Resumen Ejecutivo
La semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026 quedará registrada como el momento en que la economía global dejó de poder ignorar la acumulación simultánea de tres presiones que hasta ahora había administrado por separado: una inflación que no converge hacia los objetivos de los bancos centrales, un choque de oferta energética cuya duración supera los escenarios base del mercado, y un deterioro de la arquitectura institucional y fiscal en varias economías que reduce el margen de respuesta ante nuevas perturbaciones.
Estados Unidos creció 2,0% anualizado en el primer trimestre, pero el rebote descansa sobre componentes frágiles mientras el PCE escala a 3,5% interanual y el FOMC registra su mayor disidencia interna desde 1992. La Fed no subió tasas, pero tres de sus miembros dejaron abierta esa posibilidad. Europa rozó la estanflación: PIB de 0,1% trimestral en la eurozona con inflación en 3,0%, impulsada por una energía que creció 10,9% interanual. El BCE mantiene tasas pero señala una probable subida en junio en el peor momento del ciclo. Asia mostró resiliencia manufacturera en China y recuperación parcial en Japón, pero ambas economías recalibran su estrategia energética bajo la presión del cierre de Ormuz, y la cumbre Trump-Xi del 14 de mayo concentra la mayor carga de riesgo geopolítico de la región. México contrajo su economía 0,8% trimestral —su peor inicio de año desde 2020— y Brasil acumula un déficit nominal de 9,41% del PIB con una deuda pública que el Banco Mundial proyecta en 95% del PIB antes de que concluya el año.
Colombia protagonizó la semana más densa en señales de riesgo simultáneo: el Banco de la República mantuvo tasas en 11,25% en una decisión que el propio codirector Villamizar reconoció como condicionada por factores institucionales y no exclusivamente técnicos, con una inflación básica en 5,8% que sigue alejada de la meta. El CARF advirtió que el ajuste fiscal requerido asciende a entre 4% y 5% del PIB, los Depósitos del Tesoro Nacional tocaron mínimos históricos, la curva de TES presionó al alza en su tramo largo y el peso cerró con sesgo depreciativo ante la combinación de ruido electoral y menor atractivo de carry.
En los mercados, el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos con un CAPE de Shiller superior a 40 veces, el Brent superó los 125 dólares y la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP introdujo una variable estructural cuyo efecto real permanece latente mientras Ormuz siga cerrado. La renta fija global rebotó técnicamente sin resolver las tensiones de fondo, y el peso colombiano acumula vulnerabilidades que no se disipan con alivios puntuales de naturaleza institucional.
El denominador común de la semana es la compresión del margen de error: para los bancos centrales, para los gobiernos con déficits elevados y para los inversionistas que sostienen valoraciones de activos que descuentan un aterrizaje suave que los datos, por ahora, no garantizan.
I. Estados Unidos: Inflación que escala, consenso que se fractura y crecimiento que disimula su fragilidad
La semana cerró con tres datos que, leídos de forma aislada, pueden parecer contradictorios, pero que en conjunto describen con precisión el dilema estructural que enfrenta la economía estadounidense: crecimiento que se recupera, inflación que se acelera, y una Reserva Federal que mantiene su postura pero pierde gradualmente el consenso interno.
El FOMC y la fractura del consenso. El Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo la tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75% por cuarta reunión consecutiva, una decisión que, en apariencia, prolonga el statu quo. Lo relevante no fue la decisión en sí, sino la magnitud de la disidencia: cuatro votos en contra, la cifra más alta desde 1992. El gobernador Stephen Miran insistió en recortar 25 puntos básicos, mientras que Lorie Logan, Neel Kashkari y Beth Hammack se opusieron, no a la decisión de mantener, sino a la inclusión en el comunicado de cualquier sesgo orientado hacia futuros recortes. Esta distinción es técnicamente crucial: el forward guidance con sesgo acomodaticio funciona como una señal de precio para los mercados de renta fija; retirarlo equivale a endurecer las condiciones financieras sin mover un solo punto básico. La Fed no subió tasas esta semana, pero tres de sus miembros dejaron abierta explícitamente esa posibilidad. Logan fue más directa: ante los riesgos que operan en doble dirección, el próximo movimiento podría ser tanto un alza como un recorte.
Este escenario coincide con el final del mandato de Jerome Powell, quien entrega la presidencia el 15 de mayo. La nominación de Kevin Warsh avanzó en el Comité Bancario del Senado con 13 votos a favor y 11 en contra, lo que indica un margen político estrecho. La herramienta FedWatch de CME Group refleja actualmente probabilidad nula de recorte en la reunión del 17 de junio, y menos del 1% de probabilidad de alza. Los mercados, por ahora, apuestan a la pausa; la geometría interna del FOMC apunta a algo más complejo.
Crecimiento: el rebote tiene pies de barro. El PIB del primer trimestre de 2026 creció a una tasa anualizada del 2,0%, una recuperación sustancial frente al 0,5% del cuarto trimestre de 2025, que había sido arrastrado hacia el piso por el cierre del gobierno federal. El impulso del primer trimestre provino de la inversión en equipos de procesamiento de información y software —el ciclo de gasto en inteligencia artificial sigue siendo el motor de fondo— y del rebote del gasto público federal una vez superado el cierre. Las exportaciones también aportaron positivamente.
Sin embargo, la lectura exige matices. El repunte de la inversión privada en inventarios sugiere acumulación preventiva más que demanda final robusta. La construcción residencial cayó, en línea con el encarecimiento hipotecario sostenido por encima del 6% a 30 años. Las importaciones aumentaron, lo que reduce el aporte neto del comercio al crecimiento. El PIB del primer trimestre es un número real, pero su composición advierte sobre la fragilidad de la demanda interna de cara al segundo semestre.
Inflación: el problema regresa con fuerza. El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) registró en marzo un incremento mensual de 0,9%, su mayor salto desde junio de 2022, llevando la variación interanual a 3,5%. El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 3,2% interanual. La brecha respecto al objetivo del 2% de la Fed no solo se amplió, sino que lo hizo con un componente geopolítico que la política monetaria convencional no puede neutralizar: el encarecimiento de la energía derivado del conflicto con Irán y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, que transporta aproximadamente una quinta parte del comercio petrolero mundial. Los precios de la energía escalaron 12,5% interanual en marzo. El crudo Brent superó los 110 dólares por barril y el promedio nacional de gasolina regular alcanzó los 4,18 dólares el galón el 28 de abril, su nivel más alto del año.
Esta presión energética tiene un mecanismo de transmisión que opera en cascada: el precio del diésel, que pasó de 3,50 a más de 5,30 dólares el galón desde inicios de año, eleva el costo de todos los bienes transportados; el combustible de aviación encarece las tarifas aéreas, que subieron 21% interanual en abril; y los fertilizantes —a los que también impacta la dinámica del petróleo— amenazan con alimentar inflación de alimentos en los próximos trimestres. Se trata de un choque de oferta persistente, no transitorio.
Sector manufacturero y mercado laboral: señales mixtas. El PMI manufacturero del ISM se mantuvo en 52,7 en abril, igualando su nivel más alto desde agosto de 2022, con nuevos pedidos expandiéndose a 54,1. No obstante, el componente de empleo del índice cayó a 46,4 —en zona de contracción— y el subíndice de precios pagados registró su mayor incremento desde abril de 2022. El conflicto con Irán fue mencionado en el 47% de las respuestas del panel manufacturero. Las solicitudes de desempleo de la semana al 24 de abril cayeron a 189.000, muy por debajo de las 213.000 proyectadas, lo que confirma que el mercado laboral mantiene solidez. Los pedidos de bienes duraderos de marzo sorprendieron al alza (+0,8% mensual), y los pedidos de bienes de capital no relacionados con defensa ni transporte —el indicador adelantado de inversión empresarial— alcanzaron su nivel más alto desde 2020.
