En Colombia, es difícil hablar de historia política, de estructuras institucionales, de configuraciones del sujeto político o de imperativos que nos determinen como nación, sin hablar al mismo tiempo de violencias estructurales, sistemáticas, mutables y legitimadas por el sistema político durante largos periodos. Esto ha dado paso a una especie de bucle desafortunado que, siguiendo al historiador e investigador Marco Palacios, nos sitúa a escasos metros de la línea que separa la legitimidad de la violencia.
Ahora, lo que pretende exponerse en el presente artículo no es un hecho reciente en la historia de nuestro país, ni se encuentra al margen de nuestra memoria colectiva, ni mucho menos fuera de los planes y políticas con los que se ha hecho frente a la encrucijada del orden público durante, por lo menos, los últimos 80 años de ejercicio político y de gobierno. Pese a estos contextos, no debe pasarse por alto la necesidad de mantener en el debate una problemática tan sensible y extendida hasta hoy como lo es la incapacidad estructural del sistema político colombiano para sostener una premisa básica de los Estados, como es el monopolio legítimo de la fuerza.
Bajo este entendido, tanto los informes como los artículos presentados por entidades como la Fundación Ideas para la Paz, Indepaz, la Defensoría del Pueblo o portales como Razón Pública y El Espectador vienen realizando unas una serie de advertencias en las que no solo se evidencia una preocupante progresión en relación al número de efectivos al servicio de estas organizaciones, sino también una mayor sofisticación y diversificación en las tácticas utilizadas para las operaciones de combate, las formas de reclutamiento y la administración de sus finanzas.
Estos informes evidencian también una arquitectura institucional que por años ha estado lejos del control territorial, del fortalecimiento de la gobernanza con sentido de validez normativa, del ejercicio de la representación y adhesión nacional, y de la legitimidad necesaria para hacerse efectiva en el terreno y la realidad que la circunda. Como observación adicional, resulta ineludible manifestar que la fragmentación y el cortoplacismo frente al abordaje del fenómeno analizado ha llevado a que su intervención se realice más un asunto de gobierno que como una verdadera problemática de Estado.
Así las cosas, al focalizar en la actualidad la atención sobre un aspecto específico como el manejo del orden público en materia de seguridad nacional, no queda más opción que confrontar los hechos y afirmar con claridad que hoy la temeraria y ambivalente política de paz del gobierno nos sitúa en una trayectoria en la cual los principales GAO — El Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN —, no solo se han reconfigurado, sino que han experimentado una preocupante escalada en su número de efectivos, alcanzando al menos los 27.000 integrantes.
Con ello de presente, es importante señalar que este no es un dato menor si se considera, primero, que desde 2017 no se registraban cifras de tal magnitud y, segundo, las implicaciones políticas, sociales y económicas que pueda tener el vertiginoso crecimiento táctico de estas unidades, evidenciado especialmente entre 2024 y 2025, periodo durante el cual aumentaron en un 23.5 %, según el informe de la Fundación Ideas para la Paz.
Entre tanto, es importante señalar que la comparación en el número de efectivos pertenecientes a cada una de estas estructuras lejos está de equipararse con periodos anteriores, dado el nuevo marco conflictual que rige nuestro propio ciclo de violencia. En este contexto, la ideología insurgente y la toma del poder político mediante el uso de las armas ya no fungen como referentes cardinales para estas organizaciones; al contrario, en su lugar se consolida una estrategia más transaccional de carácter nominalmente empresarial, orientada al afianzamiento territorial que sirve como plataforma para múltiples mecanismos de violencia. A ello se suma la cooptación ilegal de las rentas derivadas de los territorios dentro de una mal llamada gobernanza que no es otra cosa que la legitimación de una forma de gobernanza criminalizada.
En la misma línea, es preciso advertir cómo estos grupos han logrado extender sus redes de apoyo hasta en un 27 %, en un periodo no mayor a tres años, así como ampliar sus ataques contra la infraestructura en un 58 %, e incrementar sus acciones contra las Fuerzas Armadas en más de un 68 %, según análisis del proyecto periodístico “Colombia +20” del diario El Espectador, así como los informes de la FIP. Este escenario amplía el debate de cara a las elecciones en torno a la forma de combatir a estas versátiles y repotenciadas organizaciones criminales para quienes ni la negociación ni el accionar militar han logrado establecer puntos de no retorno en su accionar delictivo y su sometimiento a la autoridad estatal.
En suma, el reposicionamiento de actores ya conocidos y la persistencia de escenarios que nunca se desmontaron complejizan los discursos actuales en relación con la seguridad y el orden público y dejan al descubierto la incapacidad del sistema político colombiano para gestionar sus deficiencias históricas y dar respuesta a las demandas provenientes de sus territorios. A la par, ello alienta en amplios sectores de la sociedad la idea unidimensional de que tanto la paz como la seguridad son dos categorías que se contraponen, y no condiciones fundantes de una democracia robusta y de un Estado sólido y consolidado. En definitiva en Colombia, lejos se ha estado de la solidez estatal así como de la robustez democrática que con tanta frecuencia se alardea.
P.D. aún queda la pregunta de cuánta legitimidad y qué tanto hemos banalizado la violencia y el conflicto nosotros los colombianos.
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