A propósito de que en pocos días termina la Ley de Garantías y el Estado volverá a contratar como si la vida de miles no dependiera de ello, vale la pena decir una verdad que todos conocen, pero que casi nadie se atreve a pronunciar sin temblar: trabajar bajo un contrato de prestación de servicios en el sector público es vivir en un estado de incertidumbre permanente. Es servir al Estado sin que el Estado te reconozca como trabajador. Es sostener instituciones completas mientras uno mismo vive colgado de un hilo que se renueva cada tres, cuatro o seis meses, cuando hay suerte. Quienes hemos pasado por ahí sabemos lo que significa que llegue la fecha de terminación del contrato: un nudo en el estómago, noches sin dormir, la angustia de no saber si habrá renovación, la sensación de que la vida entera depende de un mensaje, una llamada o un gesto político que nunca llega a tiempo. Y aun así, uno sigue cumpliendo horarios como si fuera empleado de planta, pero sin vacaciones, sin cesantías, sin estabilidad y sin derechos.
La incertidumbre no es un efecto secundario: es el sistema mismo. Un sistema que se vuelve más cruel en las democracias territoriales, donde la continuidad laboral depende menos del mérito y más del padrino político de turno. Allí, la regla es simple: entre más pequeño el municipio, más grande el miedo. Más frágil la vida. Más evidente el clientelismo. El ciclo es conocido: apoyaste al candidato, le pusiste votos, lo acompañaste en campaña. Gana. Llega al cargo. Y empieza la marcha. Llamadas, mensajes, solicitudes de cita, promesas que se aplazan. “Toca esperar”, dicen. Y uno espera. A veces seis meses, a veces tres, a veces dos. En el peor de los casos, trabajas sin contrato, sin pago, sin garantías, mientras te dicen que “ya casi”. Y cuando por fin llega el contrato, es por tres meses. O por cuatro. Y el ciclo vuelve a empezar, año tras año, como si la vida fuera un eterno borrador.
Ese círculo vicioso no solo es indigno: es violento. Te obliga a agradecer lo mínimo, a callar lo injusto, a aceptar lo inaceptable. Te obliga a vivir con el temor de que cualquier reclamo pueda costarte el sustento de tu familia. Te obliga a depender de redes clientelares que se alimentan precisamente de esa fragilidad. Y así, la posibilidad de construir un Estado meritocrático se vuelve un ideal lejano, casi ingenuo. Porque en la práctica, la continuidad laboral no depende del desempeño, sino de la cercanía política. Y en ese juego, el contratista siempre pierde.
Pero el daño no es solo laboral. Es humano. Trabajar bajo prestación de servicios significa vivir con un historial crediticio débil, casi inexistente. Significa que el banco te mire como si fueras un riesgo ambulante. Significa que comprar vivienda sea un sueño aplazado indefinidamente. Significa que estudiar, especializarse o planear un proyecto de vida se vuelva una apuesta demasiado costosa. ¿Cómo hablar de desarrollo humano cuando ni siquiera se puede garantizar la continuidad de un ingreso básico? ¿Cómo hablar de progreso si la vida financiera de un contratista es una montaña rusa que nunca se estabiliza?
Y está, por supuesto, la salud mental. La ansiedad que se acumula. La angustia que se normaliza. El sistema nervioso que vive en alerta. La sensación de que cualquier estabilidad es prestada. La idea de que uno siempre está “de paso”, incluso cuando lleva años sosteniendo procesos que el Estado no podría operar sin nosotros. Porque esa es otra verdad que nadie dice: el Estado colombiano funciona gracias a los contratistas, pero los contratistas no funcionan gracias al Estado. Somos quienes sacamos adelante proyectos, informes, estrategias, atención ciudadana, operación diaria. Pero seguimos siendo tratados como piezas reemplazables, como si no hubiera vidas detrás de cada contrato.
Y, aun así, nos toca seguir. Porque tenemos familias que sostener, porque creemos en lo público, porque sabemos que nuestro trabajo importa. Pero también porque el sistema nos atrapó en una lógica donde reclamar es peligroso y callar es obligatorio. Por eso este artículo no es un lamento: es una invitación enérgica a mirar de frente una realidad que el país ha preferido ignorar. A reconocer que la prestación de servicios, tal como funciona hoy, no es flexibilidad: es precariedad. No es eficiencia: es vulnerabilidad. No es libertad contractual: es dependencia política.
Colombia necesita hablar de esto sin miedo. Necesita reconocer que no habrá desarrollo humano posible mientras millones vivan sin estabilidad, sin derechos y sin futuro. Necesita entender que la democracia territorial no puede seguir siendo un campo de favores donde la continuidad laboral depende del humor del gobernante de turno. Esta columna dice lo que muchos quisiéramos decir, pero no podemos. Lo dice sin rabia, pero con firmeza. Lo dice sin exagerar, pero sin suavizar. Lo dice porque alguien tiene que decirlo. Y porque callarlo nos está costando demasiado.
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