Señales de ciclo y riesgos latentes. Los rendimientos del Tesoro comunicaron su propia lectura durante la semana: el bono a 30 años tocó el 5% antes de retroceder levemente, mientras el de 10 años apunta técnicamente hacia el 4,6%. Una curva que se empina bajo presión inflacionaria, con la Fed en pausa y el relevo de su presidente aún en proceso de confirmación, configura un entorno donde el mercado de renta fija podría comenzar a hacer el trabajo de ajuste que la política monetaria no está haciendo. La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, efectiva desde el 1 de mayo, añade una variable estructural al mercado de crudo que incrementa la incertidumbre de mediano plazo sobre la oferta global. El S&P 500 y el Nasdaq registraron en abril su mejor desempeño mensual desde 2020, impulsados por los resultados del sector tecnológico, pero el ratio CAPE de Shiller volvió a superar 40 veces por primera vez desde el apogeo de la burbuja puntocom.
Valoración. El ciclo económico estadounidense enfrenta una geometría de riesgos que no admite lecturas simples. El crecimiento del primer trimestre fue real, pero descansa sobre componentes de demanda cuya sostenibilidad es cuestionable ante el impacto acumulado del choque energético sobre el ingreso disponible real —que creció apenas 0,4% anualizado en marzo— y el deterioro de la tasa de ahorro personal al 3,6%. La Fed no tiene margen político ni técnico para recortar mientras el PCE está a 150 puntos básicos de su objetivo, y la arquitectura interna del FOMC se ha inclinado visiblemente hacia un sesgo restrictivo. El riesgo de alza de tasas, aunque no es el escenario base del mercado, ha dejado de ser retórico. La transición en la presidencia de la Fed añade incertidumbre a un momento en que la institución necesitaría exactamente lo contrario.
II. Europa: Estanflación incipiente, BCE acorralado entre inflación energética y crecimiento anémico
La eurozona cerró la semana con una combinación de datos que, tomados en conjunto, configuran el escenario más incómodo para un banco central: inflación que acelera por encima del objetivo mientras el crecimiento se desacelera por debajo de las expectativas. No es todavía estanflación en sentido técnico, pero la dirección de los vectores apunta hacia ese territorio.
El PIB del primer trimestre: una eurozona que se fragmenta internamente. La estimación preliminar de Eurostat situó el crecimiento de la zona euro en apenas 0,1% trimestral en el primer trimestre de 2026, por debajo del 0,2% del trimestre anterior y por debajo del consenso de analistas. En términos interanuales, la actividad creció 0,8%, frente al 1,3% del cuarto trimestre de 2025. La cifra agrega una realidad que en su interior es profundamente heterogénea.
Francia registró crecimiento cero en términos trimestrales, con el consumo de los hogares cayendo 0,1%, la inversión retrocediendo 0,4% y el comercio exterior restando 0,7 puntos porcentuales a la variación total. Es la fotografía de una economía cuya demanda interna se ha paralizado ante la presión del coste energético y cuyo sector externo acumula daño por la debilidad de los socios comerciales. Alemania, por su parte, sorprendió levemente al alza con un avance de 0,3% trimestral, pero el dato oculta una economía cuya recuperación sigue siendo frágil: las ventas minoristas de marzo cayeron 2,0% mensual cuando el consenso esperaba un alza de 0,5%, el desempleo superó los tres millones de personas en abril y el propio gobierno federal redujo su proyección de crecimiento anual del 1,0% al 0,5%. Italia creció 0,2% trimestral, superando expectativas pero con dinamismo acotado. El único dato estructuralmente positivo del bloque fue España, que avanzó 0,6% trimestral y 2,7% interanual, apoyada en consumo de hogares y una caída de importaciones mayor que la de exportaciones. España sigue siendo la excepción dentro de la norma de enfriamiento generalizado.
Inflación: el choque energético manda. En abril, la inflación de la eurozona escaló a 3,0% interanual, su nivel más alto desde septiembre de 2023, impulsada de manera determinante por los precios de la energía, que crecieron 10,9% interanual como reflejo directo del cierre del Estrecho de Ormuz y el encarecimiento del crudo. Francia registró una aceleración energética del 14,2% interanual, e Italia vio su inflación general saltar de 1,7% a 2,8% en un solo mes. El dato que permite mantener cierta ecuanimidad analítica es la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos frescos— la cual se moderó levemente a 2,1% interanual. Esa distancia entre los dos datos le pone al BCE un problema concreto sobre la mesa: el choque es predominantemente de oferta, importado y asociado a un conflicto geopolítico que la tasa de interés no puede resolver. Subirla enfriaría una demanda que ya está débil sin atacar la causa raíz del problema.
El BCE entre dos fuegos. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su tasa de depósito en 2,00%, la tasa de refinanciación en 2,15% y la facilidad marginal de crédito en 2,40%, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el comunicado endureció el diagnóstico: los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento se han intensificado simultáneamente. Fuentes del BCE señalaron que una subida en junio es considerada muy probable por el conjunto de responsables de política monetaria, en respuesta a la presión inflacionaria. Esta señal crea una tensión analítica relevante: si el BCE sube tasas en un entorno de crecimiento de 0,1% trimestral y confianza económica en mínimos de tres años y medio, el riesgo de agravar la debilidad de la demanda interna —que ya es el problema central en Francia y Alemania— es concreto y no menor. El índice de confianza económica de la zona euro cayó esta semana a su nivel más bajo desde finales de 2022, con el sector servicios particularmente deteriorado.
El Banco de Inglaterra, entre la cautela y el reconocimiento del riesgo. El Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa de referencia en 3,75% con una votación de 8 a 1; únicamente el economista jefe Huw Pill abogó por una subida inmediata a 4,0%. El gobernador Andrew Bailey describió el nivel actual como “razonable”, una señal que el mercado interpretó como moderación: el rendimiento del gilt a dos años cayó 12 puntos básicos hasta 4,44% y los operadores redujeron sus expectativas de subidas acumuladas en el año de 73 a 65 puntos básicos. Sin embargo, el BoE publicó escenarios alternativos que no descartan un ciclo de alzas más pronunciado de lo esperado si los efectos de segunda ronda del choque energético se trasladan a salarios y expectativas de inflación. El Reino Unido, con una inflación de 3,3%, exportaciones industriales bajo presión y tensiones diplomáticas con Washington en escala, no ofrece un panorama de política monetaria previsible.
La amenaza arancelaria y la ruptura transatlántica. La semana estuvo marcada por una nueva escalada en la relación entre la administración Trump y sus socios europeos. El presidente anunció el incremento de los aranceles a automóviles y camiones de la Unión Europea del 15% al 25%, una medida cuyo impacto sobre Alemania el Instituto de Kiel para la Economía Mundial estima en hasta 30.000 millones de euros de pérdida de producción en el largo plazo. El ataque verbal de Trump al canciller Friedrich Merz —calificado de “totalmente ineficaz”— y al primer ministro británico Keir Starmer, junto con la amenaza de retirar tropas de Alemania y revisar el reconocimiento de las Malvinas como territorio británico, señalan que el deterioro de las relaciones transatlánticas no es coyuntural sino estructural. Las implicaciones para la planificación empresarial y la inversión en Europa son directas: la incertidumbre sobre el marco arancelario y de seguridad eleva las primas de riesgo y desincentiva compromisos de capital de largo plazo.
