Esta semana se conoció que el Pacto Histórico, la alianza que impulsó la candidatura de Petro y la columna vertebral de su coalición en el Congreso, presentará en la próxima legislatura una propuesta de reforma constitucional para amnistiar o indultar a condenados por delitos relacionados con narcotráfico y secuestro que vayan a participar en «procesos de paz».
En palabras del representante Alirio Uribe, «hay que eliminar ese obstáculo para avanzar hacia la paz con el Eln y otros grupos armados asociados con el narcotráfico».
Algo positivo hay en la declaración de Uribe: reconoce que los elenos están «asociados al narcotráfico». Más exacto hubiera sido decir que están hasta el cuello en el negocio. Los pudores los dejaron atrás hace ya muchos años y se lanzaron a fondo a ocupar las zonas cocaleras después del acuerdo de Santos con las Farc.
Pero lo demás es todo negativo. Confirma que la propuesta petrista de «paz total» pasa por dejar impunes delitos de enorme gravedad como el secuestro. Más allá de la discusión sobre la naturaleza y pertinencia de los delitos políticos (los países más civilizados han dejado atrás esa categoría y de hecho castigan con mayor fuerza a quien delinque con esa motivación), lo cierto es que la amnistía y el indulto solo caben para delitos de esa naturaleza y los conexos con ellos. Ahora, no cualquier delito común puede entrar en la categoría de conexo. El secuestro, por ejemplo, de ninguna manera cabría tanto por su profunda injusticia como porque de acuerdo con el derecho penal internacional y la jurisprudencia colombiana los crímenes de guerra y de lesa humanidad (y el secuestro lo es) no son susceptibles de indulto o amnistía. De manera que aunque el acto legislativo del Pacto Histórico fuera aprobado, lo que por fortuna es improbable en medio de la crisis de gobernabilidad que sufre Petro, sería abiertamente contrario a las obligaciones internacionales del país y con certeza no pasaría el control constitucional.
La idea de reforma constitucional también demuestra que el petrismo considera que las sanciones al narcotráfico son un obstáculo en sus propósitos. Es una muestra de descomunal cinismo que la izquierda acuse a todos los gobiernos anteriores de mafiosos cuando no ha habido candidato ni gobierno que haya tomado más decisiones dirigidas a beneficiar a los grupos violentos que se dedican o se benefician del narcotráfico. Aunque antes el director antinarcóticos de la Policía justificaba los bajos resultados dizque porque sus hombres se estaban «reentrenando», esta semana, frente a las cifras que muestran una caída entre enero y mayo del 87%, el incompetente MinDefensa reconoció que la «nueva estrategia» contra el narcotráfico abandona del todo la erradicación. La cosa es peor: el gobierno no solo renunció a la lucha contra los narcocultivos sino que propuso abiertamente la legalización de los mismos cuando tenga una extensión de hasta diez hectáreas.
Las cifras de incautaciones son también muy malas, un 18% menos, con el problema añadido de que tanto la Armada como la Policía han presentado números en que se incluyen las confiscaciones hechas fuera del territorio nacional por militares y policías de otra países.
Mientras tanto, no solo nada se avanza en el combate de las finanzas de los narcos sino que el gobierno proponía en la hundida ley de sometimiento que los mafiosos pudiera quedarse con parte de su fortuna.
Al mismo tiempo, el gobierno ha buscado una y otra vez tanto la salida de mafiosos de la cárcel de como que no se les capture. En febrero, solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura de 16 capos. En el Congreso, en la ley de sometimiento y también en el proyecto de humanización carcelaria, propuso suspender la ejecución de penas de los narcotraficantes que señalara el gobierno. Ahora propone amnistía e indulto. Mientras que se investiga al hermano de Petro por recibir de mafiosos miles de millones a cambio de beneficios gubernamentales, es inevitable pensar que algo de cierto, o todo, tienen las versiones de un acuerdo entre la campaña de Petro y los narcos en las cárceles, el llamado pacto de la Picota. A los motivos de sospecha hay que sumar que se haya nombrado como Alto Comisionado para la Paz a Danilo Rueda, visitante carcelario y previo empleador de Juan Fernando Petro.
En fin, a la lista podrían agregarse las propuestas de condicionar la extradición y la de la legalización de la cocaína que hizo el director de la DIAN.
Para rematar, la «paz total». En el camino tiene a los narcos a toda máquina y a la Fuerza Pública debilitada, desmoralizada y paralizada, y ofrece libertades a los capos y ceses del fuego que solo benefician a las organizaciones criminales porque paralizan a la Fuerza Pública mientras que los bandidos no quedan obligados a dejar de delinquir. En el destino, plantea impunidad vía indulto y amnistía del narcotráfico y una operación gigantesca de lavado de activos. En el mejor escenario, los viejos criminales se jubilarán y se producirá un reciclaje en las organizaciones mafiosas y sus liderazgos. Fue lo que pasó con las Farc, por si alguien tiene dudas.
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