sin explicarse cómo se obtuvieron esos fondos y en virtud de qué se entregaron a Juan Carlos de Borbón-, sino porque sigue sin dar cuenta de los 65 millones en Suiza, del dinero de Jersey y de todo lo que se sospecha y aún no se ha investigado.
La derecha está desesperada porque el hundimiento de la figura del Rey Juan Carlos I es una debacle por donde se desenreda la madeja que habían hilado a la muerte de Franco. Tan grande como para los japoneses reconocer que el Emperador había perdido la guerra, como cuando te enteras de que tu equipo ganó gracias al dopaje, como cuando ves al responsable del milagro económico entrar en la cárcel por ladrón o cuando por fin entiendes que Eme Punto Rajoy es Eme Punto Rajoy.
No puede ser Jefe del Estado alguien que hereda ese cargo de alguien sobre quien recaen tantas sospechas. Porque Felipe VI, si renuncia a la herencia de su padre, debe renunciar también al trono.
Porque para una clase empresarial antigua y poco competitiva, para una derecha con oído musical para el franquismo y el autoritarismo, para unos obispos que creen que toda la grey de España son sus obligados corderos, para unos medios que ocultaron durante cuarenta años sus fechorías el referente ha sido un rey con tarjetas black provenientes de empresarios bajo sospecha, con cuentas off shore, que cobra comisiones en Arabia Saudí -seguro que por su enorme amor a España-, que regala millones a sus amantes, que manda al CNI a tapar sus fechorías y que nos miente a los españoles sobre sus virtudes personales.
Le corresponde a los jueces juzgar las presuntas ilegalidades del Rey Emérito, salvaguardado por cláusulas intolerables en una democracia. Y por eso mismo, le corresponde al Parlamento, como ha pedido reiteradas veces Unidas Podemos, investigar toda la vida del Rey Juan Carlos. Fuera o no inviolable. Porque no puede ser Jefe del Estado alguien que hereda ese cargo de alguien sobre quien recaen tantas sospechas.
Porque Felipe VI, si renuncia a la herencia de su padre, debe renunciar también al trono.
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