El acuerdo UE-Mercosur: una apuesta estratégica con incertidumbre jurídica. En sentido contrario al cierre de fronteras que caracteriza el comercio global actual, el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo, creando un mercado de 730 millones de consumidores y eliminando más del 90% de los aranceles entre las partes. El acuerdo tiene valor estratégico en términos de diversificación de socios comerciales y posicionamiento geopolítico frente a China en América del Sur. No obstante, su continuidad es incierta: el Parlamento Europeo ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE un pronunciamiento sobre su legalidad antes de ratificarlo, y Polonia se suma a Francia en cuestionar su aplicación provisional. El riesgo de que el acuerdo quede suspendido antes de consolidarse es real.
Riesgo de recesión y señales de ciclo. El análisis de BCA Research advierte que el déficit de suministro derivado del cierre del Estrecho de Ormuz ronda los 9 a 9,5 millones de barriles diarios —cerca del 10% del consumo global— y que incluso si el tráfico se reanudara, el efecto neto sobre los inventarios europeos implicaría una pérdida de entre 250 y 400 millones de barriles antes de que el crudo llegue a los puertos. Las reservas visibles globales se acercan a mínimos históricos. Los datos preliminares del PMI de abril mostraron un deterioro agudo en los tiempos de entrega de proveedores, similar al patrón observado en los primeros meses de la pandemia. Cada choque de suministro significativo desde el año 2000 ha derivado en una contracción económica relevante dentro de los 12 meses siguientes.
Valoración. Europa enfrenta la convergencia de tres presiones simultáneas que se retroalimentan: un choque energético de origen externo que la política monetaria no puede neutralizar sin dañar el crecimiento, un deterioro acelerado de la demanda interna en sus dos mayores economías, y un entorno geopolítico que erosiona tanto las exportaciones como la certidumbre sobre el marco de seguridad y comercio. El BCE se dirige hacia una subida de tasas en junio que, técnicamente, sería la respuesta correcta a una inflación del 3,0%, pero que llega en el momento más delicado del ciclo. La combinación de política monetaria restrictiva, choque energético persistente y demanda interna anémica eleva materialmente la probabilidad de recesión técnica en la eurozona durante el segundo semestre de 2026. España, que por ahora mantiene tracción, no será inmune si el deterioro del bloque se profundiza.
III. Asia: China en equilibrio frágil y Japón recalibrando su estrategia energética ante el cierre de Ormuz
El bloque asiático presentó esta semana dos lecturas diferenciadas que convergen en un punto común: la guerra con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz están reconfigurando las cadenas de suministro energético de la región con una rapidez que los indicadores tardíos aún no capturan en su totalidad. China administra su exposición con una combinación de pragmatismo geopolítico y fragilidad estructural no resuelta. Japón muestra señales de recuperación en sus datos de marzo, pero su vulnerabilidad energética es de magnitud sistémica.
China: manufactura que resiste, servicios que ceden, tensiones que escalan. El PMI manufacturero oficial del NBS se situó en 50,3 puntos en abril, una décima por encima de lo esperado y en zona de expansión por segundo mes consecutivo, aunque levemente por debajo del 50,4 registrado en marzo. El PMI Caixin —que captura con mayor peso a las empresas exportadoras de menor tamaño— dio una señal más robusta al avanzar a 52,2, superando ampliamente las expectativas de 51,0 y marcando una aceleración respecto al mes anterior. El sector exportador chino mantiene tracción, apoyado en una demanda exterior que, por ahora, compensa el encarecimiento de los insumos energéticos derivado del conflicto en Oriente Medio.
El sector servicios, sin embargo, contó otra historia: el PMI no manufacturero retrocedió a 49,4, volviendo a terreno de contracción después de haber estado en 50,1 en marzo. El PMI compuesto quedó en 50,1, apenas en la línea divisoria entre expansión y contracción. La divergencia entre manufactura y servicios no es nueva en China, pero en el contexto actual adquiere mayor relevancia: el consumo interno sigue siendo el eslabón débil de la recuperación, y la inflación subyacente, que se moderó a 2,8% interanual, refleja más el choque energético de oferta que una demanda vigorosa. Una economía cuya inflación de fondo es baja no está experimentando un ciclo de expansión genuino; está absorbiendo un shock externo.
La tensión geopolítica con Estados Unidos: de lo comercial a lo estructural. La semana estuvo marcada por una escalada en la dimensión regulatoria del conflicto sino-estadounidense. El Ministerio de Comercio de Pekín instruyó formalmente a todas las empresas energéticas afectadas por sanciones de Washington —en particular el gigante petroquímico Hengli, sancionado por la OFAC del Tesoro americano por presuntos vínculos con importaciones de crudo iraní— a ignorar dichas medidas y continuar operando con normalidad. La orden invoca la soberanía nacional y califica las sanciones de unilaterales e ilegales bajo el derecho internacional. La respuesta estadounidense no se hizo esperar en el plano discursivo: el secretario del Tesoro Scott Bessent, en conversación previa a la cumbre Trump-Xi prevista para el 14 y 15 de mayo en Pekín, advirtió que las nuevas regulaciones chinas sobre cadenas de suministro de minerales críticos —que establecen la base legal para penalizar a empresas extranjeras que trasladen su abastecimiento fuera de China— tienen un efecto inhibidor sobre las cadenas globales de valor.
Este intercambio ilustra el desplazamiento del conflicto: ya no se trata únicamente de aranceles sobre bienes finales, sino de una disputa por el control de los insumos estratégicos y la arquitectura regulatoria que define quién puede proveerse de qué y en qué condiciones. La tregua comercial alcanzada en Busan en octubre pasado es estructuralmente frágil, y la cumbre de mayo llega en un momento de máxima tensión en el frente de minerales críticos, sanciones energéticas y tecnología. Los aranceles vigentes de 47% sobre exportaciones chinas hacia Estados Unidos no han desaparecido; la Corte Suprema anuló los aranceles globales de Trump en febrero, pero la administración ya trabaja en nuevas investigaciones para reconstruirlos sobre una base jurídica distinta.
Riesgos estructurales que no cede la coyuntura. Más allá de las lecturas semanales, China arrastra cuatro vulnerabilidades de fondo que ningún dato de PMI resuelve. El mercado inmobiliario permanece en contracción —el PMI de construcción se situó en 48,0— y la crisis de confianza sobre ese sector sigue deprimiendo la riqueza percibida de los hogares y frenando el consumo. La inflación cercana al cero estructural señala que la demanda interna no ha encontrado tracción real. La dependencia energética de Oriente Medio coloca al país en una posición más vulnerable frente a Estados Unidos en términos de negociación geopolítica. Y la transición demográfica —que implicará una pérdida estimada del 30% de la población activa hacia 2050— configura un techo de crecimiento potencial que se estrecha progresivamente. La convergencia de estas presiones apunta a que el crecimiento chino tiende hacia el rango del 4% en el horizonte de mediano plazo, alejándose del 5% que registró en 2025.
Japón: datos que reconfortan, estructura que inquieta. Los indicadores de actividad de marzo presentaron una recuperación tangible después de los datos débiles de febrero. La producción industrial avanzó 2,3% interanual —frente al 0,4% del mes anterior— aunque en términos mensuales registró una caída de 0,5%, en parte asociada al deterioro de las perspectivas de demanda externa en el contexto geopolítico. Las ventas minoristas crecieron 1,7% interanual y 1,3% mensual, superando el consenso en ambas métricas. Son señales positivas, pero provienen del mes anterior al período de mayor tensión en los mercados energéticos, lo que limita su valor predictivo sobre el segundo trimestre.
