Las políticas estatales de financiación al campesino parecen sacadas de un mal chiste: exigen garantías reales en un país donde más del 70% de los pequeños productores no posee título sobre sus tierras, los modos de repago son estándar para proyectos donde los ingresos pueden empezar a los tres meses o a los treinta años dependiendo del producto, no existen mecanismos suficientes de aseguramiento a pesar de ser el sector económico más vulnerable a catástrofes ambientales, y no se promueven mecanismos para asegurar el precio de venta a pesar de ser uno de los negocios con mayor variabilidad de precios.
El resultado es obvio: solo una pequeña porción de los pequeños campesinos pueden hipotecar su tierra para acceder a crédito[1]. Cuando acceden al crédito tienen problemas de iliquidez e impago pues muchos de ellos deben pagar la primera cuota cuando el cultivo ni siquiera ha empezado a producir. Algunos se quiebran debido a fenómenos naturales como heladas y granizadas, y quienes logran finalmente cosechar, se encuentran con unos precios tan bajos que no alcanzan a cubrir los costos de producción, o con una producción tan poca que no alcanza para pagar la deuda. Al final, la mayoría de los pequeños campesinos queda igual o peor que antes: con ingresos insuficientes, una deuda que saldar, y en peligro el único activo productivo que todavía poseen: la tierra.
Las soluciones a estas problemáticas no son del otro mundo: existen y se aplican en otros sectores económicos de la economía colombiana y en el sector agropecuario de otros países.
Primero, hipotecar la tierra no es la única manera de garantizar un crédito. Son también utilizadas las garantías financieras para cubrir la probabilidad de impago. Los fondos de garantía estatal son bolsas de recursos proveídas por el Estado para cubrir la pérdida esperada de los créditos campesinos. Son muy usados en otros países y se convierten en una forma práctica de acabar con este cuello de botella que tiene a muchos de nuestros campesinos sin financiación.
Segundo, los flujos de caja para el repago de los créditos, tanto de capital como de intereses, deben acomodarse al tipo de producto. Esa es una de las claves del éxito del modelo de financiación de Fedepalma en Colombia. Este modelo ha logrado incluso financiar a pequeños y medianos campesinos que quieran incursionar en el sector, ofreciéndoles además los servicios de compra de insumos, transformación (valor agregado) y transporte (exportación) bajo un esquema muy similar al de redes productivas.
Es decir que cuando el modelo de financiación es a la medida se vuelve conveniente para el productor y es el inicio de modelos productivos más avanzados que aprovechen integraciones y economías de escala. Los gobiernos están en mora de aplicar este tipo de modelos en productos más populares y más importantes para nuestra seguridad alimentaria.
Tercero, son comunes fondos de aseguramiento para negocios que se enfrentan a riesgos externos a la operación del negocio. Un ejemplo son las Asociaciones Público Privadas (APP). Estos son mecanismos de financiación donde participan varias empresas de la cadena productiva que se asocian con el Estado para llevar a cabo proyectos de largo plazo. En este modelo se identifican y valoran cada uno de los riesgos, se elige a la parte que mejor puede gestionarlos y se crean fondos financieros para cubrir las pérdidas esperadas una vez ocurran. Comúnmente los riesgos de pérdida asociados al orden público, desastres naturales, y los riesgos legales o de seguridad jurídica son cubiertos por el Estado. No hay razón para que no se creen fondos similares para cubrir los mismos tipos de riesgo en los proyectos productivos de pequeños campesinos.
Por último, cuando grandes empresarios de otros sectores hacen negocios en los que sus materias primas o sus ventas dependen de precios muy cambiantes, usualmente cubren sus riesgos realizando contratos a plazo (o futuros). Consisten en negociar el precio de venta hoy para un negocio que se va a realizar en el futuro. El productor se obliga a proveer cierta cantidad de un producto con unos estándares de calidad determinados, y el comprador se obliga a comprarlos a un precio fijo en una fecha determinada en el futuro.
El Estado debería incentivar más este tipo de negocios en sus proyectos de cadenas productivas para el sector agropecuario, de tal manera que se impulsen negocios con clientes interesados en asegurar ciertas cantidades de producto en el futuro, ayudando a los pequeños campesinos a negociar y establecer los contratos de venta, y de paso disminuyendo también la volatilidad de precio para los consumidores.
En definitiva, los pequeños campesinos hoy cuentan con modelos de financiación que no tienen en cuenta sus necesidades y realidades productivas.
Un modelo de financiación con fondos de garantías financieras y de aseguramiento de riesgos externos, con líneas de crédito a la medida dependiendo del producto, y que impulse los encadenamientos productivos hacia economías de escala y generación de contratos a futuro, es necesario dadas las necesidades y realidades de nuestros campesinos.
[1] Uno de cada 10 habitantes del campo solicita crédito, de estos una pequeña parte son pequeños productores.
Esta columna fue elaborada por uno de los colaboradores del IBSER.
