A la deriva

Se les está haciendo tarde al Gobierno para presentar su proyecto de reforma a la justicia, al parecer porque no tenía nada preparado y, además, porque no debe haberle resultado fácil concertar una propuesta con las altas cortes, siempre exigentes y resbaladizas a la hora de pactar aspectos de su interés. Por el contrario, a juzgar por las elípticas declaraciones del presidente del Consejo de Estado nada favorables al proyecto de decreto sobre la dosis mínima y por los vainazos de la ministra del Interior a la Corte Constitucional por el fallo sobre la conexidad de delitos sexuales con la rebelión, todo indica que las cordiales relaciones de Duque con los magistrados se han ido marchitando.

En contraste, Cambio Radical se ha apoderado de la agenda legislativa, y hoy ha tomado la delantera sobre el impulso del proyecto de reforma a la justicia y a varios códigos. A la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, solo se le ha visto dando palos de ciego defendiendo la decisión presidencial de expedir un decreto abiertamente inconstitucional que, según ella, no busca penalizar el consumo mínimo de estupefacientes, sino apenas reglamentar un procedimiento policivo.

El diseño de la justicia de Cambio Radical no convence, y en ciertos aspectos se ofrece disparatado. Por ejemplo, la propuesta encaminada a atribuir funciones jurisdiccionales a centros de arbitraje y conciliación es contradictoria, inconveniente y odiosa. De pasar esta norma, los centros de arbitraje tenderían a convertirse en una especie de juzgados donde se ventilarían las controversias que hoy conocen los jueces ordinarios; es decir, se debilitaría todavía más la justicia estatal y se fortalecería la costosa justicia privada. Lo mismo puede decirse de lo que pasaría en ciertos procesos si el Congreso termina acogiendo la propuesta de Cambio Radical de modificar el Código General del Proceso para prohibir que las decisiones o autos de los jueces puedan ser controvertidos, solución agresiva que en vez de democratizar la función judicial y hacerla transparente haría de los jueces unos dictadores con toga.

Me resisto a pensar que Duque termine plegándose a la propuesta que sobre la justicia ha presentado un partido que, como Cambio Radical, no se sumó a la coalición de gobierno. Seguimos esperando conocer qué se trae entre manos el régimen del Centro Democrático, el cual, hasta donde llegan las noticias, aunque está lleno de vanidosos abogados con pretensiones de grandes reformadores, no ha podido definir una ruta a la justicia.

Queremos ver de este Gobierno, en materia de reformas a la justicia, unas propuestas propias y frescas que resulten sensatas, pero como van las cosas eso no se ve factible. Es notorio el traspié de la ministra Borrero con el proyecto del ilegal decreto que se piensa expedir dizque para reglamentar un arbitrario procedimiento policivo con el que, quiérase o no, censurarían el consumo mínimo de drogas.

Entre otras, lo que quiere el Gobierno con este malhadado proyecto de decreto para regular un procedimiento policivo es legalizar un hostigamiento injustificado y peligroso. Si un policía requisa en la calle a un ciudadano y le encuentra una dosis pequeña de marihuana o cocaína, lo que no es delito, de todas maneras está facultado para sospechar de él, y para desconocerle el derecho a que se le presuma inocente y que obra de buena fe. El tal “procedimiento” consistiría en que el policía incautaría la droga y al ciudadano le correspondería la fatigante y humillante tarea de demostrar que él es un adicto, para lo cual, según la propia ministra, podrá hacer acudiendo a su mamá o portando el infamante certificado médico de que padece una adicción.

Si el talante de la reforma a la justicia del Gobierno que todavía no llega va ser semejante al de este decreto policivo contra el consumo mínimo de drogas, tendremos motivos para preocuparnos, porque otra vez la justicia estará en veremos.

Adenda. El esperpento de la creación del Ministerio de la Familia, propuesto por la bancada conservadora sin la reprobación de Duque, confirma las señales retrógradas y confesionales que ya se ven venir.

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Ramiro Bejarano Guzmán

Abogado, especialista en Derecho Procesal. Profesor universitario de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes. Columnista de opinión y analista político.