El Banco de Japón mantuvo su tasa de referencia en 0,75%, pero revisó de manera significativa sus proyecciones: la inflación esperada para 2026 subió de 1,9% a 2,8%, y la de 2027 de 2,0% a 2,3%. Simultáneamente, el crecimiento esperado para 2026 fue recortado del 1,0% al 0,5%. Esta combinación —más inflación, menos crecimiento— reproduce a escala japonesa el mismo dilema que enfrenta el BCE, con la diferencia de que Japón parte de un nivel de tasas significativamente más bajo y con un espacio de maniobra monetaria más estrecho. La expectativa de mercado apunta hacia nuevas subidas del BoJ en los próximos meses, lo que fortalecería el yen desde los niveles de debilidad superiores a 160 unidades por dólar que marcó la semana.
La verdadera señal de alarma estructural para Japón no proviene de sus PMIs sino de su vulnerabilidad energética: el país importa más del 90% de su crudo, con una dependencia históricamente concentrada en Oriente Medio. La extracción doméstica —dispersa en yacimientos de las prefecturas de Akita, Niigata y Hokkaido— cubre apenas el 0,3% del consumo total, suficiente para abastecer día y medio de demanda nacional. Ante el cierre del Estrecho de Ormuz, el gobierno japonés autorizó excepcionalmente la reanudación de importaciones de crudo ruso a través del proyecto Sakhalin 2, enviando el petrolero Voyager desde el puerto de Prigorodnoye con destino a instalaciones de Taiyo Oil en Imabari. El volumen es limitado, pero la decisión es políticamente significativa: Japón había suspendido esas importaciones tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y su reanudación —aunque amparada en excepciones estratégicas— ilustra hasta qué punto el choque de Ormuz está forzando a las economías asiáticas a recalibrar sus alineamientos energéticos con independencia de las presiones diplomáticas occidentales.
Valoración. Asia enfrenta el choque de Ormuz desde posiciones de partida distintas pero igualmente vulnerables. China tiene mayor diversificación energética relativa y mayor capacidad de absorción fiscal, pero sus fragilidades estructurales —demanda interna débil, crisis inmobiliaria, tensión geopolítica con Washington— limitan el margen de respuesta. Japón muestra señales de recuperación cíclica en los datos de marzo, pero su dependencia energética es prácticamente total y el BoJ se dirige hacia un ciclo de subidas en el peor momento del ciclo externo. La cumbre Trump-Xi del 14 y 15 de mayo en Pekín será el evento de mayor carga política de la región en el corto plazo: su resultado —o su fracaso— condicionará tanto las expectativas sobre la cadena de suministro global como la dirección de los flujos de capital hacia activos asiáticos en el segundo semestre.
IV. México y Brasil: Contracción en el norte, desequilibrio fiscal en el sur y dos bancos centrales navegando contra la corriente
América Latina presentó esta semana datos que confirman una tendencia de fondo preocupante: las dos mayores economías de la región enfrentan simultáneamente presiones de origen externo —el choque energético derivado del conflicto en Irán— y vulnerabilidades internas propias que las colocan en una posición de menor resiliencia de cara al segundo semestre de 2026. Las respuestas de política monetaria divergen en dirección, pero comparten una característica común: se adoptan en condiciones de altísima incertidumbre.
México: la contracción más profunda desde 2020. El dato oportuno del INEGI para el primer trimestre de 2026 sorprendió negativamente al conjunto del mercado: la economía mexicana se contrajo 0,8% en términos trimestrales, su peor arranque de año desde el primer trimestre de 2020, cuando el desplome alcanzó 1,2% bajo el impacto inicial de la pandemia. El consenso de analistas anticipaba una caída de entre 0,4% y 0,6%; la realidad fue significativamente más severa. Lo que hace este resultado particularmente revelador es que la contracción fue simultánea en los tres grandes sectores de la economía: las actividades primarias retrocedieron 1,4% trimestral —su peor inicio de año desde 2023—, la industria cayó 1,1% —su primer trimestre más débil desde 2009— y los servicios cedieron 0,6%, el nivel más bajo desde 2020.
La simultaneidad del deterioro no es un accidente estadístico ni el reflejo de un factor puntual; es la señal de que la economía mexicana enfrenta una combinación de frenos estructurales que se refuerzan mutuamente: la incertidumbre comercial generada por la proximidad de la revisión formal del T-MEC, prevista para julio, inhibe la inversión privada; las condiciones financieras siguen siendo restrictivas pese al ciclo de recortes de Banxico; y el impulso del gasto público no alcanza a compensar la debilidad de la demanda privada. El resultado es una economía que opera por debajo de su potencial en el momento en que el entorno externo se complica. La Copa Mundial de la FIFA podría aportar un estímulo transitorio al sector servicios durante el segundo trimestre, pero no resuelve los desequilibrios de fondo.
Banxico sin remanente: una señal técnica con implicaciones fiscales. El Banco de México reportó pérdidas operativas por 410.052 millones de pesos en el ejercicio de 2025, la segunda más alta registrada históricamente, superada únicamente por la de 2023. La causa no es una disfunción operativa del banco central, sino el efecto contable de la apreciación del peso: cuando la moneda se fortalece frente al dólar, las reservas internacionales denominadas en dólares pierden valor expresado en pesos, generando pérdidas cambiarias en el balance del instituto emisor. El tipo de cambio FIX cerró 2025 en 18,0012 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación del peso de 13,4% frente al año anterior, suficiente para llevar el capital contable de Banxico a -320.123 millones de pesos.
La consecuencia directa es que el gobierno federal no recibirá remanente de operación de Banxico en 2026, un recurso que en el ciclo anterior fue utilizado para recomprar deuda soberana. En un contexto de presiones fiscales y sin este ingreso extraordinario, el margen de maniobra del Ejecutivo se estrecha. La Junta de Gobierno de Banxico evalúa realizar un último recorte en mayo si las condiciones inflacionarias lo permiten, buscando llevar la inflación de forma sostenible hacia el objetivo del 3%. Sin embargo, la combinación de un conflicto geopolítico que encarece los energéticos y una economía que se contrae limita el espacio para actuar con holgura en cualquier dirección.
Brasil: déficit fiscal que desborda compromisos y deuda que escala. El Banco Central de Brasil publicó esta semana las cifras fiscales consolidadas de los doce meses hasta marzo de 2026, y el panorama es de deterioro acelerado. El déficit nominal del conjunto de las administraciones públicas —gobierno central, estados y municipios— alcanzó el 9,41% del PIB, casi un punto porcentual por encima del registro del período anterior, con un saldo negativo de 1,21 billones de reales, equivalentes a aproximadamente 244.000 millones de dólares. El déficit primario —la referencia que excluye el pago de intereses y sobre la cual se miden los compromisos fiscales frente a organismos multilaterales— se ubicó en 1,06% del PIB, una brecha considerable respecto al objetivo de equilibrio primario de 0% que el gobierno del presidente Lula da Silva había comprometido con el FMI para 2026 bajo el marco fiscal aprobado en 2023. Con el año electoral en marcha y el gasto social como eje político de la administración, el cumplimiento de esa meta luce francamente improbable.
La deuda pública bruta escaló al 80,1% del PIB, y el Banco Mundial proyecta que esa relación podría alcanzar el 95% antes de que concluya el año, un nivel excepcionalmente elevado para una economía emergente y que históricamente ha generado presiones sobre la prima de riesgo soberana y el costo de financiamiento del sector privado. El contexto político añade una variable que el mercado no puede ignorar: a seis meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, la gestión fiscal se convierte en eje de debate y la tendencia del gasto difícilmente se revertirá en el corto plazo.
El Copom en una encrucijada. En este contexto, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil redujo la tasa Selic en 25 puntos básicos hasta el 14,50% anual, su segunda reducción consecutiva después de haber mantenido la tasa en 15% —su nivel más alto en casi dos décadas— desde junio de 2025 hasta marzo de 2026. La decisión fue unánime, pero el comunicado del Copom no ofreció señales claras sobre los próximos movimientos: el comité indicó que monitorea de cerca el conflicto en Oriente Medio y sus posibles efectos sobre la inflación. El Banco Central elevó su proyección del IPCA para 2026 del 3,5% al 3,6%, dentro del rango de tolerancia del objetivo de 3%, pero en la parte alta. La tasa Selic en 14,50% sigue siendo extraordinariamente restrictiva en términos reales —positiva en más de diez puntos porcentuales frente a la inflación proyectada— lo que actúa como freno estructural para el crédito y la inversión privada.
El mercado laboral ofrece la única nota relativamente positiva del cuadro brasileño: la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2026 fue de 6,1%, la más baja para un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica en 2012, aunque superior al 5,1% del cuarto trimestre de 2025 por efecto estacional. El número de personas ocupadas superó los 102 millones. Sin embargo, la solidez del mercado laboral coexiste con un deterioro fiscal que en ningún modelo macroeconómico convencional resulta sostenible en el mediano plazo.
Valoración. México y Brasil comparten el rasgo de economías que inician 2026 con impulso limitado y vulnerabilidades internas que el entorno externo no está en condiciones de compensar. México enfrenta su peor arranque de año en media década, con un banco central que ha perdido el instrumento del remanente fiscal y una negociación comercial de alto riesgo a la vuelta de la esquina. Brasil acumula desequilibrios fiscales que el mercado tolerará mientras el ciclo de tasas se mantenga restrictivo, pero cuya sostenibilidad se pone en duda a medida que la política monetaria intenta acomodarse en año electoral. En ambos casos, el margen de error es estrecho y el costo de una sorpresa negativa —ya sea en el precio del petróleo, en el ritmo de desaceleración global o en el frente geopolítico— sería desproporcionadamente alto.
V. Colombia: BanRep cede a la presión política, el fisco se deteriora y la institucionalidad fiscal enfrenta su prueba más exigente
Colombia cerró la semana con una acumulación de señales que, leídas de manera integrada, describen una economía atrapada entre presiones inflacionarias que no ceden, un deterioro fiscal que avanza sin corrección estructural a la vista, y unas instituciones de control y vigilancia que operan bajo tensión creciente. La decisión del Banco de la República de mantener la tasa de referencia en 11,25% fue el evento central de la semana, pero su importancia trasciende el dato en sí: el modo en que se adoptó revela la fragilidad del marco institucional bajo el cual opera la política monetaria colombiana.
BanRep: pausa técnicamente cuestionable, políticamente motivada. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad mantener la tasa de intervención en 11,25%, en una resolución que sorprendió al mercado. La encuesta de expectativas de ANIF registraba que el consenso anticipaba un incremento de entre 50 y 75 puntos básicos, lo que habría llevado la tasa a un rango de 11,75% a 12,0%. La inflación total cerró marzo en 5,6% anual —46 puntos básicos por encima del registro de diciembre— y la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se ubicó en 5,8%, cerca de 80 puntos básicos por encima del cierre de 2025. Ambas métricas están materialmente alejadas de la meta del 3% y con tendencia al alza en las expectativas de corto plazo.
Lo que hace singular esta decisión no es la pausa en sí, sino su contexto. El codirector Mauricio Villamizar admitió públicamente que desde una perspectiva técnica habría sido posible considerar un ajuste adicional en tasas, pero que la decisión incorporó elementos relacionados con la estabilidad institucional y el funcionamiento ordenado de la economía. El trasfondo era elocuente: el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había manifestado abiertamente su oposición a un incremento y llegó a plantear la posibilidad de no asistir a la reunión de junta. El gerente Leonardo Villar describió el resultado como un “consenso logrado” después de que el Gobierno insistiera en reducir tasas y otras voces de la junta abogaran por subirlas.
Esta descripción, formulada por las propias autoridades, es técnicamente preocupante: una decisión de política monetaria que se adopta no según el dictado de los datos sino según lo que el entorno institucional permite sostener sin generar episodios de volatilidad, erosiona —aunque sea de manera silenciosa— la credibilidad del banco central como ancla de expectativas. Villamizar advirtió que aplazar el ajuste puede traducirse en la necesidad de medidas más contundentes en el futuro, o en mantener la tasa elevada por más tiempo. Esa advertencia es la admisión implícita del costo intertemporal de la decisión. El emisor señaló que la próxima revisión ocurrirá a finales de junio, cuando habrá mayor información sobre el frente internacional, los mercados petroleros y el proceso electoral.
El fisco: una trayectoria que los propios organismos de control califican de insostenible. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentó ante el Congreso su informe más reciente con una advertencia de primer orden: Colombia requiere un ajuste fiscal de entre 4% y 5% del PIB en el próximo cuatrienio para evitar que la deuda pública entre en una trayectoria insostenible. El CARF proyecta que el déficit primario del Gobierno Nacional Central para 2026 será de 3,7% del PIB, 1,6 puntos porcentuales por encima de la cifra oficial de 2,1%. Bajo su escenario central, la deuda neta del Gobierno alcanzaría 65,3% del PIB en 2030 sin medidas correctivas adicionales. La calificadora S&P Global Ratings ya incorporó este deterioro en su reciente rebaja soberana de BB a BB-, proyectando un déficit fiscal del Gobierno central de 5,6% del PIB para 2026.
El análisis de ANIF agrega perspectiva histórica al diagnóstico: la deuda pública en Colombia se encuentra en niveles que solo encuentran referentes hacia finales del siglo XIX, cuando la Guerra de los Mil Días llevó la relación deuda/PIB cercana al 85% en un contexto de hiperinflación e inestabilidad macroeconómica. La deuda neta del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en torno al 58% del PIB. En términos per cápita, cada colombiano carga hoy con una deuda equivalente a aproximadamente 20 millones de pesos, frente a los 2 millones de hace 35 años. En los últimos 35 años, el balance fiscal primario ha sido superavitario en apenas ocho ocasiones.
Sobre este telón de fondo, el ministro Ávila anunció que el Gobierno insistirá en una nueva reforma tributaria, reconociendo que las medidas de emergencia adoptadas —incluyendo el impuesto al patrimonio decretado bajo la emergencia económica— atienden necesidades coyunturales sin resolver el desequilibrio estructural. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el recaudo de la segunda cuota de ese impuesto para entidades sin ánimo de lucro y entidades en liquidación, en una decisión adoptada por seis votos contra tres, lo que introduce incertidumbre sobre el recaudo esperado de cerca de 8 billones de pesos que el Gobierno había proyectado. La primera cuota generó aproximadamente 4 billones. El ajuste de $400 pesos al precio de la gasolina a partir del 1 de mayo, con un ajuste menor al ACPM, apunta a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero no lo cierra.
La institucionalidad fiscal bajo presión directa. Un elemento que no puede quedar relegado al margen del análisis es la situación operativa del propio CARF. El organismo técnico independiente encargado de vigilar la Regla Fiscal y emitir alertas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas enfrenta el agotamiento de su presupuesto antes de que concluya el año: con una apropiación de 2.230 millones de pesos para 2026 —3,3% menos que en 2025 y 23,3% inferior a su primer año de operaciones en 2022— y habiendo comprometido ya el 73% de sus recursos al 7 de abril, el CARF estima que tendría que cesar actividades el 31 de octubre. Que el organismo diseñado para auditar la disciplina fiscal del Gobierno opere sin recursos suficientes, mientras la nómina del Ministerio de Hacienda creció 8,8% en el mismo período, es una señal institucional que los mercados y las calificadoras no pueden ignorar.
El mercado pensional y el Consejo de Estado. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno había ordenado el traslado anticipado de recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones en un plazo de 30 días. El tribunal consideró que el Ejecutivo habría excedido su potestad reglamentaria al modificar por vía de decreto una condición establecida en la Ley 2381 de 2024, que disponía que esos recursos permanecerían en los fondos privados hasta la consolidación del derecho pensional. Los recursos involucrados —estimados en 25 billones de pesos— permanecerán bajo administración de las AFP mientras se resuelve la demanda de nulidad. La decisión evita, al menos temporalmente, un movimiento masivo de activos cuyas implicaciones sobre la liquidez del sistema financiero y la planeación actuarial de Colpensiones habrían sido de difícil reversión.
Empleo: el titular oculta la calidad del dato. La tasa de desempleo de marzo se ubicó en 8,8%, su nivel más bajo para ese mes desde 2001, con 650.000 nuevos ocupados frente al año anterior. El dato es real, pero su composición merece análisis. De los nuevos empleos generados, más de la mitad provienen del sector público —administración pública, defensa, educación y salud aportaron 369.000 puestos—, y el empleo informal sigue representando el 55,6% de los ocupados, aunque con una reducción de 2,1 puntos porcentuales. La agricultura perdió 242.000 empleos y la industria manufacturera 166.000. Adicionalmente, 11,3 millones de los 24,35 millones de ocupados —el 46%— perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Villavicencio registró una tasa de desempleo de 8,0%, entre las más bajas del país.
El análisis de ANIF sobre el crecimiento de la burocracia estatal complementa este cuadro: entre 2019 y 2026 se incorporaron aproximadamente 20.000 nuevos funcionarios al Presupuesto General de la Nación, a un ritmo de ocho cargos diarios. En casos como la ANLA, el gasto de personal creció 545% mientras el número de licencias ambientales otorgadas cayó 33%. La generación de empleo público no es un sustituto del empleo privado productivo; es un costo fiscal con rentabilidad social decreciente.
Valoración. Colombia enfrenta una confluencia de desequilibrios que se han venido acumulando sin corrección estructural: un banco central cuya última decisión fue parcialmente condicionada por presiones políticas, un déficit fiscal que organismos independientes proyectan muy por encima de las metas oficiales, una deuda pública en niveles históricos, una institución de vigilancia fiscal que se quedará sin operación en octubre y un mercado laboral cuya mejora en el titular descansa en empleo público e informal. La tasa de usura certificada para mayo en 28,17% efectivo anual —frente al 26,76% de abril— refleja el nivel al que operan las condiciones de crédito en el margen del sistema. La CEPAL revisó a la baja el crecimiento esperado de Colombia a 2,5% para 2026. El ajuste fiscal de entre 4% y 5% del PIB que el CARF considera necesario para estabilizar la deuda no tiene hoy ni el vehículo político ni el consenso técnico para ejecutarse. Esa brecha entre lo requerido y lo posible es, en sí misma, el principal riesgo macroeconómico del país en el horizonte de mediano plazo.
VI. Renta Variable: Máximos históricos en Wall Street, valoraciones que desafían el entorno macro
La semana cerró con un balance positivo para la renta variable global, aunque la superficie del optimismo no debe confundirse con la ausencia de tensiones estructurales que operan por debajo. Los índices avanzaron impulsados por resultados corporativos del primer trimestre que, en el segmento tecnológico, superaron expectativas en términos de ingresos, pero generaron lecturas divergentes sobre la sostenibilidad del ciclo de gasto en inteligencia artificial y la capacidad de monetización de esa inversión en el corto plazo.
El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico durante la semana, cerrando en 7.209 puntos con un avance diario de 1,02%, un acumulado mensual de 10,42% y un rendimiento en lo corrido del año de 5,31%. El Nasdaq cerró en 24.892 puntos con un avance mensual de 15,29% y un acumulado anual de 7,10%. Abril fue, en términos de desempeño mensual, el mejor mes para ambos índices desde 2020 —dato que resulta paradójico frente a un entorno de inflación de PCE en 3,5%, cuatro disidencias en el FOMC y el crudo Brent por encima de los 110 dólares—, y que se explica casi en su totalidad por la fortaleza de los resultados tecnológicos del primer trimestre.
El evento de mayor impacto individual fue Alphabet, cuyas acciones avanzaron 10% después de que los ingresos del primer trimestre superaran las proyecciones del consenso y la compañía elevara su guía de gasto de capital para 2026 hasta los 190.000 millones de dólares. La señal fue leída como una confirmación de que el ciclo de inversión en infraestructura de IA mantiene tracción. Sin embargo, el mercado castigó con asimetría a quienes comunicaron cifras similares de capex sin el mismo respaldo en ingresos: Meta cayó 8,6% y Microsoft retrocedió 3,9%, ambas penalizadas por anuncios de gasto de capital que el mercado interpretó como presión sobre márgenes sin retorno visible en el corto plazo. Esta divergencia de reacción ante un mismo dato —el volumen de inversión en IA— revela que los inversores han comenzado a exigir rentabilidad sobre ese gasto, no solo su existencia. Caterpillar también aportó positivamente al índice con resultados que reforzaron la lectura de resistencia del ciclo industrial.
Al cierre de la semana, Apple reportó un crecimiento de ingresos del 17% anual, superando estimaciones gracias al dinamismo de su segmento de servicios. Sin embargo, las ventas de iPhone no alcanzaron las proyecciones por segundo trimestre consecutivo, y la salida de Tim Cook como CEO tras 15 años al frente de la compañía añadió una variable de incertidumbre sobre la dirección estratégica. El ratio CAPE de Shiller superó nuevamente el nivel de 40 veces —máximos no vistos desde el apogeo de la burbuja puntocom—, lo que sitúa las valoraciones en territorio de riesgo estructural independientemente del momentum de corto plazo.
En Europa, el EuroStoxx 600 avanzó 1,08% en la jornada, con un acumulado mensual de 5,81% y un rendimiento anual de 2,92%, desempeño que contrasta con la fragilidad del ciclo económico subyacente y que refleja más el rebote técnico desde los mínimos de marzo —un 7,8% de recuperación según BCA Research— que una revisión al alza de las perspectivas fundamentales. El Nikkei cedió 1,06% en la jornada, aunque acumula en el año un avance notable de 17,77%, impulsado en parte por la debilidad del yen. El Bovespa brasileño avanzó 1,39% en la jornada y acumula 16,26% en el año, en un contexto donde las tasas reales elevadas coexisten con una bolsa que refleja principalmente el peso del sector de materias primas y energía.
El MSCI COLCAP recuperó 1,54% hasta las 2.178 unidades, revirtiendo parcialmente tres jornadas consecutivas de corrección. Ecopetrol lideró el volumen con transacciones por 77.041 millones de pesos y una valorización de 4,00%, en línea con el repunte del crudo. Mineros fue la acción de mayor valorización de la jornada con 4,62%, y Grupo Sura avanzó 3,35%. En contraste, BVC retrocedió 4,82%. En lo corrido del año, el COLCAP acumula un avance de 5,32%, aunque el mes corrido registra una caída de 4,74%, reflejo de las tensiones domésticas acumuladas en abril.
Valoración. La renta variable global opera en una zona de disonancia: los índices marcan máximos mientras la inflación supera el objetivo de la Fed en 150 puntos básicos, el crudo presiona costos en toda la cadena productiva y cuatro miembros del FOMC señalan que el próximo movimiento de tasas podría ser al alza. El rally de abril fue real, pero descansa sobre un número reducido de catalizadores —resultados tecnológicos del primer trimestre— cuyo efecto se agota precisamente cuando el mercado entra en los seis meses estacionalmente más débiles del año. Las valoraciones medidas por el CAPE de Shiller en niveles superiores a 40 veces no admiten margen de error ante una sorpresa negativa en crecimiento, inflación o geopolítica. El optimismo tiene fundamento sectorial; la complacencia, no.
Renta Fija: Rebote técnico en los mercados desarrollados, presión estructural en la curva colombiana
Los mercados globales de renta fija protagonizaron durante la semana un rebote que revirtió parcialmente las liquidaciones de sesiones anteriores, aunque las causas del alivio —estabilización temporal del crudo, intervención cambiaria japonesa y flujos de rebalanceo de fin de mes— son de naturaleza técnica y no resuelven las tensiones de fondo que mantienen los rendimientos en niveles elevados.
En Estados Unidos, la curva de Tesoros experimentó un empinamiento bajista en rendimientos, con caídas de entre 2 y 6 puntos básicos lideradas por el tramo corto. El bono a 30 años retrocedió al 4,98% después de haber superado la barrera psicológica del 5% en el transcurso de la semana, un nivel que concentró flujos de compra por atractivo de valoración relativa. La nota a 10 años cerró en 4,37%, acumulando 20 puntos básicos en el año corrido y 5 en el mes. El mercado de futuros OIS moderó levemente sus apuestas de endurecimiento adicional, pero mantiene descontada un alza de tasas hacia mediados de 2027, en coherencia con una inflación PCE en 3,5% y un mercado laboral con solicitudes de desempleo en mínimos desde 1969. La geometría de la curva comunica con precisión el dilema del ciclo: el tramo corto absorbe la expectativa de pausa prolongada mientras el tramo largo incorpora la prima por riesgo inflacionario de mediano plazo.
En Europa, el rebote fue más pronunciado. Los rendimientos a dos años cayeron 10 puntos básicos en Alemania y Francia, y 11 puntos básicos en Italia y el Reino Unido, después de que el BCE y el BoE mantuvieran tasas y sus respectivos presidentes señalaran en rueda de prensa que no actuarán de manera inminente pese al choque energético. El Bund alemán a 10 años se ubicó en 3,03% —acumulando 18 puntos básicos en el año— y el gilt británico cerró en 5,00%. El mercado de swaps recortó sus expectativas de ajuste agresivo para el cierre de 2026, lo que generó el alivio en la parte corta de las curvas europeas. Sin embargo, esta moderación de expectativas es frágil: si la inflación energética persiste y los efectos de segunda ronda sobre salarios y servicios se materializan —escenario que el propio BoE contempla en sus proyecciones alternativas— la corrección de expectativas podría revertirse con rapidez. El JGB japonés a 10 años cerró en 2,52%, acumulando 46 puntos básicos en el año, la mayor presión alcista en rendimientos entre los mercados desarrollados analizados, coherente con la revisión al alza de las proyecciones de inflación del BoJ.
En Colombia, la dinámica de la curva soberana de TES fue la más reveladora de la semana y merece análisis diferenciado. El mercado exhibió un comportamiento técnicamente significativo: mientras los tramos corto y medio registraron leves correcciones a la baja en rendimientos —la referencia a junio de 2032 cayó 6 puntos básicos hasta 14,00% y la de febrero de 2033 cedió 2 puntos básicos hasta 14,04%— la parte larga sufrió desvalorizaciones pronunciadas. Los TES a octubre de 2034 escalaron 16 puntos básicos hasta 13,68% y los de octubre de 2050 subieron 13 puntos básicos hasta 12,84%. El bono de referencia a 10 años cerró en 13,13%, acumulando 49 puntos básicos en el año corrido y 30 en el mes. Esta configuración —tramo largo bajo presión mientras el tramo corto se estabiliza— no es una señal técnica menor: es la expresión de una prima de riesgo fiscal creciente que el mercado exige por sostener duración en una economía con déficit primario proyectado en 3,7% del PIB, deuda neta en 58% del PIB y calificación soberana recientemente rebajada por S&P a BB-.
El detonante inmediato de esta presión sobre la parte larga fue la revelación del estado de los Depósitos del Tesoro Nacional (DTN), la caja en pesos del Gobierno, que al corte del 24 de abril se desplomaron 53,9% interanual hasta un mínimo histórico de 5,7 billones de pesos para ese período del año. Los recursos que habían llegado a tocar picos de 16 billones a principios de mes —producto del recaudo tributario y colocaciones directas— fueron consumidos aceleradamente por los giros habituales del presupuesto y por la compra de 1.855 millones de dólares destinados a la operación de readquisición de bonos globales yankees. La estrechez de la caja del Ejecutivo obliga a los inversionistas a exigir primas de riesgo adicionales que limitan estructuralmente el potencial de valorización de la curva soberana en el tramo largo.
Valoración. La renta fija global opera en un entorno donde el rebote técnico de la semana no altera la tendencia de fondo: rendimientos estructuralmente elevados en los mercados desarrollados ante una inflación que no converge al objetivo, y una curva colombiana que refleja con creciente nitidez el deterioro fiscal subyacente. Para el inversionista en pesos, la parte corta de la curva TES ofrece tasas reales positivas y menor exposición al riesgo de duración, pero la parte larga exige una convicción sobre la trayectoria fiscal que los datos actuales no justifican. La estrechez de los DTN añade un riesgo de liquidez soberana que el mercado ha comenzado a cotizar explícitamente en la pendiente de la curva.
Divisas: Intervención japonesa reordena el tablero global, el peso colombiano bajo presión electoral y monetaria
El evento cambiario determinante de la semana no provino de la Fed ni del BCE, sino de Tokio. El yen japonés, que había acumulado una depreciación que lo llevó a niveles no vistos desde julio de 2024, protagonizó su mayor repunte diario en más de tres años al dispararse cerca de 3% en una jornada, forzando al dólar a retroceder 2,3% hasta la zona de 156,67 yenes por unidad. La intervención fue orquestada con la mecánica habitual de las autoridades japonesas: advertencias verbales progresivas del Ministerio de Finanzas —que calificó el entorno especulativo como una “alerta de evacuación final”— seguidas de compras masivas de moneda local coordinadas con el Banco de Japón. El movimiento no resuelve el problema estructural del yen, cuya debilidad responde a un diferencial de tasas con Estados Unidos que solo se comprimirá si el BoJ avanza en su ciclo de normalización o si la Fed recorta, ninguno de los dos escenarios probable en el corto plazo. Lo que la intervención sí logró fue interrumpir la dinámica especulativa de corto plazo y recordar al mercado que las autoridades japonesas tienen capacidad y voluntad de actuar cuando los movimientos cambiarios adquieren carácter disorderly.
El impacto sobre el índice DXY fue inmediato y absorbió la atención del mercado de divisas desarrolladas durante la jornada. El euro cedió terreno marginalmente frente al dólar en un entorno donde el BCE mantuvo tasas y el crecimiento de la eurozona decepcionó al consenso. La libra esterlina logró avanzar levemente hasta 1,3478, apoyada en la lectura del mercado sobre el tono del BoE, cuya señal de moderación en el ritmo de subidas redujo la presión vendedora sobre la divisa británica.
En América Latina, las monedas exhibieron un comportamiento mixto condicionado en parte por la corrección en los precios del crudo, que afecta de manera diferenciada a economías exportadoras y a las que dependen de remesas o flujos de portafolio. El peso colombiano cerró en 3.634,30 pesos por dólar, con un avance de 6,41 pesos en la jornada y máximos intradiarios de 3.656,50, en una sesión con volúmenes de negociación por 1.274 millones de dólares. La presión sobre la divisa local respondió a dos fuentes que se alimentan mutuamente. Por un lado, el ruido político derivado de encuestas que consolidan el liderazgo de Iván Cepeda con 38% de intención de voto para la primera vuelta, un perfil que el mercado lee con cautela en términos de continuidad de política económica. Por otro lado, la decisión dovish del BanRep —mantener tasas cuando el consenso anticipaba un alza— debilita el argumento del carry: si las expectativas de endurecimiento adicional se desvanecen, la prima de tasa que sostenía flujos de portafolio hacia activos en pesos pierde atractivo relativo frente a otras economías emergentes con tasas reales comparables o superiores.
El único elemento que alivió transitoriamente la presión cambiaria fue la confirmación de la asistencia del ministro de Hacienda a la reunión de junta del BanRep, que disipó el riesgo de quórum y evitó un episodio de mayor incertidumbre institucional. Sin embargo, ese alivio es de naturaleza puntual y no modifica la vulnerabilidad estructural de la divisa.
Valoración. El peso colombiano entra en mayo con tres vectores de presión simultáneos: un diferencial de tasas que pierde atractivo tras la pausa del BanRep, un entorno electoral que introduce prima de riesgo político creciente, y un deterioro fiscal que las calificadoras ya han comenzado a reflejar en la nota soberana. La intervención japonesa reordenó transitoriamente el tablero global del dólar, pero su efecto sobre el COP es indirecto y de corta duración. En ausencia de un catalizador fiscal o político positivo en el frente doméstico, el sesgo de vulnerabilidad del peso se mantiene hacia la depreciación en el horizonte de corto plazo.
Commodities: Petróleo en máximos desde 2022, la OPEP se fractura y los mercados agrícolas sienten el calor de Ormuz
Energía: el precio que no cede. El crudo Brent alcanzó esta semana un nuevo máximo desde 2022, superando los 125 dólares por barril, en una dinámica que desmiente la narrativa de distensión que brevemente recorrió los mercados hace dos semanas cuando Irán anunció la reapertura del Estrecho de Ormuz. Ese anuncio resultó prematuro: el bloqueo estadounidense se sumó al iraní y el tráfico de petroleros sigue paralizado en el paso marítimo que concentra aproximadamente una quinta parte del comercio petrolero mundial. En el frente diplomático, el punto muerto es total. Ambas partes calculan que el deterioro económico acumulado presionará al adversario hacia concesiones antes de que ocurra lo mismo con el propio electorado o la propia estabilidad interna. Ese cálculo simétrico es precisamente el que prolonga el conflicto y mantiene el crudo en niveles que alimentan inflación global de manera persistente.
El evento estructural de la semana en el mercado de crudo fue la salida formal de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, efectiva desde el 1 de mayo. El anuncio no generó una caída de precios porque la razón es física: con el Estrecho de Ormuz cerrado, Abu Dabi no tiene capacidad de exportar volúmenes adicionales independientemente de si está o no sujeto a las cuotas del cártel. La reacción del mercado fue de calma aparente, no de indiferencia real. La dimensión estratégica de la decisión se revelará cuando se restablezca el tránsito por Ormuz: los Emiratos disponen de una capacidad de producción cercana a los 5 millones de barriles diarios frente a una cuota previa de 3,5 millones, lo que significa que el tercer mayor productor de la OPEP —con aproximadamente el 10% del crudo del cártel— tiene capacidad ociosa considerada para aumentar su oferta de manera significativa en cuanto las rutas marítimas lo permitan. Las tensiones geopolíticas previas entre Abu Dabi y Riad —sobre Yemen y la gestión del conflicto con Irán— y el alineamiento emiratí más cercano a Washington e Israel configuraron el trasfondo político de una decisión que tiene también una lógica económica precisa: no seguir pagando el costo de una capacidad productiva infrautilizada por disciplina de cártel.
Para los productores latinoamericanos —Guyana, Brasil y Argentina entre los de mayor crecimiento en producción— la reapertura de Ormuz combinada con la liberación de la producción emiratí representa una amenaza de mediano plazo sobre los precios de referencia y sobre su capacidad de colocar volúmenes en los mercados internacionales en condiciones competitivas. Colombia, cuya producción petrolera lleva años en declive y cuyo presupuesto nacional depende críticamente de los ingresos de Ecopetrol y las regalías, enfrenta un horizonte donde el precio alto de hoy podría ser temporal y la presión sobre oferta, permanente.
Metales industriales y preciosos: lecturas divergentes. El níquel fue la excepción positiva de la semana al alcanzar su nivel más alto desde finales de enero, impulsado por las proyecciones del Grupo Internacional de Estudio del Níquel que anticipan el primer déficit anual de oferta desde 2021, derivado de la reducción de cuotas de extracción de Indonesia, primer productor mundial. Esta señal de restricción de oferta estructural contrasta con el comportamiento del resto de los metales industriales, que se desplomaron en un entorno de deterioro de las perspectivas del comercio mundial: el zinc y el aluminio sufrieron las caídas más pronunciadas, reflejo de la debilidad de la demanda manufacturera global —particularmente en Europa y China— y de la incertidumbre sobre las cadenas de suministro bajo el conflicto de Ormuz. Los metales preciosos tuvieron una semana de lecturas divergentes. El oro cerró en torno a los 4.614 dólares por onza, con una leve corrección de 0,22% en el último día de la semana después de haber registrado un alza cercana al 2% en la sesión del 30 de abril, impulsada por la debilidad del dólar tras la intervención japonesa en el mercado cambiario. En términos anuales, el metal acumula una ganancia de 42,39%, reflejo de la demanda sostenida como activo de refugio ante la inflación persistente, la incertidumbre geopolítica y la acumulación de reservas por parte de bancos centrales —que en el primer trimestre sumaron 244 toneladas netas según el Consejo Mundial del Oro. No obstante, el oro enfrenta un techo estructural en el entorno actual: las expectativas de tasas elevadas por más tiempo reducen el atractivo relativo de un activo sin rendimiento. El platino y la plata cedieron más del 5% en la semana, en un movimiento que combina toma de utilidades tras el rally previo y rotación hacia renta fija de corto plazo que ofrece tasas reales positivas en los mercados desarrollados.
Productos agrícolas: el petróleo como vector de contagio. El mercado de commodities agrícolas evidenció esta semana con claridad el mecanismo de transmisión entre el precio del crudo y los precios de los alimentos. El azúcar subió impulsado por la competencia creciente entre su uso alimentario y su uso como insumo para etanol, cuya demanda aumenta cuando el petróleo se encarece. El trigo cerró al alza por la confluencia de condiciones de sequía en las llanuras estadounidenses y el encarecimiento del transporte asociado a los precios del combustible. La demanda de exportación de trigo permanece contenida porque los compradores esperan una posible distensión diplomática con Irán que abarate los fletes, mientras el trigo del Mar Negro mantiene su posición dominante en el comercio mundial. El precio del café cerró en Nueva York en 285,55 centavos de dólar por libra, con precio interno de referencia en Colombia de 2.234.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco.
Valoración. El mercado de commodities opera esta semana bajo una lógica de choque de oferta persistente cuya duración es incierta pero cuyo costo acumulado es creciente. El petróleo por encima de 125 dólares no es solo un dato de mercado: es el mecanismo de transmisión que conecta el conflicto geopolítico con la inflación de alimentos, el costo de transporte, la presión sobre los márgenes industriales y las decisiones de política monetaria en tres continentes. La fractura de la OPEP con la salida emiratí introduce una variable estructural que el mercado no ha terminado de cotizar porque su efecto real está suspendido mientras Ormuz permanezca cerrado. Cuando esa variable se active, el escenario de precios del crudo puede cambiar de dirección con la misma brusquedad con que escaló. Para Colombia, la ventana de precios altos del petróleo es una oportunidad fiscal que se desperdicia en ausencia de disciplina presupuestal; el riesgo es que cuando los precios corrijan, el déficit estructural permanezca intacto.
Nota del Autor
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